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El Centro Prodh, junto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, hicieron un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que garantice el mínimo presupuestal destinado a la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, un derecho previamente conquistado que, conforme a resolución de la Primera Sala, fue violentado con la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de noviembre de 2020.
A través de un comunicado, explicaron que el próximo 18 de noviembre, el Máximo Tribunal discutirá un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad a cargo del ministro Giovanni Figueroa Mejía, “con el que tiene la oportunidad de asegurar la protección efectiva de los derechos de miles de víctimas en México, exigiendo que se restablezca un presupuesto fijo, etiquetado e irreductible”.
En ese sentido, detallaron que, previo a la reforma de la LGV, en su artículo 132, fracción I, se incluía la garantía de un presupuesto mínimo para las medidas de “ayuda, atención y reparación” a víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos, el cual no podía ser menor del 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año inmediato anterior.
Las organizaciones destacaron que éste fue uno de los grandes logros conquistados por el movimiento de víctimas desde la aprobación de dicha ley hace más de una década, sin embargo, con la reforma de 2020, se suprimió la mencionada asignación obligatoria.
Indicaron que, derivado de lo anterior, el Centro Prodh promovió una demanda de amparo en enero de 2021, en tanto se trataba de una medida regresiva a los derechos de las víctimas y con lo que la Primera Sala de la SCJN, en sesión del 13 de marzo de 2024, resolvió por unanimidad el Amparo en Revisión 675/2022, en cuya sentencia declaró que la eliminación de la mencionada garantía presupuestaria en favor de las víctimas constituye una medida regresiva injustificada y violatoria del principio de progresividad, en relación con el derecho humano a una reparación integral del daño.
Aunado a ello, enfatizaron que la eliminación de esta garantía ha tenido un impacto directo y negativo en la capacidad del Estado para atender a las víctimas, “porque no asegurar el 0.014% del gasto programable ha significado que la CEAV no ha recibido un promedio de 200 millones de pesos menos cada año”.
“El actual Proyecto de Presupuesto aprobado para el 2026, establece un monto de 692 millones de pesos; sin embargo, para cumplir con la garantía del mínimo presupuestal, se deberían destinar al menos 913 millones de pesos, exclusivamente para la erogación directa a medidas para las víctimas”, agregaron.
Ante ello, resaltaron que la decisión que tiene en puerta la SCJN es central para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, particularmente ante un contexto donde la violencia continúa en niveles alarmantes y el número de víctimas continúa incrementando, y en el que el Estado no ha logrado consolidar una política de atención digna y adecuada y donde el Sistema Nacional de Víctimas ha sido totalmente olvidado.
“La nueva SCJN hoy tiene la responsabilidad de enviar un mensaje contundente al poner al centro a las víctimas, asegurando la tutela plena de sus derechos humanos y la no regresividad”, concluyeron.
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