Tras la difusión del caso Teuchitlán, madres buscadoras y colectivos de rastreo denuncian que se generó una campaña de cacería en su contra por parte de integrantes del crimen organizado y de políticos de distintas regiones del país, a través de descalificaciones públicas, amenazas de muerte y criminalización.
En entrevistas con EL UNIVERSAL, rastreadoras de varias entidades alertan que viven en estado de vulnerabilidad debido a que se trata de desacreditar, mediante instituciones de seguridad y actores políticos, los hallazgos sobre presuntos campos de reclutamiento, tortura o de entierros clandestinos, los cuales, aseguran, se replican por decenas en todo el país.
“Hoy, por lo que ha pasado, la desacreditación hacia las familias buscadoras es más fuerte. Nos acusan delincuentes y políticos de que nosotras ponemos las evidencias o ponemos los lugares, y eso nos da miedo porque quiere decir que tenemos a todos en contra para querer esconder lo que pasa”, declaró a EL UNIVERSAL María Isabel Bernal, integrante del colectivo Sabuesos Guerreras.
La activista, quien busca a su hijo Yosimar García Cruz, desaparecido en 2017 en Culiacán, Sinaloa, ha sido amenazada de muerte 13 veces por investigar qué pasó con él.
Hace unos días, ella y su familia fueron víctimas de una amenaza más y luego de un atentado, hecho por el que teme profundamente a la estigmatización que se hace desde voces políticas tras la revelación del caso Teuchitlán, pues asevera que la violencia institucional y de la delincuencia organizada aumentó contra los grupos de rastreo.
“Sabemos que en cada estado del país hay un Teuchitlán, con más horror o menos, pero lo hay (...) Nos da miedo esta cacería en contra de nosotras las buscadoras por los delincuentes y por la criminalización de personas poderosas, que es más un perseguir político que otra cosa.
“Nosotras no podríamos hacer una escena de esa magnitud, menos para llamar la atención porque no queremos fama, no buscamos porque queremos, buscamos porque amamos a nuestros hijos y alguien que sabe la magnitud del problema de desaparecidos nos quiere detener a todas en todo el país. Quieren pararnos para no seguir buscando”, considera Bernal, quien recientemente participó en un congreso de Naciones Unidas para visibilizar el tema y fue víctima de un atentado por ese motivo.
María, buscadora cuyo hijo fue levantado por un grupo delictivo en Jalisco en 2017 y que pidió a este medio mantenerla en anonimato por seguridad, relata que, después del hallazgo en el rancho Izaguirre ha sido amenazada por desconocidos, quienes cree que pertenecen al crimen organizado, para que deje de investigar. “Las amenazas son más fuertes, se sienten más reales porque se destapó la verdad del problema que hay en México con sus desaparecidos (…) Me dicen que me van a matar si sigo buscando, pero yo no tengo miedo de morirme, en Jalisco ya estamos en peligro siempre, pero sí de no encontrar a mi hijo, y aunque nos amenacen más fuerte por lo que encontraron, tenemos que seguir aunque tenemos todo en contra”, señala.
Junto a su colectivo, participó desde 2019 en protestas masivas en la Ciudad de México por las que, apunta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició la campaña de desprestigio contra colectivos de búsqueda. Ante esta nueva narrativa que las llama “carroñeras” o las acusa de montar escenarios, tiene mucho miedo, según confiesa a EL UNIVERSAL, pero no detendrá su búsqueda porque piensa que, lamentablemente, es otro momento álgido como los que ya han ocurrido y a los que ya están acostumbradas las madres buscadoras.
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“Lo que dicen [los políticos] hace eco en los delincuentes. Tristemente nos acostumbramos a que siempre nos amenazan de muerte o de terminar con nuestra familia completa, pero pasa más cuando la fiscalía dice que echamos mentiras o que nosotras ponemos pruebas falsas… ¿En qué cabeza cabe que vamos a juntar zapatos para molestar al gobierno si ya ni ayuda les pedimos?”.
Desde el fin de semana, María busca en el catálogo público de objetos encontrados en el rancho Izaguirre un objeto personal que pueda identificar que su hijo estuvo ahí y, aunque ha recibido amenazas en WhatsApp para “bajar el volumen” del tema, advierte que no dejará de indagar su paradero.
La estigmatización en redes sociales es otro producto del discurso de políticos que desacreditan a las madres buscadoras y daña la percepción que existe de ellas, pues tanto usuarios de redes sociales como agresores sienten respaldo y legitimación de sus actos violentos contra los grupos de búsqueda, agregó Laura, rastreadora del centro del país.
La mujer, quien busca a su hijo desde 2021 en Lagos de Moreno, Jalisco, coincide en que si bien la violencia contra sus compañeras de búsqueda existe desde hace dos sexenios, hoy se fortaleció y dividió a la opinión pública que antes las apoyaba y ahora no lo hace al considerar que sus hijos o familiares merecían desaparecer “por andar en malos pasos”.
“Hay una cacería contra nosotras que no es solamente de las personas que sienten interés porque ya no se hable más de todos los Teuchitlanes del país, ya es en Facebook, en la calle, donde te dicen lo mismo que repiten algunos políticos, que nuestros hijos merecían desaparecer porque ‘andaban en malos pasos’ o ‘se juntaron con delincuentes’”.
Laura, quien pidió anonimato por motivos de seguridad, era activa en Facebook, pero dio de baja su perfil después de que recibió amenazas de terminar con la vida de su otra hija y su madre luego de que difundió reclamos contra el exgobernador jalisciense Enrique Alfaro. “No podemos saber si uno de esos mensajes es real o no, entonces es mejor tener precaución. (...) Creo que los grupos de buscadoras de todo el país debemos, ahora sí, conformar un frente unido para apoyarnos entre nosotras por lo que nos hace el crimen organizado y los que no quieren que sigamos exhibiendo el problema tan enorme con las desapariciones”, comentó.
Por su parte, Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, exige tanto a autoridades como a integrantes del crimen organizado respeto por el luto y dolor que viven las buscadoras de Teuchitlán y de diferentes estados de México.
Entrevistada, la activista sonorense suplica que la violencia, el odio y la cacería se detengan. “Lo único que queremos es volver a ver a nuestros hijos, no hacer justicia ni señalar culpables”, expresa.
Lidia Lara, del colectivo de buscadoras Justicia y Dignidad, en Veracruz, expresa que se viven momentos dolorosos de angustia, coraje e indignación por los comentarios estigmatizantes de políticos que no reconocen como verdadera la crisis de desaparecidos y la violencia física y sicológica ejercida por organizaciones criminales.
Considera urgente reconocer el peligro que las rastreadoras viven para generar medidas reales de prevención ante un eventual escenario de violencia mortal en su contra. “Nos quieren culpar de que una es la que siembra pruebas, que los desaparecidos tuvieron la culpa de desaparecer, que inventamos historias y desde ahí nos están matando porque no hacen nada por detener esta violencia en contra de nosotros, que últimamente es mayor.
“Han identificado a algunos veracruzanos en Teuchitlán (...) gracias al trabajo de buscadoras que hoy son amenazadas después de hacer el trabajo que no hicieron ellos, de estar bajo el sol, de levantar la evidencia ellas mismas, por eso es importante que nos protejan, que detengan la violencia y que no digan que estamos inventando, porque no es así y sólo están haciendo que nos amenacen”, afirmó.