Blindar elecciones en México, 20 años de intentos fallidos

Desde 2006 diversos actores políticos han intentado, de manera casi obsesiva pero ineficaz, construir una muralla legal que impida la entrada del crimen organizado a las urnas.

A pesar de que cada reforma electoral se presenta como la “definitiva” para fiscalizar recursos y limpiar candidaturas, la realidad es que el Estado mexicano lleva 20 años intentando blindar las elecciones sin éxito, lo que permite que el financiamiento ilícito y la violencia política se conviertan en actores determinantes de la vida pública.

La lista de pactos rotos y leyes insuficientes es larga: destaca el “pacto nacional” de 2008, promovido por Jorge Carlos Díaz Cuervo, entonces presidente del Partido Alternativa Socialdemócrata, para que todos los partidos se comprometieran a no postular a personas vinculadas con la delincuencia.

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En 2009, Alejandro Poiré, entonces secretario de Gobernación (izq.), encabezó la estrategia gubernamental denominada “Blindaje electoral”. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

El intento quedó en el papel, pues la falta de mecanismos de verificación real por parte de la entonces PGR y el IFE lo convirtió en un gesto puramente retórico.

En el mismo lapso se aprobó una reforma (2007-2008) que prohibió comprar tiempo en radio y TV para evitar que “poderes fácticos” influyeran en las campañas, pero eso sólo desplazó el flujo de dinero a estructuras territoriales y redes clientelares difíciles de rastrear.

Entre 2012 y 2014 se firmó el llamado Pacto por México, que derivó en la creación del INE y un Sistema Nacional de Fiscalización que prometía revisar en tiempo real cada peso gastado. Sin embargo, el crimen volvió a encontrar la forma de burlar la ley para financiar candidatos a través de los reportes de “gastos no declarados” y el uso de efectivo en las campañas de 2018 y 2021.

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Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, encabeza reunión de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Más tarde, entre 2021 y 2024 el INE y la Secretaría de Gobernación implementaron mesas de seguridad y acompañamiento a candidatos que al final no lograron frenar la intromisión del narco, pues según reportes oficiales esos comicios se colocaron entre los más violentos de la historia reciente, con decenas de candidatos asesinados y regiones enteras donde las planillas se retiraron por amenazas directas de cárteles.

El pasado miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso su reforma electoral con la que plantea fiscalizar campañas para evitar la intervención criminal: entre otras cosas, prohíbe el financiamiento de campañas con dinero en efectivo, con recursos de extranjeros y con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, voces críticas señalan que sin una reforma profunda a las fiscalías y unidades de inteligencia financiera estos candados seguirán siendo un cerrojo de papel ante un poder que opera fuera de la ley.

Narcocandidatos

El fracaso de estas estrategias ha dejado casos con nombres y apellidos, y destaca el más reciente de quien fuera presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, detenido en febrero pasado por vínculos directos con grupos del crimen organizado de la región.

También figura el caso de Julio César Godoy Toscano (2009-2010), hermano del entonces gobernador de Michoacán y hoy diputado federal por Morena Leonel Godoy Rangel.

Julio César fue electo diputado federal mientras era buscado por la justicia por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana; sin embargo, logró tomar protesta tras entrar a la Cámara de Diputados escondido en la cajuela de un coche y obtuvo el fuero parlamentario antes de ser desaforado y convertirse en prófugo de la justicia.

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Otro caso mediático fue el de José Luis Abarca Velázquez (Iguala, 2014), exalcalde vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con el grupo criminal Guerreros Unidos, quien recibió 112 años de cárcel derivado de varias sentencias también por homicidio, secuestros y otros.

También, Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Cuautempan, Puebla, fue detenido en 2026 en la denominada Operación Enjambre; Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, Chiapas, fue capturado en febrero de 2026; Emiliano Vázquez Bonilla, alcalde de Zapotitlán de Méndez, Puebla, capturado en 2024; Iván Guadalupe López Colín, edil de Chucándiro, Michoacán, detenido en junio de 2023, Ricardo Pérez García, alcalde de Río Blanco, Veracruz (febrero 2023); María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, quien fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en colaboración con La Familia Michoacana, y al menos 12 ediles de Guanajuato y el Estado de México investigados por nexos criminales, pero cuyos nombres se mantienen reservados.

Con el cúmulo de casos y de intentos fallidos por blindar las elecciones, México llega a 2026 con una nueva propuesta, que será votada en los próximos días.

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Estrategias cosméticas y superficiales

Para expertos, México no ha logrado frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales porque las reformas y estrategias que se han implementado en las últimas décadas han sido “cosméticas” y “superficiales”.

David Saucedo, consultor en seguridad, explicó que las políticas públicas que se han instaurado en México “han sido sólo para contener mediáticamente el problema, no para resolverlo de fondo”.

Planteó la aplicación de la llamada Ley de la Silla Vacía, vigente en países como Colombia.

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“Si se descubre que algún funcionario de elección tiene algún vínculo criminal, no sólo pierde el cargo y es procesado, sino que el partido que lo postuló ya no puede postular candidatos en procesos electorales. Pongo un ejemplo: en el caso de Tequila, Diego Rivera no sólo perdería el cargo de alcalde, sino que Morena no podría postular candidatos en Tequila durante dos y hasta tres periodos consecutivos. Esto obligaría a los partidos a no postular narcocandidatos y sería, desde mi punto de vista, un poderoso disuasivo para evitar la penetración del crimen organizado en los procesos electorales”, explicó.

Otra propuesta es la de una reforma para quitar a municipios las áreas de seguridad.

“Una de las razones por las cuales los grupos del narcotráfico desean controlar a los municipios es porque desean controlar las direcciones de Seguridad Pública Municipales. Creo que hay que quitar a los municipios las facultades y que sean los estados y la Federación los que las que tengan esa facultad. En estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Estado de México, que son centenares de municipios, es imposible que tengamos centenares de corporaciones de Seguridad Pública municipales competentes, eficaces, transparentes, honestas. Es imposible, los ciclos de gobierno son de apenas tres años y no hay posibilidad de que maduren. Creo que la seguridad pública ya no puede estar en manos de los municipios, porque son fácilmente cooptables, corrompibles y se les puede amedrentar, así que si un municipio no tiene estado de fuerza se vuelve menos atractivo para un grupo criminal”, sentenció.

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Finalmente, Sebastián Godínez, politólogo de la UNAM, coincidió en que los esfuerzos por alejar al crimen de las urnas “ha quedado en el papel”.

“Esto tiene que ver más allá de una reforma coyuntural, ahí sí es necesario que diversas voces, y expertos, academia, políticos, los partidos tengan la capacidad de sentarse a negociar”, dijo.