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Amnistía Internacional (AI) llamó a la Fiscalía de Michoacán investigar el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez y a combatir la corrupción que viven productores del cítrico en la zona.
En su cuenta de X, precisó que las acciones realizadas por las autoridades de ese estado no han sido suficientes para erradicar los problemas que enfrentan.
“Los productores de limón enfrentan graves problemas derivados de la extorsión y la compra de su fruto a bajo costo”, señaló.
Hace un par de días, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial de una ley general de extorsión y de reformas al Código Penal Federal y al Código Penal de Procedimientos Penales, para unificar en todo el país el delito de extorsión, que se perseguirá de oficio y podrá ser denunciado por las víctimas de manera anónima.
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La propuesta incluye tipificar como delitos graves la emisión de comprobantes fiscales falsos y el contrabando, en momentos que se ha incrementado el tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos.
También prevé la persecución de oficio a dichos actos ilícitos y penas de hasta 25 años de prisión para los responsables.
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