Más Información
Amnistía Internacional urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a escuchar a las familias sobre el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
“Exigimos que se reconozcan sus pruebas, se incluya a peritos independientes y se investigue a funcionarios por posibles omisiones. El país no puede tolerar más zonas de impunidad”, señaló a través de su cuenta de X.
Este martes, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, aseguró que "no hay una sola prueba que acredite" que el rancho Izaguirre era un sitio de cremación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
"Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está aprobado por confesionales testimoniales documentales", aseguró.
Indicó que en el inmueble localizaron una pequeña vasija, con fragmentos muy pequeños de huesos de una antigüedad importante.
"¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho que es lo que sí se ha encontrado, se encontraron lugares zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas, se encontraron, también se encontró una pequeña vasija, una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos de una de una antigüedad que creemos que es importante"
Lee también Instalan Comisión Permanente del Congreso de la Unión; Noroña preside la Mesa directiva
Ante estos señalamientos, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en una carta abierta dirigida a la jefa del Ejecutivo, afirmó que el fiscal miente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Le están mintiendo, Presidenta. El Fiscal General está acusando a todas las buscadoras de mentirosas”. Las madres indicaron que además de arrebatarles a sus familiares desaparecidos, ahora las autoridades ministeriales les quieren arrebatar la verdad.
“Ya nos quitaron a nuestros hijos. No permita que también nos quiten la verdad. Le están mintiendo, Presidenta. Y quien miente ve por su interés personal, pero no mide el daño que causa. La están alejando de nosotras. Justo ahora que comenzábamos a caminar juntas”, mencionaron.
Indicaron también que el fiscal general “no ha puesto un pie en el Rancho” Izaguirre.
Preocupa a Organismos Públicos de Derechos Humanos crisis de desapariciones que enfrenta el país
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) externó su preocupación por la grave situación que representa el fenómeno de desapariciones que vive el país.
En un comunicado, precisó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta marzo de 2025 se contabilizan 125 mil 232 personas desaparecidas, cifra que refleja un incremento de 7 mil 708 casos desde noviembre de 2024.
Resaltó que la única vía para superar este fenómeno que lacera al país, es fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional en los tres niveles de gobierno para que se opere como un verdadero Sistema; fortalecer estrategias de prevención en materia de desaparición; dotar de recursos, humanos y tecnológicos, suficientes a las Comisiones de Búsqueda, Fiscalías e Instituciones Forenses.
También, dijo, es necesario capacitar al personal de forma continua; consolidar la atención de las familias de personas desaparecidas a través del Sistema Nacional de Víctimas y trabajar en estrecha colaboración con familias de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil para diseñar y evaluar las políticas públicas que se generen en la materia.
“Solo así podremos garantizar que ninguna familia vuelva a buscar sin encontrar respuestas”, acotó.
Y agregó: “La Federación reconoce que la desaparición de personas en México es un fenómeno multifactorial, como se señala en el artículo 45 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es responsabilidad no solo de las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalías, sino también de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, y en general todas las instituciones del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno.
“Por ello, es imprescindible que funcione como un verdadero Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con coordinación, recursos y competencias claras para cada instancia involucrada”, indicó.
Lee también Tribunal da revés a la FGR; frena detención contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán
La FMOPDH consideró que es necesario que el gobierno federal consolide un diálogo con familias y colectivos de búsqueda.
“Resulta fundamental que no sólo se escuche a las familias y colectivos en la etapa previa a la emisión de una reforma legislativa o política pública, sino que se garantice su participación permanente mediante mecanismos de seguimiento y mejora que permitan ir adaptando las políticas institucionales a la realidad social que se pretende atender con trabajo colaborativo y continuo con las familias de las personas desaparecidas”, expresó.
Destacó que las iniciativas locales han dado pasos significativos. En Coahuila, se creó el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) en Saltillo que opera con un enfoque masivo y multidisciplinario para la identificación forense de restos humanos, como respuesta al rezago y a las demandas de las familias de desaparecidos.
En Guanajuato, la implementación de los módulos del Centro de Atención y Servicios del Estado (CAS) para la toma de muestras genéticas., mientras que en la Ciudad de México, el gobierno capitalino instaló en 2025 el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas y recién dio a conocer su Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, la cual fue diseñada, discutida y ajustada en consenso con familias de personas desaparecidas y sociedad civil.
Resaltó que es indispensable incorporar las aportaciones de organismos internacionales, nacionales y locales de derechos humanos, así como las propuestas de las familias afectadas.
Urgió la emisión del Reglamento de la Ley General de Desaparición, previsto desde 2017, instrumento esencial para articular responsabilidades entre la Ley General, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y las legislaciones estatales.
em/bmc
