A lo largo de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (1 de octubre de 2018-31 de agosto de 2024), el gobierno de Morelos cometió presuntos daños al erario por un total de 6 mil 24 millones de pesos, principalmente por mal uso y destino de los recursos que le entregaba año con año el gobierno federal.
El monto podría ser mayor, toda vez que en el mes de octubre se darán a conocer las auditorías correspondientes a 2024, del cual gobernó durante ocho meses.
Dicha cifra está registrada en 130 fiscalizaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2019 y 2023, que fueron revisadas por EL UNIVERSAL.
Recientemente, Blanco Bravo se ha visto envuelto en el escándalo, luego de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados propuso desechar una solicitud de desafuero en su contra por el presunto delito de abuso sexual, lo que se suma a una serie de denuncias realizadas por la actual gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, por presuntos desvíos de recursos por un monto estimado en 40 millones de pesos durante la administración del exfutbolista.
Las denuncias, que ya están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de ese estado, incluyen irregularidades en dependencias como las secretarías de Desarrollo, Infraestructura, Economía y Trabajo, así como en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.
El extitular del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, se mantiene prófugo de la justicia, luego de que la fiscalía localizó restos humanos en una de sus propiedades.
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Además de esas indagatorias, existen 130 auditorías en las que se da cuenta de otras irregularidades como adjudicaciones directas, pagos a sobreprecios, adquisición de armas y municiones sin documentación justificativa, daños al erario en la implementación del programa Escuelas de Tiempo Completo, obras incompletas, alimentos de Diconsa que no fueron entregados, presuntos desvíos en programas de medicamentos gratuitos, desaparición de equipos industriales, pagos en exceso a altos funcionarios y hasta pagos a personas fallecidas, entre otras cosas.
En el año 2019, la ASF sometió al gobierno de Cuauhtémoc Blanco a 27 auditorías, en las que se detectaron probables daños al erario por 2 mil 229 millones de pesos. Destaca la fiscalización 921-DE-GF, en la que se da cuenta que dicha administración “no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019”.
Entre las observaciones realizadas ese año, se detectó mal uso de los recursos destinados al programa Escuelas de Tiempo Completo; probable desvió del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que se detectaron ocho obras no terminadas; así como observaciones por más de 19 millones de pesos en el uso del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, del que observaron adjudicaciones directas, pagos a sobreprecio y adquisición de armas y municiones sin documentación justificativa y comprobatoria.
Para el año 2020, el máximo órgano fiscalizador realizó 18 auditorías al gobierno de Morelos, en las que se determinaron probables daños al erario por más de 363 millones de pesos, entre otras cosas por incumplimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante las participaciones federales; adjudicaciones directas en la implementación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM); irregularidades en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), donde se detectaron reintegros extemporáneos a la Tesorería de la Federación, pagos a trabajadores después de que habían concluido su contrato y pagos a personal identificado como decesos por 268 mil pesos.
En ese año también se descubrió evidencia de productos alimenticios no perecederos entregados por Diconsa, S.A de C.V., de los que no existe evidencia de su entrega; contratos de los “asesores externos especializados” por más de 16 millones de pesos; pagos en exceso a seis servidores públicos del sector salud por cerca de un millón de pesos, así como compra de medicamentos a sobrecosto y adquisición de medicamento con claves no incluidas en el listado de precios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
En el año 2021, las ASF observó al gobierno de Blanco Bravo por más de 515 millones de pesos, de los que se descubrió mal uso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, luego de que se utilizaron más de 10 cuentas bancarias para la administración de los recursos del fondo, más pagos en exceso a altos funcionarios, entre otras cosas.
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En 2022, el gobierno del estado de Morelos cometió presuntos desfalcos por 994 millones de pesos por “pagos que se consideraron improcedentes”, mientras que en 2023 las observaciones rebasaron los mil 921 millones de pesos, entre otras cosas por la compra de dos lavadoras semiindustriales, dos secadoras semiindustriales y una licuadora industrial que no se localizaron físicamente al momento de la revisión, así como adquisición a sobrecostos de relojes checadores y sumadoras genéricas, así como el incumplimiento de obras que eran parte del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2023.
Cabe resaltar que la Auditoría Superior de la Federación dará a conocer en el mes de octubre las primeras fiscalizaciones correspondientes a 2024, del que Cuauhtémoc Blanco Bravo gobernó durante ocho meses.