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Las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos aprobaron en fast track el dictamen de reforma que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado, en el que se prevé “el rescate” de concesiones a televisoras y radiodifusoras.
Con 29 votos a favor de Morena y aliados, y nueve en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la reforma, calificada por la oposición como ley censura que atenta contra la libertad de expresión y la democracia, se le dio primera lectura en el pleno y se prevé sea discutida en la sesión ordinaria del lunes.
Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN, dijo en el debate que estamos ante una ley censura, que concentra facultades en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para tener el control de todo lo que se dice.
Consideró que lo más grave es la posibilidad de que las autoridades de la 4T soliciten el bloqueo de una plataforma digital, bajo el procedimiento que determine la agencia.
Manuel Añorve Baños, senador del PRI, expuso que se utilizó el tema del spot antiinmigrante de Donald Trump para impulsar “el mayor retroceso” en materia de libertad de expresión.
Dijo que el artículo 109 permite al gobierno bloquear contenidos digitales “sin orden judicial, sin límites y sin contrapesos”.
“El artículo 109 le da al gobierno el poder de bloquear, censurar. Es un retroceso, es un autoritarismo las plataformas digitales, redes sociales, sitios web, aplicaciones sin necesidad de orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin contrapesos ni procedimientos claros”, comentó.
Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, consideró que estamos ante un asalto a la libertad de expresión en redes sociales, lo cual tendrá un grave impacto.
Lizeth Sánchez García, senadora del Partido del Trabajo, defendió la nueva ley y aseguró que busca proteger la soberanía nacional y frenar la injerencia extranjera. Recalcó que no se trata de censurar, sino de garantizar el respeto a los derechos humanos y la cohesión social.
“La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales tienen un poder inmenso, son espejos de nuestra sociedad, pero también son herramientas para transformarla, y el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo”, advirtió.
El panista Agustín Dorantes reiteró el voto en contra de su bancada y señaló que “estamos rotunda, clara y explícitamente en contra de que cualquier poder extranjero —político, empresarial, eclesiástico— paute o contrate publicidad que agreda, denigre a cualquier mexicano, por humilde que sea”.
“Bajo el pretexto de impedir intromisiones inaceptables, se nos presenta la ley censura. Esta ley permite bloquear redes sociales o páginas web sin reglas claras. La agencia [de Transformación Digital] puede decidir qué plataformas cerrar, basándose solo en sus propios lineamientos, lo que podría usarse para silenciar voces críticas al gobierno”, agregó el senador.
Según el dictamen, que no tuvo ningún cambio respecto a la iniciativa presidencial, la nueva ley contempla la figura de rescate o quitar las concesiones de radio y televisión a concesionarios “cuando lo exija el interés público” o por “razones de seguridad nacional”, a petición del o la titular del Ejecutivo federal.
Entre las atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones está que podrá, de oficio, “cambiar o rescatar bandas de frecuencias o recursos orbitales en cualquiera de los siguientes casos: cuando lo exija el interés público; por razones de seguridad nacional a solicitud del Ejecutivo federal; para la introducción de nuevas tecnologías; para solucionar problemas de interferencia perjudicial; para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano”.
También se podrá “rescatar” una concesión de radio o televisión “para el reordenamiento de bandas de frecuencia y para la continuidad del servicio público”.
Se prevé sancionar con multas de hasta 5% de sus ingresos a los concesionarios de radio y televisión que transmitan este tipo de contenido, en respuesta al spot antiinmigrantes de Estados Unidos difundido en la televisión mexicana.
