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Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), agradeció al presidente, Andrés Manuel López Obrador su apoyo.
“Agradezco al presidente @lopezobrador_ su apoyo y sus amables conceptos sobre mi persona ante la persecución política y linchamiento mediático armado desde el grupo conservador.
“El pueblo está despierto y no se deja engañar. ¡Gracias, Presidente!”, manifestó el ministro en retiro en redes sociales.
El domingo Zaldívar afirmó que el Máximo Tribunal del país carece de un marco jurídico para sancionarlo.
Esto luego que el 9 de abril, la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, recibió una denuncia anónima contra Zaldívar y otros excolaboradores del CJF por los probables actos cometidos entre el 2019 y 2022 que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa.
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En redes sociales el ministro en retiro resaltó que estos hechos tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T.
“La SCJN carece de un marco jurídico para sancionarme. Esto confirma que tanto la investigación en mi contra, como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron, tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T.
“Igual que cuando la Corte confabuló con Fox para desaforar al entonces jefe de Gobierno AMLO. No les funcionó hace 20 años y no les funcionará ahora”, redactó.
La denuncia con número de folio 2687, refiere hechos entre el 2019 y 2022, cuando fue presidente de la SCJN, donde supuestamente Zaldívar ejerció presión sobre encargados de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses.
Prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien por medio de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.
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De acuerdo al documento las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral.
Así como la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ello a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.
