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Amnistía Internacional (AI) externó su preocupación por la creciente militarización en el país, al señalar que las Fuerzas Armadas han asumido funciones civiles en materia de seguridad ciudadana, migración y megaproyectos como el Tren Maya, aumentando el riesgo de vivir violencia particularmente para mujeres indígenas y migrantes.
A través de un comunicado, denunció que existe una política de desgaste implementada por el Instituto Nacional de Migración (INM), que detiene y traslada forzadamente a mujeres y niñas migrantes hacia el sur del país.
“Las recomendaciones de este Comité y de la Suprema Corte de Justicia de México –que prohíben detenciones migratorias mayores a 36 horas, declaran inconstitucionales las revisiones en carretera y ordenan un registro público de personas migrantes detenidas–, siguen sin cumplirse”, expresó.
Señaló que en diversas entidades del país y a nivel federal, persiste la ausencia de políticas efectivas para eliminar la violencia por razón de género, en particular las desapariciones, la trata de personas y los feminicidios.
“La desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es un fenómeno generalizado en todo el país, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado, como Guerrero, y en puntos estratégicos de trata, como el Estado de México”, mencionó.
Destacó que la situación de feminicidios en México sigue siendo alarmante: “Las organizaciones hemos documentado deficiencias en las investigaciones, en ocasiones precedidas por desapariciones, porque se pierden evidencias y no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación. Tampoco se aplica adecuadamente la perspectiva de género. La mayoría de los casos quedan en impunidad”.
Enfatizó además que el Estado ha sido omiso en la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, que suman más de 129 mil. En su mayoría mujeres, quienes realizan la búsqueda, enfrentando todo tipo de riesgos, desde agresiones por parte del Estado y el crimen organizado, hasta su asesinato y afectaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales.
Expuso que la violencia contra mujeres trans es alarmante, pero sus homicidios no se reconocen como transfeminicidios.
“Trabajadoras sexuales y defensoras trans son asesinadas en espacios públicos incluso por el crimen organizado, y mujeres lesbianas enfrentan violencia correctiva que intenta cambiar su orientación sexual. Sin embargo, la falta de datos desglosados sobre estas violencias dificulta su prevención”, agregó.
mahc/apr
