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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), hizo un llamado al Senado para garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La tarde de este jueves organizaciones civiles alertaron que esa ley que será discutida y votada la próxima semana en el Senado de la República, no sólo es una una copia con "parches" mal pensados y estructurados de la reforma peñista del 2014”, sino que establecerá un régimen de control gubernamental del Ejecutivo sobre la asignación del espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines.
Por su parte, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), reconoció que una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en México es indispensable para fijar la política pública frente a nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la demanda de más servicios a menores precios.
Sin embargo, mencionó que la reforma enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión es una copia, con "parches" mal pensados y estructurados de la reforma peñista del 2014.
Señaló que la Ley de Telecomunicaciones busca ejercer censura arbitrariamente en la radio, la TV, las plataformas digitales y hasta las apps como TikTok, Facebook o X, por mencionar algunas.
"Se busca en México sacar del aire programas y plataformas tal y como acontece en Nicaragua y Venezuela?”, señaló.
Artículo 19 pide al Congreso respetar derechos humanos por Ley de Telecomunicaciones
Artículo 19 alertó que la próxima semana, el Senado de la República aprobará con premura, sin discusión, sin parlamento abierto, sin argumentos ni criterios, una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo un régimen de control gubernamental del Ejecutivo sobre la asignación del espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines.
En un comunicado, expresó que entre las principales problemáticas en el cuerpo de la ley se vislumbra, por ejemplo, que se administre el espectro radioeléctrico y se otorguen concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público, permitiendo retirar concesiones a aquellos medios de comunicación independientes y críticos, bajo argumentos subjetivos, sin motivación o ambiguos.
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Agregó que las modificaciones también impedirían que se reconozcan los derechos colectivos sobre el espectro radioeléctrico ni la propiedad comunal sobre la infraestructura instalada en territorios indígenas. Aunado a ello no se reconoce explícitamente el derecho a la comunicación con pertinencia cultural y lingüística para pueblos indígenas.
“Muy gravemente, la ley también propone otorgar facultades al poder ejecutivo para bloquear plataformas digitales. Es inconstitucional bloquear una aplicación o servicio digital, ni temporal, ni permanentemente, bajo ninguna condición. Estándares internacionales de derechos humanos prohíben la instauración de cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, como es el bloqueo de plataformas digitales”, dijo.
Urgió a las y los legisladores a que reconozcan el marco de los derechos humanos que están obligados a cumplir.
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em/bmc
