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La Asociación Mexicana de Juzgadoras externó su preocupación por el crecimiento en el mundo de someter a los Poderes Judiciales.
Indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ríos Ávalos contra Paraguay (sentencia de 19 de agosto de 2021) señaló que la independencia judicial es uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Paraguay por la destitución de los señores Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea de los cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay como resultado del juicio político iniciado en su contra, así como por la falta de garantías durante dichos procesos.
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La CIDH destacó en esa ocasión que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en relación con el Poder Judicial, como el sistema o el juzgador.
Además, estableció que, para evitar que el sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su encargo por parte de órganos ajenos al Poder Judicial, se debe garantizar la función de las personas juzgadoras mediante un adecuado proceso de nombramiento.
Así como garantizar su estabilidad e inamovilidad en su cargo, y su protección contra presiones externas.
La Asociación detalló que se debe salvaguardar la independencia de los juzgadores, especialmente frente a los demás poderes.
Advirtió que, de otro modo, se podría obstaculizar su labor, al punto de hacer imposible que estén en condiciones de determinar, declarar y eventualmente sancionar la arbitrariedad de los actos que puedan suponer vulneración a aquellos derechos, así como ordenar las reparaciones correspondientes.
“Acotamos que, la independencia judicial es un componente fundamental de la división de poderes al grado que, sin ella, no existe estado de derecho ni es posible la democracia.
“Es por ello que observamos con preocupación cómo crecen en nuestro hemisferio los ataques contra las personas juzgadoras debido a decisiones jurisdiccionales adoptadas en ejercicio de su potestad como titulares de un poder autónomo del Estado”, enfatizó la Asociación.
Las juzgadoras llamaron a la adopción de los cauces constitucionales y legales que preserven el respeto y la dignidad de la función jurisdiccional como garante y guardián de las libertades de la ciudadanía.
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