A Camila le fallaron todos: el Estado, sus padres y la sociedad. Ha pasado los ocho años de su vida en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE en la Ciudad de México donde nació el 20 de noviembre de 2016. Nunca ha salido de ahí, no conoce la luz del sol, ni la vida fuera de la clínica. Sus derechos le fueron arrebatados por una batalla legal que sus padres mantienen desde 2017 contra el instituto tras argumentar que tienen derecho a una niña sana que puedan cuidar.
Su hogar no es una casa, sino los fríos pasillos de Pediatría y las únicas personas con las que ha interactuado son las enfermeras y doctores que la han “criado” en la rutina aséptica del hospital.
Según la versión pública del expediente identificado con el número HUCA750123/80 al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, el nacimiento de Camila se complicó y la falta de oxígeno pudo afectar el desarrollo de su cerebro; fue diagnosticada con retraso sicomotor global, hidrocefalia en manejo con válvula de derivación ventrículo-peritoneal funcional.
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A pesar de su estado clínico, la niña es capaz de interactuar, responder a estímulos y llevar una vida fuera del hospital, pero los trámites la han privado de la normalidad. Los padres de Camila promovieron siete juicios de amparo contra el ISSSTE, alegando su derecho a una hija “normal” y sana. Argumentaron que el sistema de salud les entregó una vida que no esperaban, una que no podían sostener.
En una tarjeta informativa, el ISSSTE, al estar impedido para dar información debido a los procesos judiciales, indicó que de acuerdo con el informe del área de Pediatría del hospital, la menor se encontraría en mejores condiciones en su domicilio, sin que ello implique la suspensión de la atención médica en el ISSSTE.
“Sin embargo, los padres han interpuesto amparos para evitar su alta, trasladando el cuidado total de la paciente [no sólo médico] al organismo”, expuso.
Mientras el laberinto legal no tiene salida, debido al encierro Camila ya fue diagnosticada con síndrome del niño maltratado por privación social y desnutrición, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.
De acuerdo con uno de los expedientes identificados con el número 1515/2017-V, los padres sí han solicitado reportes correspondientes al ISSSTE sobre la salud de la menor y también han urgido a que la atención sea integral, pero incluso en algunos casos no han obtenido respuesta de la autoridad.
El Estado, a través del Sistema Nacional DIF, interpuso un juicio para obtener la custodia legal de la menor y EL UNIVERSAL realizó una solicitud de información al sistema; no obstante, aunque accedieron a dar algunos datos, hasta el cierre de esta edición no se había obtenido más información.
El ISSSTE insistió en que en todo momento ha procurado el interés superior de la paciente, “con la finalidad de garantizar su derecho a la salud, así como un desarrollo de la niñez óptimo”.
Ana Columba Contreras, especialista en derecho y juez en temas de infancia destacó que el criterio para que los tribunales determinen que una solicitud de este tipo de amparos es procedente es sencillo: si se reclama un acto que pone en riesgo la salud o la vida de una persona, por la falta de atención médica, el amparo es procedente. Porque no es lo mismo que se reclame la falta de atención médica por una gripe que la falta de otorgar medicamento contra el cáncer.
“En esos primeros casos, donde por la falta de atención médica, se puede poner en peligro la vida de la persona o se esté afectando su salud de una forma que se atente contra su propia dignidad como ser humano, el amparo además de procedente es de tramitación urgente”, indicó.
Eso es justo lo que sucedió en el caso de Camila. Según los documentos los padres no tienen los medios para hacerse cargo de la niña con las complicaciones que padece y las autoridades deben dar respuesta sobre la atención al paciente, porque lo que se intenta proteger deben ser los derechos de la niña.
La especialista precisó al respecto que la responsabilidad que pudieran tener las autoridades es subsidiaria, porque tratándose de niños, niñas y adolescentes, los primeros responsables son sus padres: “Ellos son quienes legalmente tienen la obligación de cuidarla y procurarle todo lo que necesite la niña para crecer y desarrollarse debidamente”, puntualizó.
