Más Información
Magistrados, jueces y trabajadores consideran que las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación (Segob), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación no tienen competencia para intervenir en asuntos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y agregaron que las amenazas no van a tambalear el paro que mantienen desde el pasado miércoles.
Lo anterior, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que la SHCP solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejar de cubrir los salarios y despedir a quienes están en paro laboral desde el 19 de agosto en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación que pretende que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, entre otros planteamientos.
Los servidores públicos que permanecen a las afueras de las distintas sedes, señalan que el paro no es como tal una huelga, sino una suspensión indefinida de actividades, que a su vez es simbólica, pues continúan impartiendo justicia fuera de sus oficinas.
Por este motivo, toman el documento de la SHCP como amenazas ordenadas por el Jefe del Ejecutivo federal para detener la protesta.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador es el autor material de las injurias que estamos viviendo los juzgadores, y sus subordinados son los autores materiales, esos actores políticos que despedirán de manera injusta a 45 mil empleados y hoy amenazan con despidos o dejarnos sin sueldo. Nuestro trabajo es valiente y sus amenazas no nos van a tambalear”, aseguró el magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano.
Agregó que despedir gente o quitar sueldos es un acto arbitrario, de tiranía, de absoluta venganza, “pues dijo el Mandatario [federal] que cuando se publique su ley van a despedir a 45 mil empleados del CJF”.
Alejandro Lozano, integrante del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, remarca que los órganos jurisdiccionales del PJF son autónomos y la SHCP o el gobierno federal no pueden bloquear su acceso a la libertad de manifestarse.
“Nos parece redundante el hecho de que se quiera aplicar la ley para reprimir a trabajadores que ejercen su libre derecho a manifestarse, pero no la apliquen para evitar que se nos afecte como se planea con la reforma; es una incongruencia que demuestra que los actores políticos responsables de esta decisión tienen algo personal en contra del PJF”, denuncia.
Lee también: Gobierno desconoce paro en Poder Judicial y amenaza con despidos
El secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), Juan Alberto Prado Gómez, explica que la SHCP, Gobernación y la Procuraduría Fiscal de la Federación no tienen competencia para intervenir en asuntos del PJF.
“No tenemos nada que ver con Hacienda, estas acciones son del mismo gobierno para querer atacar a los trabajadores, pero sabemos cuáles son nuestros derechos y no nos vamos a dejar amedrentar con este tipo de amenazas, vamos a seguir adelante… Están intentando intimidar a los trabajadores con el salario, sabemos que nuestra causa es justa”, resalta.
Prado Gómez subraya que el encargado para los pagos de empleados del PJF es el CJF, un órgano autónomo e independiente y tiene su presupuesto entregado desde el inicio del año.
Jueces que solicitan anonimato por temor a represión y que están amenazados acusan que en caso de aprobarse la reforma, van a ser los primeros en ser destituidos y se les iniciarán carpetas de investigación.
Aseguran al Gran Diario de México que el documento de la SHCP tiene la intención de presionar.
Precisan que el CJF tiene plena autonomía, no sólo en cuanto a su organización, funcionamiento, sino también con relación a su presupuesto, y no es un paro total.
Detallan que en la circular 16/ 2024 se estipula brindar trámite a los casos urgentes y se atiende en cada una de las materias lo que es civil, laboral, administrativo y penal, eso no se ha detenido.
Lee también: PAN presenta “reforma judicial alterna” con jueces sin rostro y elección popular de Judicatura
“En el caso del oficio de la SHCP, el Consejo de la Judicatura puede recibirlo, pero al final de cuentas, el CJF pertenece a otro Poder de la Unión, y un poder no tiene facultades sobre otro poder, así que el presupuesto ya está, seguimos protestando, pero trabajando. No hay una violación, estamos haciendo el ejercicio de un derecho fundamental, que es precisamente la independencia judicial, que está previsto en el 17 Constitucional”, argumentan.
Refieren asimismo que las dependencias pueden hacer un exhorto, pero hasta ahí, porque la única decisión del pago es con base en lo que determine el pleno del CJF.
“Tenemos un doble discurso, el Presidente de la República dice que nosotros como trabajadores tenemos el derecho de manifestarnos y que a la sociedad no le interesa el paro… Este paro no va encaminado a la sociedad, sino a ejercer presión como un poder autónomo y que vean lo importante que es el PJF”, puntualizan.
A su vez, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, se reunió con funcionarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de documentar los preocupantes avances de las reformas promovidas por el gobierno de México para afectar la independencia judicial y la nula disposición a la negociación.
También hicieron saber del acrecentamiento del clima de hostilidad en contra de la judicatura, como consecuencia de la decisión de someter a votación la suspensión de actividades ante dicha reforma y la nula disposición de negociación por parte de los legisladores y el Poder Ejecutivo, violando así las convenciones internacionales.
