Alberts Ponce tramita amparo contra FGR

El empresario Jorge Enrique Alberts Ponce, acusado de integrar la red de huachicol y tráfico de armas liderada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, tramitó un amparo para que la FGR le devuelva un inmueble que le aseguró.

El juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, le concedió la suspensión provisional sólo para el efecto de que la propiedad se mantenga en el estado que se encuentra y no sea enajenada, rematada y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) no disponga de la misma, en tanto no se resuelva el amparo.

Según la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR), en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025, Alberts Ponce, conocido como Yoryi o Licenciado, es uno de los principales líderes de la organización criminal de Rocha Cantú, con presencia en Querétaro y la Ciudad de México.

La investigación indica que se encargaba de administrar empresas fantasma que servían para el tráfico y venta de armas al Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo y a la Unión Tepito.

También administraba las empresas comercializadora de bienes Segurimex, SAPI de C.V., Servicios Terrestres de Seguridad Privada S.A. de C.V. (Seter), Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon S.A. de C.V., y Dinámica Seguridad Privada Consultores S.A. de C.V, las cuales utilizaba para facturar servicios de seguridad y custodia.

“Coordinan el remarcado de armamento bélico, el cual posteriormente distribuyen a grupos delictivos, entregando licencia de portación a nombre de las citadas empresas de seguridad, lo que impide que sus portadores sean detenidos en flagrancia”, señala la pesquisa

“Otra actividad delictiva coordinada por éste, es la obtención ilegal de inmuebles, a través del despojo. Su forma de operar es localizar inmuebles aparentemente abandonados, donde meten a personas a cuidarlos y posteriormente obtienen la escritura correspondiente a través de notarios y personal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México, después piden préstamos millonarios dejando en prenda el inmueble obtenido ilícitamente”.

De acuerdo con la investigación de la FGR, así logró reunir un aproximado de 160 millones de pesos en propiedades.