Cerca de 300 organizaciones, académicos, activistas y universidades en favor de los migrantes de México y Estados Unidos alistan una estrategia legal ante la amenaza del presidente electo estadounidense Donald Trump de hacer deportaciones masivas de indocumentados.
Una de las cabezas de este movimiento es la activista Eunice Rendón Cárdenas, de la organización Agenda Migrante, con presencia en México, Estados Unidos y Centroamérica, quien señala como primer paso que los consulados mexicanos en EU cuenten con los recursos económicos necesarios para la defensa de los connacionales.
“En 2017, en el primer periodo de Trump, logramos que los consulados tuvieran un recurso para la protección y defensa migrante”, destaca. La otra parte de la estrategia, asegura en entrevista, consiste en una campaña de difusión de los derechos de los connacionales.
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“Es necesario poder brindar a la comunidad información de sus derechos, pues, aunque suene muy obvio, la gente no los conoce. Ya pasó con Trump, que cuando detenían a alguien en una redada ellos mismos empezaban a dar mucha información de su caso y eso los jodía”, indica.
El presidente de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, Juvencio Rocha Peralta, reconoce a su vez que por ahora “estamos en el limbo” en espera de ver si Trump cumplirá la amenaza de deportar a un millón de migrantes al año.
“Estamos listos para la defensa, ya tenemos contactos con abogados y otras organizaciones. Esperamos que el discurso y las acciones sean menos severos, ya que afectarán gravemente la economía estadunidense”, dice a EL UNIVERSAL.
De entrada, adelanta, ya empezaron con una campaña de difusión para advertir de los riesgos de redadas y deportaciones masivas, así como los mecanismos de defensa, “pero todo es incertidumbre, hasta que no inicie el nuevo gobierno y conozcamos las acciones ejecutivas que firmará. Hay que esperar”.
Rocha, quien conoce cómo actúa el magnate neoyorquino, confía en que el sector empresarial de Estados Unidos presionará para “suavizar” las amenazas, porque las deportaciones afectarán sobre todo a la producción de alimentos, la industria y la agricultura, pero también al sector servicios, donde cientos de miles de pequeños comercios como restaurantes y hoteles dependen de la mano de obra de millones de migrantes. “Trump, en caso de actuar irracionalmente con acciones ejecutivas que incluyan deportaciones masivas con el uso de militares, pondrá en riesgo su capital político, porque los empresarios no están dispuestos a perder millones de empleos y de dólares para que cumpla sus promesas de campaña”, apunta el líder y activista.
Trump anunció que está dispuesto, desde el 20 de enero de 2025, cuando asumirá el cargo, a aplicar una estrategia de deportaciones masivas de migrantes indocumentados, utilizando al ejército y declarando una emergencia nacional.
Rendón agrega: “La recomendación es: en caso de una detención no digas nada y busca un abogado. Otra cosa que hace mucho la comunidad latina es: ‘no, yo aquí veo y sin abogado, porque me va a costar’. Eso es un error, porque al final el proceso sí puede tener un giro muy distinto cuando tienes un abogado”.
Recomienda asegurarse de que los abogados y gestores en temas jurídicos estén en la lista de profesionales permitidos en EU, porque hay muchos engaños.
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Destaca que el gobierno mexicano debe reforzar las alianzas de los 52 consulados en EU con bufetes de abogados y organismos como la Unión Estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), para poder apoyar y asesorar a los connacionales.
“Es difícil que ellos pongan el abogado para todos los casos, pero sí pueden dar una asesoría general y que pueda eso ayudar en beneficio de la comunidad. Incluso, hacer clínicas jurídicas dentro de los consulados o talleres que puedan reforzar los conocimientos”, sugiere.
Recuerda que en Estados Unidos existen 56 cortes de migración con 3.5 millones de casos pendientes, es decir, gente que está ahí en espera de saber si son deportadas o no.
“De ese universo de personas 2.5 millones no tienen una defensa legal y eso es algo muy importante para lo que se tiene que hacer. Ahí es donde queremos incidir, porque cambia mucho el resultado de alguien que desde el principio tuvo una asesoría legal y alguien que no”, dice.
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La activista prevé que Trump hará declaraciones cada vez más duras, como la amenaza de deportaciones masivas y tratar el tema como parte de la seguridad nacional. “Eso tiene algunas limitaciones [legales], como ya lo han dicho los abogados de la asociación de defensa de derechos civiles de Estados Unidos [ACLU], con quienes también hemos trabajado. Esto se irá a las Cortes”, afirma.
Agrega que la deportación en masa enfrenta limitaciones, pues el republicano ha planteado detener a un millón de personas al año y logísticamente no es fácil, aunque la Guardia Nacional dé su apoyo.
“Detener a un millón de personas al año requiere no sólo detener a los que cruzan en la frontera, sino meterse también un poquito tierra adentro, o sea, migrantes que ya están ahí desde hace tiempo, y para eso pues requiere meterse casi casi a sus casas”.
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Advierte que Trump realizó mecanismos de revisión atípicos en su primer mandato, por ejemplo, citaban a la gente en la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para renovar su dirección y cuando llegaban los detenían y deportaban o los recluían en un centro de detención. “Entonces, hizo ese tipo de trampas y también de pronto hizo revisiones ad hoc. Iban a zonas donde sabían que había migrantes indocumentados; iban a buscar a una persona, pero mientras iban tocando en varias casas encontraban a otros que tampoco tenían papeles y se los llevaban”, dice.
Recuerda que Estados Unidos cuenta con una ley de migración que protege a las personas y se estaría violando esa ley. “Entonces legalmente es una batalla que sí se puede dar”, sostiene.
El escenario no es el mejor, acepta Rendón, pues ahora Trump tendrá mucha influencia en los tribunales, pero sobre todo en la Suprema Corte, donde ya nombró a tres jueces y el próximo año deberá hacer dos nombramientos más.