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En el marco del primer conversatorio para analizar la iniciativa presidencial de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expertos y académicos destacaron que la misma pone en riesgo el ecosistema digital, es un retroceso normativo, es violatorio del tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y provocará censura y concentración de poder, además de que no cuenta con candados para frenar la incursión del crimen en el sector.
Se criticó a senadores de Morena, como Javier Corral, quien fue el moderador de los conversatorios y quien hace 20 años se opuso a la llamada “Ley Televisa”, pues ahora es defensor de lo que ha sido calificado como Ley Censura.
El presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, denunció que ese sector está sobrerregulado y advirtió que la iniciativa de nueva Ley de Telecomunicaciones otorga facultades ilimitadas y discrecionales a la Agencia de Transformación Digital que ponen en riesgo la libertad de prensa y de expresión.
En el Senado, el representante de los radiodifusores demandó que no se concentre en una sola persona la facultad para sancionar a empresarios y hasta revocar concesiones.
“Creo que es el momento de que en estas leyes secundarias podamos acotar la discrecionalidad que pueda tener la agencia, para que no se actúe de manera arbitraria. No hay que criticar a nadie, pero a veces la gente que está en el poder busca controlar a los medios de comunicación”, dijo.
Gabriel Contreras Saldívar, expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, advirtió que de aprobarse en sus actuales términos la iniciativa para la expedición de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se violarían los términos del T-MEC.
Al participar en el primer día de conversatorios sobre la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum organizados por el Senado, Contreras Saldívar puntualizó que en el proyecto hay claras violaciones al T-MEC, “concretamente en el artículo 22, que es una norma genérica de protección de inversiones que tiene que ver con que el Estado no puede darles un trato preferencial a empresas propias que están compitiendo en el mercado”.
Detalló que “ha sido tradicionalmente un sector muy complejo en nuestro país; entonces, además de las normas generales, se incorporaron en el capítulo 18 disposiciones específicas que se verían violadas”.
El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo Torres Coto, expuso que la iniciativa de ley no sólo es un retroceso normativo, sino que amenaza a todo el ecosistema digital del país, porque lo que se requiere es una ley con una visión de Estado para invertir y conectar a todos los mexicanos.
Adriana Labardini Inzunza, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, advirtió riesgos de infiltración del crimen en el sector con esta nueva ley.
“Tuvimos serios problemas porque no tenemos las herramientas legales para impedir que solicitantes de concesiones vinculados a grupos económicos, vinculados al crimen organizado, sean concesionarios o autorizados. ¿Lo va a tener la agencia?”, puntualizó.
Cuestionó la figura de una “agencia” cuando está contemplado en el marco legal mexicano y, en todo caso, dijo, se debería crear una secretaría.
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La politóloga y académica Denise Dresser expuso por su lado que “los críticos de ayer se han convertido en los cómplices de hoy”, en clara alusión al papel que jugó hace 20 años el senador Javier Corral contra la Ley Televisa, mientras que ahora apoya la llamada Ley Censura en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Recordó que hace 20 años se aprobó la Ley Televisa, que resultó una farsa, sin cambiarle una coma, la única diferencia en el momento actual es que ahora la mayoría es morenista, pero la intención es la misma: censura y control.
Ana Gaitán Uribe, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, advirtió que “un registro centralizado, masivo y obligatorio lo único que hace es que la población, todos estos millones de usuarios de telefonía móvil, estemos en riesgo de accesos no autorizados, ya sea por vulneraciones y ataques informáticos o por actos de corrupción que puedan tener algunas autoridades que, además, puedan estar coludidas con la delincuencia organizada”.
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Cindy Rayo Zapata, de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, expuso que el artículo 18 transitorio sobre la facultad del Ejecutivo para modificar obligaciones y contraprestaciones durante su vigencia, “podría generar incertidumbre y afectar la inversión a largo plazo”.
