La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encontró, en la auditoría AU-47/2025, hecha al Despacho Aduanal de mercancías de importación y exportación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas Productivas Subsidiaras, indicios de funcionarios que pudieron haber participado en la cadena del delito conocido como huachicoleo fiscal.
La auditoría, en poder de EL UNIVERSAL, revela que entre 2023 y 2024, diversos funcionarios de Pemex, adscritos a la Aduana de Tuxpan, Veracruz, incurrieron en una irregularidad administrativa aparentemente sencilla: omitieron introducir información de importaciones y exportaciones de hidrocarburos en el Aviso Electrónico del Mecanismo de Selección Automatizada de aduanas.
“La supuesta omisión significó que se incurrió en la infracción prevista en el artículo 184-A, primer párrafo, fracción primera (en el caso de dos incidencias), y en el artículo 184 primer párrafo, fracción primera (en el caso de siete incidencias) de la Ley Aduanera”.
Esos artículos de la Ley Aduanera hacen referencia a “la obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, así como los relativos a su transportación”, detalla.
Es decir, los trabajadores pudieron incurrir en omisiones como dar datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías o transmitir información incompleta o con datos inexactos, en cuanto a la descripción de la mercancía.
Concretamente sobre la auditoría, entregada en marzo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fueron nueve las incidencias donde se reportó este modus operandi, una en 2023 y ocho en 2024. Todas en la aduana de Tuxpan.
La corrección de esas infracciones, ante la autoridad aduanera, generó multas a Pemex por un millón 59 mil pesos. Además, de las nueve, solo cuatro se han resuelto de manera favorable ante la autoridad aduanera, mientras que las otras no se resuelvan, “la contingencia sigue vigente, ya que una resolución adversa podría representar un posible perjuicio financiero para la empresa”, indicó la dependencia.
Los trabajadores auditados son agentes aduanales o representantes aduaneros, según lo precisa el documento, dentro de Pemex; estas personas cumplen diversas funciones:
“Este profesional realiza en nombre de una empresa o una persona física la operación internacional, cumplimentando la documentación y siguiendo el proceso de despacho. También puede ser una persona jurídica (importador, exportador) autorizado por las autoridades aduaneras para presentar sus propias declaraciones aduaneras (auto despacho aduanero)”.
Además de esa observación, la auditoría exige a Pemex aplicar mejores controles, así como reuniones periódicas para dar seguimiento a este tipo de incidencias.
“Implementar un mecanismo de control y monitoreo que permita verificar el cumplimiento de estas disposiciones, facilitando una reacción efectiva y oportuna para la mitigación de riesgos derivados de dichas incidencias”, propone la auditoría.
La auditoria advierte la necesidad de fortalecer la cultura de ética y conducta de los funcionarios pertenecientes al despacho aduanal.
El huachicol que viene… y va
El delito conocido como huachicoleo fiscal consiste en introducir gasolina al país, pero con una denominación diferente de hidrocarburos, ante la autoridad aduanera.
El modus operandi para el contrabando de hidrocarburos entre México y Estados Unidos saltó a la luz pública cuando, el pasado 31 de marzo, se reveló la incautación de un buque-tanque proveniente del puerto de Beaumont, Texas, y de 10 millones de litros de combustible.
Días después, las autoridades mexicanas dijeron que la tripulación del buque reportó transportar 10 millones de litros de lubricantes y aditivos, pero en realidad se trataba de gasolina de mala calidad que sería distribuida ilegalmente en México.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que en el delito de huachicoleo fiscal están implicados grupos del crimen organizado en México e impuso sanciones contra empresas en Texas que compran, a su vez, combustible robado a Pemex y que trafican organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De tal forma, el mismo departamento, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), activó el pasado 1 de mayo una alerta para que todas las instituciones financieras de EUse mantuvieran vigilantes e identificaran actividades sospechosas relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos hacia su territorio. Esta actividad ilícita se ha convertido en la mayor fuente de ingresos para el crimen organizado en nuestro país, no relacionada con el narcotráfico.
Dentro de la misma alerta, se menciona que el principal modus operandi de estos grupos para robar y traficar hidrocarburos incluye el soborno o las amenazas a empleados de la paraestatal mexicana y agentes de gobierno locales, con el fin de explotar las vulnerabilidades de Pemex en las entidades donde operan estos grupos.
A su vez, la alerta indica cómo los grupos criminales, en asociación con pequeñas empresas de fachada dentro de EU, reciben el combustible en tanques de almacenamiento móviles y lo distribuyen en el mercado estadounidense y en otros mercados mundiales, donde pueden llegar a lograr ganancias de hasta 5 millones de dólares mensuales. Se advierte que las organizaciones criminales utilizan infraestructura en el estado de Veracruz y en los municipios de Altamira y Monterrey a fin de transportar el hidrocarburo a EU, generalmente etiquetándolo como “residuo petrolero” o material peligroso relacionado con la industria petrolera, para evitar su inspección y evadir las regulaciones establecidas. Asimismo, como una táctica para evitar el pago de los impuestos correspondientes.
La Secretaría de Marina ha detectado que, en los puertos de Guaymas, Ensenada, Altamira y Tampico, grupos del crimen organizado, en contubernio con agentes aduanales y diferentes empresas, burlan los sistemas de supervisión de las aduanas para el ingreso de combustible ilegal a nuestro país sin pagar impuestos.
Los buques llegan a los puertosmencionados con documentación falsa; sin embargo, desembarcan en sitios no autorizados y distribuyen el combustible por medio de pipas para su posterior repartición a distintos puntos de la República.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, dijo que este delito genera pérdidas al Estado mexicano, luego de que las autoridades estadounidenses acusaron que la corrupción “ha trastocado a todas las autoridades implicadas en instituciones como las Aduanas, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía y la de Seguridad Pública”.
