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En el delito de huachicol fiscal participan los encargados de las aduanas, la marina mercante y las áreas de comercio exterior en colusión con empresas trasnacionales de mucho dinero, gran prestigio y de las que, por prudencia y para no generar un caos en el mercado, no se revelan los nombres porque se vendrían abajo sus acciones, explicó Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a David Aponte y Maite Azuela, en el programa Con los de Casa de EL UNIVERSAL.
La dependencia no ha difundido el nombre de las empresas que evaden el pago de impuestos para evitar que enfrenten una caída de sus acciones, dijo la funcionaria.
“Hay empresas trasnacionales para traer un buquetanque, no es Juan Pérez, son empresas de mucho dinero y de alto prestigio que también parte del problema, si se hace público se le vienen abajo todas las acciones. Entonces, nosotros tratamos de ser prudentes, porque no tratamos de generar un caos en el mercado, pero sí queremos que se haga justicia”, expresó.
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Sobre el contrabando de combustibles, aseguró que las empresas trasnacionales que participan causan una pérdida de alrededor de mil millones de pesos con cada desembarque que realizan.
“El huachicol fiscal, en lugar de decir, son gasolina o diesel que tienen que pagar IEPS, lo reportan como aceite vegetal o lubricantes, como cualquier otro producto que no tiene IEPS, y entonces ahí cada desembarque, son como mil millones de pesos de no pago de impuestos”, expuso.
EL UNIVERSAL publicó que de acuerdo con cálculos de las secretarías de Energía, Economía y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), si se frena el huachicol fiscal asegurando el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las importaciones de gasolinas y diesel, el fisco obtendría ingresos adicionales superiores a 100 mil millones de pesos anuales.
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Buenrostro Sánchez explicó que cuando se desempeñó como titular del SAT realizó diversas denuncias por contrabando de combustible ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especial de Responsabilidades de Servidores Públicos; sin embargo, no ha habido resultados hasta el momento.
“Todos esos temas, que nosotros metimos cuando estábamos en el SAT, de denuncias de contrabando, todas están ahorita en la fiscalía, por un lado, en la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, pero también hay otra parte en la Fiscalía Especial de Responsabilidades de Servidores Públicos, porque los funcionarios con delitos penales van a esa fiscalía. Entonces, en ambas tenemos procedimientos, por ejemplo, de aquí ya se turnaron, ya están en la fiscalía y no han avanzado”, subrayó.
Detalló que en lo que va de la actual administración y como secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, aún no tienen denuncias nuevas por huachicol fiscal: “En lo que nosotros tenemos ahorita, estos seis meses que tenemos ya en esta administración, al día de hoy no tenemos nosotros en inventario todavía denuncias nuevas”, comentó.
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También precisó que el sobreprecio detectado en la compra consolidada de medicamentos aumentó a casi 15 mil millones de pesos, es decir, 2 mil millones de pesos más que los denunciados en un principio, cuando se canceló la licitación de 175 claves de fármacos.
“El subsecretario de salud, [Eduardo] Clark, estimó alrededor de 13 mil millones de pesos en un principio, de sobreprecio, nosotros traemos un poquito más en nuestros cálculos. Ahí, si mal no recuerdo, son casi 15 mil millones de pesos, son 2 mil millones de pesos más”, refirió.
Añadió que también encontraron 18 empresas que vendieron medicamentos sin contar con licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo cual calificó como un tema grave: “Hubo fallos a empresas que no contaban con registro sanitario, eso es lo más grave del asunto”, afirmó.
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Detalló que habrá sanciones considerables para 41 empresas que han incumplido con contratos anteriores al entregar menos medicamentos de los vendidos: “Son empresas que continuamente caen en incumplimiento, que tenemos contratos con ellos en años pasados, que ganaron pero nunca abastecieron, se dan buenos precios, pero a la mera hora, si les compramos 100 piezas, nada más entregan dos, entonces también los estamos castigando… esa sí tiene que ser una sanción grave”.
Adelantó que la Secretaría Anticorrupción le dará seguimiento a las denuncias ante la Fiscalía General de la República “para realmente tener una sanción y que sea en medidas ejemplares”.
“Lo que vamos a hacer es continuar con los procesos y nosotros tenemos mucha confianza, que tratándose de un tema de salud que pone en riesgo la vida de las personas, que también podamos tener este mismo seguimiento en el Tribunal Fiscal Administrativo y en la Fiscalía General de la República, que también le den el peso que se merecen estos casos”, reiteró.
