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Durante la administración de Silvano Aureoles Conejo (1 de octubre de 2015-30 de septiembre de 2021), el gobierno de Michoacán cometió presuntos daños al erario por un total de 43 mil 128 millones de pesos, principalmente por mal uso y destino de los recursos que le entregaba año con año el gobierno federal.
Así lo revelan 245 fiscalizaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante los años 2016 a 2021, que fueron revisadas por EL UNIVERSAL.
Aureoles Conejo está prófugo de la justicia luego de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra por presuntos daños patrimoniales al Estado mexicano que suman 3 mil 412 millones 165 mil pesos, por la construcción de cuarteles de la Guardia Civil, es decir, la policía estatal.
Lo anterior es parte de una auditoría que realizó la Secretaría de Contraloría de Michoacán en el año 2021, en la que presuntamente el exmandatario autorizó la construcción con sobreprecio de siete cuarteles en Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Sin embargo, además de esa indagatoria, que ya derivó en la detención de cuatro colaboradores de Aureoles, existen más de 200 auditorías en las que se da cuenta de otras irregularidades, como mal uso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, violaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, presuntos desvíos en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, contratos a sobreprecio suscritos por el gobierno de la entidad michoacana, financiados con recursos del Gasto Federalizado, y hasta mal uso de recursos que deberían destinarse a tratamientos de cáncer.
Según los informes de la ASF, en 2016 el gobierno de Michoacán recibió 43 auditorías para comprobar el buen uso de los recursos que le otorgó el gobierno federal, pero se detectaron probables daños al erario por 5 mil 214 millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas destaca pago a personal educativo que tenía hasta tres plazas, adquisición de equipos de cómputo que presuntamente se destinarían al Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación en el estado de Michoacán, pero que después fueron donados a “instancias ajenas a los objetivos del programa”; equipos de cómputo comprados y no localizados, así como incumplimiento de las reglas de operación del Programa Desayunos Escolares en los Sistemas Estatales DIF de ese estado, entre otras cosas.
Para 2017, el máximo órgano fiscalizador del país realizó 36 auditorías a Michoacán, en las que encontró probables daños al erario por 14 mil 125 millones de pesos.
Destaca la Auditoría Cumplimiento Financiero 1032-GB-GF, en la que se informa que en 2017 el gobierno de Silvano Aureoles contrató 12 créditos a corto plazo con diversas instituciones financieras, sin embargo, sólo reportó la contratación de tres. Durante la fiscalización, “el gobierno de Michoacán no pudo acreditar el destino de la deuda contratada a corto plazo”, lo que generó observaciones por más de 10 mil millones de pesos.
En 2018, se realizaron 41 auditorías, con observaciones por 5 mil 908 millones de pesos. Entre otras cosas, se detectó falta de documentación comprobatoria y justificativa del dinero que la Federación le otorgó por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas.
“El Gobierno del Estado de Michoacán no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018”, señala la auditoría.
Para 2019 se realizaron 30 auditorías al gobierno de Michoacán, en las que detectaron probables daños al erario por mil 72 millones de pesos, entre otras cosas, por irregularidades en el uso del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que se pagaron retenciones de obra pública sin disponer de la documentación comprobatoria correspondiente, no se reintegraron a la Tesorería recursos comprometidos no pagados, obra no ejecutada y compra de vehículos que no entraron en operación.
En 2020 se detectaron irregularidades por más de 3 mil 70 millones de pesos, entre las que destacan mal uso de los recursos que la Federación les otorgó para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, toda vez que se detectaron transferencias a cuentas ajenas al programa, recursos comprometidos y no pagados, pagos en exceso a trabajadores y falta de aplicación de penas convencionales.
El último año de gobierno de Silvano Aureoles, 2021, fue de los periodos en los que se detectaron más daños al erario, con irregularidades detectadas por 13 mil 737 millones de pesos.
Entre las anomalías, la ASF encontró el pago de 834 tinacos y mil 241 toneladas de cemento que no acreditaron su recepción, pruebas de Covid no localizadas, pagos por servicio de supervisión de obras sin contar con evidencia de la prestación del servicio, pagos sin evidencia de servicios de laboratorio, pagos por insumos de bombas de infusión de los cuales no se acreditó su recepción e, incluso, pagos sin evidencia de la prestación de servicios de detección y diagnóstico de cáncer.
Tras las 245 Auditorías que la ASF realizó durante los seis años de gobierno de Silvano Aureoles se emitieron 610 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) en contra de funcionarios de esa entidad, sin que hubiera consecuencias penales para ninguno. Este fin de semana, la FGR procedió a la captura de cuatro exintegrantes del gabinete de Aureoles Conejo, mientras que el exgobernador se encuentra prófugo y es buscado.
