La Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó por 22 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones, el dictamen para expedir la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, abrogar la Ley General de Mejora Regulatoria y extinguir la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
El documento fue turnado a la Mesa directiva para que se agende y se discuta y, en su caso, se apruebe en el pleno, hoy.
Los diputados de oposición afirmaron que la nueva ley es una violación de datos personales con la creación de la Llave MX, asociada a la CURP del titular; centraliza las facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se creará para implementar, supervisar y vigilar la aplicación de la ley.
Cabe destacar que en el dictamen se establece que la presidenta Claudia Sheinbaum será la encargada de expedir las adecuaciones al reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) reiteró su solicitud de realizar un parlamento abierto para discutir el proyecto de ley. Acusó que se promueve la opacidad del gobierno y censura la participación ciudadana.
“Esta iniciativa, en realidad, promueve la falta de transparencia, promueve la concentración de poder, promueve el centralismo, promueve la opacidad, promete y promueve el autoritarismo y la discrecionalidad, y censura completamente la participación ciudadana, debilitando tres figuras importantes: el análisis de impacto regulatorio, la consulta ciudadana y desapareciendo el Observatorio Ciudadano en materia de regulación”, dijo.
Por su parte, el diputado Israel Betanzos (PRI) señaló que la ley invalida facultades a las entidades federativas y municipios, y no garantiza que éstos cuenten con los recursos necesarios para realizar las tareas conferidas.
“Se hace latente una hiper concentración de facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en determinado momento, las autoridades estatales y municipales yo los veo carentes de cualquier apoyo que quieran tener todos los sujetos obligados, a nivel Federal, Estatal y municipal, tendrán que someterse a cualquier cambio en su agenda regulatoria a la Agencia de Transformación Digital, es decir, ni siquiera en esos niveles permitirán margen de maniobra o están sometidos a un análisis de impacto regulatorio a nivel nacional”, explicó.
Al respecto, el dictamen establece que los municipios y/o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que carezcan de las capacidades técnicas y presupuestales necesarias para desarrollar soluciones tecnológicas, podrán celebrar convenios de colaboración con la autoridad nacional para implementar soluciones tecnológicas que obren en el repositorio nacional de tecnología pública o con la autoridad Estatal para el acompañamiento y apoyo.
“La gran mayoría de los municipios no cuentan con esta infraestructura suficiente para soportar esta ley, de este tipo, lo que haría inviable esta propuesta”, refirió el diputado Betanzos.
La diputada Iris Reyes (MC) señaló que la propuesta de ley debería haberse consultado con expertos, porque no queda claro cómo se implementará.
“El software y la tecnología, valdría la pena haberla platicado más con expertos, que nos lo explicaran y entenderla, porque parece que la ley confunde software público con software estatal, el software público, el software abierto”, dijo.
El pasado 22 de abril, la Cámara de Diputados recibió el proyecto de la titular del Ejecutivo, que plantea crear un modelo nacional que incluya un catálogo único de trámites a nivel estatal y municipal.
De acuerdo con el documento, en México existen en promedio 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil trámites.
La iniciativa establece que crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y otorgarle facultades para que sea la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización.
También propone crear una plataforma digital centralizada para gestionar procesos administrativos; e implementar una identidad digital única, que será denominada Llave MX asociada a la CURP del titular, y cuya función será la gestión de trámite en línea.
Y establece que cuando la CURP tenga asociados los datos biométricos del titular, tendrá el carácter de documento nacional de identificación, y será una identificación oficial.
“En este caso, los sujetos obligados y particulares de cualquier naturaleza tienen la obligación de aceptarla para todos los trámites y servicios, por lo que no se podrá solicitar algún otro documento de identificación adicional”, señala la iniciativa.
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