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La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó (por 25 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones) el dictamen de la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, los diputados del PAN acusaron violaciones al proceso legislativo, por lo que solicitarán que sea removido de la presidencia Ricardo Mejía Berdeja (PT), y abandonaron la sesión (Héctor Saúl Téllez, Éctor Jaime Ramírez, Carmen Rocío González y Ernesto Sánchez).
El diputado Éctor Jaime Ramírez denunció que la nueva Ley de Adquisiciones, exceptúa a CFE, Pemex y las obras que construya el Ejército, de las reglas generales de licitación. Y se mantiene el mecanismo de la subcontratación “que se usó en la estafa maestra para contratar empresas fantasma y evadir la ley”.
Su compañero de bancada, Héctor Saúl Téllez expuso que con las modificaciones a la ley, “habrá más opacidad, corrupción y amiguismo” en las contrataciones que se realicen.
Detalló que durante el sexenio pasado se privilegiaron las adjudicaciones directas a empresa amigas del gobierno, y ello se exponenciará con la reforma que propuso el Ejecutivo.
Señaló que el 92% de los contratos del Tren Maya se realizaron bajo adjudicación directa; en Segalmex y Liconsa fue el 90%; en el Banco del Bienestar, también 90%; en Birmex el 99%; en la Guardia Nacional, el 70%; por citar algunas entidades.
La reforma establece incorporar la plataforma digital de contrataciones públicas para permitir la fiscalización oportuna del ejercicio de los recursos públicos, se lee en el dictamen.
Asimismo, se incorpora la figura de la oferta subsecuente de descuento; y se incluye la figura de los diálogos estratégicos a partir de los cuales el Estado podrá identificar claramente las necesidades reales del mercado y ajustar los procesos licitatorios.
El dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción modificó el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para incrementar la sanción pecuniaria para los licitantes y contratistas que infrinjan las disposiciones.
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Y modificó el artículo 78 para sancionar cuando se dejen de formalizar el contrato adjudicado, uno sólo y no esperar a que sean dos, lo cual permitirá el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas, señala el documento.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja señaló que la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es pertinente jurídica y técnicamente, además de que representa un avance significativo en materia de transparencia, eficiencia y competitividad del gasto público, alineándose a los objetivos del Plan de Desarrollo.
La diputada Claudia Rivera (Morena) refirió que es de mayor importancia reformar la ley para incentivar la economía del país.
“Como sabemos, toda la estrategia de inversión en obra pública genera economía de encadenamiento y, en ese sentido, es una apuesta importante para el desarrollo, no solamente de nuestro país, sino los desarrollos desde lo local, es decir, desde los territorios municipales”; expresó.
El diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) aseguró que el artículo Primero Quater tiene lagunas y se presta a la corrupción, al violar el principio de generalidad de la ley y el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sobre las facultades que tiene el Ejército y nunca habla si se dedicará a construir obra pública.
“Si no se modifica continuará la corrupción, como el caso de Dos Bocas, y hoy nos abstenemos en búsqueda de diálogo”, dijo.
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