Mientras los tribunales desechaban los recursos interpuestos por el ISSSTE en los que se argumentaba que estaba en condiciones para el alta, Camila pasaba sus días en una cuna hospitalaria, convertida en un caso administrativo, lo que se complicó durante la pandemia de Covid-19. El testimonio de enfermeras y doctores asevera que el hospital la aisló en una habitación sin visitas, sin compañía, sin un entorno familiar en el que pudiera crecer.
“Nunca la sacaban y a nosotros nos preocupaba porque nunca tenía contacto con otros niños. Tuvimos que pedir que al menos la pasearan y nosotras empezamos a pasearla, a llevarle juguetes”, cuenta una trabajadora del hospital, que pidió anonimato por temor a represalias.
La menor nunca fue registrada. No tiene acta de nacimiento, ni Clave Única de Registro de Población (CURP). No tiene nombre legalmente. Camila no vino de su madre o su padre. Lo eligieron las enfermeras que la cuidan a diario.
“Era absurdo que una niña de años siguiera siendo identificada sólo con un número de expediente o de cama”, dice una de ellas. “Le pusimos Camila porque necesitaba un nombre”.
Para la maestra Adriana Aguilar, especialista en Sicología, Derechos Humanos y Género, en este caso es urgente identificar la máxima protección de la niñez y Camila debe ser el centro de atención de las resoluciones. Es decir, lo mejor para Camila es escucharla de manera eficiente. Se debe garantizar que no se le trate de manera desigual a una persona adulta y que la decisión que se tome sea para mejorar su vida.
Actualmente, el encierro le está provocando secuelas: “Todas las infancias deben tener un espacio adecuado para su desarrollo cognitivo, conductual y sicológico, incluso en el hospital se deben garantizar los diversos espacios para que conozca otra perspectiva, socialice y demás”, señala Aguilar en entrevista.
El síndrome de niño maltratado por privación social y la desnutrición severa que padece son pruebas de que no sólo ha sido abandonada por su familia, sino por las autoridades encargadas de su bienestar.
En los reportes médicos revisados por EL UNIVERSAL, Camila aparece descrita como estable, sin movimientos anormales, despierta y sin datos de dificultad respiratoria. Sin embargo, los documentos advierten el riesgo de infecciones nosocomiales, una amenaza para cualquier paciente que pasa años en un hospital sin necesidad médica de estar ahí. Asunto que, sostiene una de las doctoras que la ha visto, fue informado a sus familiares quienes la visitan apenas una hora al día para cumplir con los protocolos del hospital.
A sus ocho años, la falta de documentación la convierte en una niña invisible para el sistema legal y administrativo.
El caso de Camila representa una violación grave a los derechos de la infancia. Contreras explica que es sumamente importante el registro de la niña, porque eso implica reconocer su derecho a un nombre, luego a darle identidad y dotarla de todos los derechos de seguridad social como alimentos y educación, por mencionar algunos. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes facultó a la Procuraduría de Protección para poder actuar como representante subsidiario.
En este caso podría iniciarse un juicio de amparo para lograr el registro inmediato de la niña, al menos de manera provisional, para dotarla de una identidad, base para el ejercicio de otros derechos, explicó.
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La jueza señala que el ISSSTE puede solicitar de inmediato la intervención de la Procuraduría de Protección para que pueda hacer valer sus derechos, incluyendo el sensibilizar a sus familiares y diagnosticar su situación, a fin de que dicha entidad pueda iniciar los procedimientos necesarios para respetar su interés superior. Incluso es una oportunidad que aún puede tener.
“Como sociedad, como autoridad y como madre, te diría que nos urge sensibilizarnos con los niños, niñas y adolescentes, entender su vulnerabilidad e informarnos sobre sus derechos. Sólo así podemos cuidarlos y defenderlos. La infancia es una etapa crucial para que tengamos personas de bien”, destaca Contreras.
Mientras las resoluciones judiciales llegan, Camila sigue ahí, creciendo en la sombra de un sistema que no decide qué hacer con ella.