Ahorro por extinción del Inaiva a proyectos prioritarios
La secretaria Buenrostro comentó que con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se ahorrarán alrededor de 500 millones de pesos que serán destinados a los proyectos prioritarios del gobierno federal.
“Antes, el Inai funcionaba, más o menos, con alrededor de mil 500 millones de pesos al año y vamos a ocupar más de 600 millones de pesos al año. [El ahorro] ese no se va a ningún lado, se va a proyectos prioritarios, otro tipo, a infraestructura, a servicios”, expuso.
Explicó que la Secretaría Anticorrupción funcionará como un área normativa para regular y emitir lineamientos y reglas para proteger los datos personales, pero no los tendrán en su posesión.
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“El Inai no tiene las bases de datos y nosotros tampoco las vamos a tener, por ejemplo, las que tiene el INE, todo lo que tiene que ver con la credencial de elector los tiene el INE, nosotros no los tenemos ni tenemos acceso a ellos. Toda información bancaria, por ejemplo, en el caso de un privado, lo tiene el banco, nosotros no. Entonces, la información de datos personales está donde tiene que estar y ahí se firman y se regulan los avisos de privacidad”, subrayó.
Explicó que el proceso para solicitar información a los sujetos obligados “va a funcionar prácticamente igual que como funcionaba antes”. Cuando una respuesta no sea satisfactoria para el solicitante, podrá interponer una queja ante el órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo.
“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, nosotros no podemos emitir ningún documento ni interferir en ese tipo de decisiones, no podemos firmar nada, se queda en el órgano que tiene autonomía técnica”, expresó.
Dijo que los inconformes con la entrega de información podrán acudir ante el Poder Judicial para que se resuelva la solicitud: “Cuando en el Inai… no era satisfactoria [la respuesta] se iban al Poder Judicial, se iban al amparo y aquí también nos vamos al Poder Judicial, incluso en el Poder Judicial, a diferencia de lo que había antes, nosotros propusimos en la ley, y el legislativo estuvo de acuerdo, es que pasara a un tribunal especial”.
La secretaria comentó que con la nueva organización que aplicará la dependencia para asumir las facultades que tenía el Inai, generará un ahorro de más de 50% en comparación con lo que gastaba el instituto.
“Nosotros, con la nueva propuesta de cómo nos vamos a organizar, generamos un ahorro total global de más de 50% con relación a lo que costaba el Inai. Entonces, tenemos un ahorro de 50% y absorbemos 80% de la carga de trabajo por así decirlo, porque el Inai era muy horizontal, era una pirámide invertida, había muchísimos directores generales, 28 directores generales, más secretarios de Acuerdo que también son altos niveles, y abajo había poquita gente, incluso, lo que hacían era terciarizar las tareas, había un contrato para que le llevara la nómina, un contrato para la limpieza, todo lo terciaban”, explicó.
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Manifestó que se recortó al personal de alto mando para generar ahorro al presupuesto que tenía antes el Inai: “Disminuimos mucho la estructura de los altos mandos y fortalecemos la gente que está trabajando, que yo digo siempre, la que arrastre lápiz, eso nos lleva a un ahorro, nosotros vamos a ahorrar tan solo en servicios personales, vamos a funcionar con 35% del presupuesto del Inai, en total, nosotros vamos a generar en ahorros al erario, al pueblo de México, 500 millones de pesos menos al año”, insistió.
Afirmó que Transparencia para el Pueblo funcionará de manera similar al que lo hacen otros órganos desconcentrados en Estados Unidos y Canadá: “Así funciona en todo el mundo, si nosotros vemos cómo funciona, en el mundo lo que se habla es que los órganos de acceso a la información son independientes, es la palabra que se usa internacionalmente, es con independencia... es precisamente con una figura como la del órgano desconcentrado que se está proponiendo, que es con autonomía técnica, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá son oficinas que están adentro, en Estados Unidos adentro de la Casa Blanca y de la Secretaría de Estado, y en Canadá también, ni siquiera hay un concentrado, cada dependencia es obligada a contestar de manera directa, si nosotros revisamos los países, el modelo que estamos proponiendo está entre los mejores estándares internacionales”, opinó.
