CNDH abogó por el Comité de la ONU que ahora repudia; Rosario Piedra lo defendía como necesario ante desapariciones

Aunque recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) criticó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, hace unos años, en 2019, cuando asumió Rosario Piedra Ibarra su titularidad al arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se pronunció para que México reconociera la autoridad del organismo internacional y, más aún, aseguró que la corrupción, la impunidad y la violencia, entre otras cosas, han recrudecido las desapariciones.

“La CNDH se ha pronunciado reiteradamente en la necesidad de que en México se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, a efecto de que se encuentre en posibilidad de recibir y atender peticiones individuales presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como por todo aquel que tenga un interés legítimo en la búsqueda y localización de personas desaparecidas”, remarcó en el Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Desaparecidas.

En ese entonces, señalaba en informes de actividades que uno de los retos más importantes del Estado mexicano era reconocer la competencia del CED de la ONU.

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“Concretar el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en México, que fue creado en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y cuyo objeto es la de prevenir las desapariciones forzadas y reconocer el derecho de las víctimas directas y de sus familiares a la justicia, a la verdad y a una reparación integral del daño”, indicó.

Dijo que el comité tiene la facultad de atender, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como por todo aquel que tenga un interés legítimo en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Sin embargo, indicó que a la fecha el Estado mexicano no ha reconocido la competencia del comité, “por lo que esta Comisión Nacional se ha pronunciado reiteradamente al respecto, pues su reconocimiento coadyuvaría a la atención integral de la problemática en materia de desaparición de personas en el país”.

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Destacó que México enfrenta un problema estructural en cuanto a desaparición de personas, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social del país.

La Comisión Nacional, que dirige Rosario Piedra Ibarra, expresó que “los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta. La situación se agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de personas desaparecidas”.

Resaltó también que “la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino final que aquellas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida”.

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Mencionó que uno de los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano creado para prevenir las desapariciones forzadas y reconocer el derecho de las víctimas materiales y de sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación es la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, en vigor en México a partir de 2010.

Señaló, además, que los familiares de personas desaparecidas, colectivos y la sociedad en general continúan a la espera de respuestas institucionales que atiendan la problemática de manera eficiente e integral, en tanto persisten en sus esfuerzos por realizar acciones que por su naturaleza competen a las instituciones públicas, a pesar de los riesgos que dichas labores implican.

“Hoy tenemos una enorme deuda que saldar, de ahí la necesidad de dar debida respuesta y atender el problema que representa la desaparición de personas, cuya sola existencia debilita nuestras instituciones, afecta el tejido social y vulnera el Estado de derecho”, destacó.

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Hoy, la 4T recrimina

El pasado 8 de abril, el CED activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para analizar el tema de las desapariciones en México y si la situación requiere que el caso sea atraído por la Asamblea General de la ONU.

Este posicionamiento causó malestar en el gobierno federal, que rechazó que en México hubiera desaparición como una política de Estado. A esta posición se sumaron de inmediato legisladores, políticos y funcionarios de la Cuarta Transformación para cuestionar al organismo internacional. También la CNDH, lo que provocó el enojo de los colectivos de personas buscadoras. Y es que el cambio respecto a la CED se modificó con los años.

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Antes:

“La CNDH se ha pronunciado reiteradamente en la necesidad de que en México se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, con la finalidad de recibir y atender peticiones individuales presentadas por los allegados de una persona desaparecida.

“El país enfrenta un problema estructural en cuanto a desaparición de personas, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas servidoras públicas con la delincuencia organizada”.

Después:

“Rechazamos que se viva una crisis de desapariciones en México y que sean consecuencia de una política de Estado. El posicionamiento del presidente del CED, de la ONU está totalmente descontextualizado”.