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Las reformas para fortalecer la política de búsqueda de personas desaparecidas, anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, no toman en cuenta la falta de articulación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda para atender adecuada y eficazmente los casos, denunciaron colectivos como Fundación para la Justicia.
Además, familiares de personas desaparecidas lamentaron la ausencia de disposición para escuchar sus opiniones y propuestas, que contrasta con la “clara disposición para oír en la mañanera -con más de una hora de intervención- a las personas creadoras de contenido que asistieron a la cuestionable visita al rancho Izaguirre”, promovida por el Fiscal General de la República y organizada por el Fiscal General de Justicia del Estado de Jalisco.
Describieron como limitadas y cuestionables las medidas anunciadas recientemente, como retomar la propuesta de Felipe Calderón y posteriormente de Enrique Peña Nieto, de crear una CURP con datos biométricos, o la imposición de sanciones a personas funcionarias que incumplan la ley.
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“De poco sirve recopilar datos biométricos de millones de personas sin claridad de cómo funcionaría adecuadamente para la búsqueda de personas desaparecidas, dejando la duda sobre su uso para otros fines como ha sucedido sistemáticamente. Tampoco aporta establecer nuevas sanciones, cuando ya existen mecanismos similares que, en la práctica, rara vez se aplican”, aseguraron.
En diversos posicionamientos, activistas argumentaron que la mayoría de las medidas anunciadas no son necesariamente novedosas y no atienden las causas estructurales de las fallas del sistema.
Por ejemplo, dentro de las medidas anunciadas se contempla fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), sin embargo, estas no son instituciones con capacidad para hacer frente a las dinámicas de violencia del crimen organizado, aunado a que sin la colaboración de las fiscalías y sistemas de inteligencia, se limitan las posibilidades de establecer hipótesis de búsqueda individualizada.
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“La falta de cooperación y articulación entre instancias involucradas a nivel municipal, estatal y federal, ha sido causa de ineficacia, ha llevado a duplicar acciones y favorecido la revictimización de los familiares de las víctimas. La propuesta presidencial tiene como gran ausente a la población en situación de movilidad que transita por nuestro país diariamente, personas mexicanas y extranjeras”, señalaron organizaciones.
Así, explicaron que los migrantes son más vulnerables ante la violencia del crimen organizado y la violencia institucional, sujeta a extorsiones, secuestros, homicidios y desapariciones. Ya que desde hace años el tráfico, secuestro y reclutamiento forzado de la población migrante se ha convertido en uno de los negocios principales del crimen organizado, en convivencia con una institucionalidad migratoria débil.
“Las propuestas ignoran que la población migrante en tránsito, proveniente de otros países, no cuenta con una CURP que sea útil para ser buscada, ni sus familiares se encuentran en el país para acudir a una fiscalía o una comisión de búsqueda”; advirtieron familiares de víctimas de la masacre de 72 migrantes.
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En un comunicado compartido por la cuenta de Glorieta de las y los Desaparecidos, indicaron que la crisis de desapariciones se refleja también en la diversidad de colectivos de búsqueda que actualmente existen en el país.
“Por ello, aclaramos que nuestro proceso de consulta no pretende hablar por todas las familias buscadoras, sino sólo por quienes suscribimos la presente. En todo caso, es responsabilidad del Estado garantizar la participación amplia de las familias, organizadas o no”, menciona.
em/bmc
