“Yo como mamá tengo derecho a saber la verdad”, dice la madre de Jheralding Marcela Pantoja Botero, mujer colombiana que murió el pasado 6 de febrero en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) 16, en Coatlán del Río, Morelos. Su caso es el último de una serie de 21 suicidios registrados desde 2020 en el penal federal.
Jheralding fue detenida en México por presunta posesión de armas. Se le aplicó prisión preventiva oficiosa y fue recluida en el Cefereso 16 durante siete años sin sentencia. Su madre, Mónica Botero, rechaza que el deceso de la mujer fuera un suicidio.
“Mami, ya mero salgo y apenas llegue a Colombia, quiero que me prepare mi comida preferida”, le dijo la joven colombiana a Mónica poco antes de su fallecimiento. Tras enterarse del deceso e inconforme con la versión de las autoridades, Mónica viajó a México para la repatriación del cuerpo e iniciar una carpeta de investigación por feminicidio.
No es un caso aislado
Tras la muerte de Jheralding, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para esclarecer las presuntas violaciones a los derechos de la reclusa y la aplicación de los protocolos de atención en el caso.
No fue la primera vez que la institución se pronunció por hechos ocurridos en el Cefereso 16, pues en 2024, la Comisión emitió recomendaciones por los suicidios de 13 mujeres en el penal registrados entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de 2020 a 2025, 21 mujeres se han quitado la vida en esta cárcel. Las cifras superan significativamente al segundo penal federal con más suicidios en el mismo periodo: el Cefereso 12, que contabiliza 13 suicidios desde 2020.
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Una política de “ahorro” que cobra vidas
Viridiana Molina, quien se convirtió en activista tras ser absuelta de los cargos que la llevaron a estar recluida en el Cefereso 16, atribuye el aumento de suicidios a la concentración de mujeres privadas de la libertad por delitos tanto del fuero federal como del fuero común.
La convivencia de reclusas por delitos de distinto orden tiene su origen en una serie de acuerdos del gobierno federal, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las empresas encargadas de administrar las cárceles.
Las negociaciones se realizaron luego de que el exmandatario se quejara de un gasto “leonino” en los penales federales, pues los contratos del Estado con las empresas que operan las prisiones implicaban un gasto fijo mensual, con independencia del número de personas reclusas en los Ceferesos.
“El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, destacó Rosa Icela Rodríguez, durante una conferencia matutina del 22 de abril de 2021, cuando aún fungía como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ante este panorama, en 2021, el gobierno acordó medidas para generar un ahorro de más de 10 mil millones de pesos, entre ellas, el traslado de personas recluidas en penales estatales a cárceles federales, como el Cefereso 16. Así, personas privadas de la libertad por delitos del fuero común, como homicidio y extorsión, terminaron bajo el mismo techo que aquellas procesadas por delitos del fuero federal, como narcotráfico y delincuencia organizada.
La activista Viridiana Molina explica que el traslado generó un fuerte impacto en las mujeres que llegaban de penales estatales, pues las internas venían de un ambiente menos restrictivo, con llamadas, visitas conyugales y mayor comunicación con su familia. “Metes a alguien (que no estaba acostumbrada) a un sistema de manos atrás, cabeza abajo y pegadas a la pared”, describe.
“(Todas las reclusas) tienen el mismo derecho, pero no el mismo trato. Por normativa, la seguridad tiene que ser completamente distinta”, explica en entrevista Verónica Rugerio Sánchez, maestra en Derecho Penal.
Geovana C., quien también fue interna en el Cefereso 16, recuerda en entrevista las llamadas dentro del penal, que se limitaban a un máximo de 10 minutos. “Todas somos mamás y no se puede hablar sólo 10 minutos con nuestros hijos; en 10 minutos hablarle al abogado, en 10 minutos hablarle a tu mamá, preguntarle a tu hijo cómo está… 10 minutos no alcanza”, asevera.
La reubicación también alejó a las familias de las internas, que ahora debían recorrer largas distancias. En muchos casos, esto imposibilitó las visitas frecuentes, lo que derivó en el abandono de varias mujeres.
Al mismo tiempo, en el penal comenzaron a reportarse dinámicas de extorsión y venta de objetos entre las reclusas, una práctica común en las prisiones estatales. “Hubo extorsiones a los familiares de internas por medicamentos. Les decían: ‘es que yo le di cinco pastillas, ahora las tiene que pagar.’ Eso antes no existía”, señala Molina.
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Denuncian falta de adecuada atención psicológica
Viridiana Molina señala a Gabriela Cerón, exdirectora del Cefereso 16, como responsable de repartir antidepresivos a “diestra y siniestra”, tras la destitución de su predecesora: María de los Ángeles García.
Geovana C. coincide en que no hay un control adecuado en la administración de medicamentos dentro del centro penitenciario y señala también una atención precaria a la salud mental de las internas. Recuerda que, cuando fue cambiada de pabellón sin justificación, solicitó atención psicológica porque “la incertidumbre la mataba”, pero la respuesta que recibió fue: “Ya está aquí, ¿ya qué puede hacer?”.
Mónica Botero señala que, durante las videollamadas de 10 minutos con su hija, en algunas ocasiones la veía con golpes, pero Jheralding se limitaba a decir que había tenido problemas con una custodia. A veces la veía “dopada”, pues estaba siendo medicada, sin embargo, Mónica nunca tuvo conocimiento de qué medicamento se le estaba administrando.
Ante los cambios desatados por el traslado de reclusas estatales y la deficiente atención psicológica, el número de suicidios se disparó en el Cefereso 16, alcanzando su pico más alto en 2023, con 11 casos registrados.
Aquel año, la CNDH publicó un informe especial junto al Mecanismo Nacional de Prevención y Tortura (MNPT), respecto a la situación en el penal. El documento señala que los traslados de otros centros penitenciarios son un factor de riesgo para la salud mental de las mujeres.
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La obstaculización en la comunicación con el exterior también fue considerado como factor de riesgo. Además, se concluyó como insuficiente el personal de seguridad, custodia, técnico, de psicología, trabajo social, criminología y médico.
El informe realizó entrevistas a las reclusas y encontró que el 26% de las mujeres consultadas tenían sentimientos de desesperanza severa, 34% de ellas se encontraban en riesgo alto de cometer acciones contra su vida y también se detectaron problemas asociados al consumo de drogas. El 86% de las reclusas entrevistadas eran madres de niños pequeños.
“La salud mental en los centros penitenciarios de México es una crisis urgente y muy desatendida. De acuerdo con la CNDH, más del 30% de las personas que están privadas de la libertad tienen algún tipo de trastorno mental. Sin embargo, menos del 10% recibe cualquier tipo de atención especializada”, explica en entrevista Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de la organización Reinserta.
Durante su estancia en la cárcel, Geovana escuchó que varias internas se estaban suicidando hasta que fue testigo de uno de los decesos. Un día, mientras se encontraba en su celda, presenció la muerte de una de las internas vecinas. “La chica estaba muy mal, le había ido mal en su audiencia y estaba automedicada. Empezamos a oír muchos gritos y fue demasiado, impactante”, rememora.
El pasado 6 de marzo, el juez del Décimo Distrito del estado de Morelos, Horacio Hernández Sotelo, ordenó a la Secretaría de Salud elaborar una política de estado en materia de salud mental para las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16 y garantizar personal psiquiátrico para evitar más suicidios.
“No olvidemos que la salud mental no puede seguir siendo una deuda silenciosa dentro del sistema penitenciario. Hay que humanizar las cárceles y también reconocer que el cuidado psicológico es un derecho, no un privilegio. Atender la salud mental en prisión no solo mejora la vida de quienes están dentro, sino que también la de toda la sociedad a la que eventualmente ellos y ellas van a regresar”, puntualiza Niño de Rivera.
Pese a la crisis de suicidios en el Cefereso 16, el gobierno federal continúa con los traslados de reclusos de penales estatales a federales. En 2024, en la 29 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se informó que 13 mil 319 internos de centros penitenciarios estatales fueron trasladados a penales federales. En la Asamblea llevada a cabo el presente año, autoridades penitenciarias acordaron el traslado de todavía más reos de centros estatales a federales con el fin de “despresurizar” los penales en Morelos.
Mónica Botero sigue pugnando por saber la verdad detrás de la muerte de Jheralding. “Fueron siete años estando a mucha distancia de mi hija, sin poder abrazarla, sin poderla tocar, sin poder convivir con ella, siete años de sacrificio que ella hizo porque se fue a un país a trabajar con el sueño de comprarse una casa para sacarnos adelante, para sus hijitos y no logro sus sueños, entonces como mamá solo pido que la justicia aclare todo esto”, asevera.
EL UNIVERSAL contactó al Cefereso 16 para conocer su postura ante los suicidios en sus instalaciones y las medidas que está llevando a cabo para atender los casos. Al cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta.
