Activistas reconocen a México demandas contra armadoras de EU; canciller De la Fuente y víctimas coinciden en detener suministro contra crimen

Víctimas y activistas estadounidenses contra la violencia por armas de fuego reconocieron al Gobierno de México las denuncias contra las armadoras estadounidenses porque representan “un enfoque novedoso” y “un paso adelante” en la lucha contra el tráfico ilícito.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió este jueves 19 de junio con víctimas y activistas estadounidenses contra la violencia por armas de fuego, encabezados por John Lindsay-Poland, quien coordina el proyecto “Stop US Arms to Mexico”.

En el encuentro, el titular de la SRE enfatizó la necesidad de trabajar en una estrategia más efectiva de comunicación para sensibilizar sobre el impacto negativo de este fenómeno a las comunidades de ambos países. Coincidieron en que el primer paso para combatir al crimen organizado en México es detener el suministro de armas desde Estados Unidos.

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De la Fuente también expresó sus condolencias a las víctimas y refrendó el compromiso de México para frenar el flujo de armas de fuego “y las trágicas consecuencias de su venta irresponsable”.

Las víctimas y activistas reconocieron que las demandas presentadas por México en contra de fabricantes y vendedores de armas en Boston y Tucson representan “un enfoque novedoso” y “un paso adelante en la lucha contra el tráfico ilícito de armas”. Consideraron como un precedente el hecho de haber visibilizado el tema a nivel de la Suprema Corte estadounidense, “que desafía la inmunidad que protege a la industria armamentista y contribuye a que rindan cuentas frente a la ciudadanía”.

Mencionaron que aproximadamente 45 mil personas mueren anualmente en Estados Unidos por armas de fuego, que más de 1.3 millones de personas han sido heridas por estas mismas armas desde la matanza de ‘Sandy Hook’ en diciembre de 2012, y que son las mismas armas, vendidas en territorio estadounidense las que cobran víctimas en ambos países.

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La Cancillería indicó que en el encuentro se resaltó la importancia de abordar la problemática de la violencia por armas de fuego a través de un enfoque de salud pública, que incluya como componente central a la salud mental y emocional, así como desde una perspectiva de seguridad pública.

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la demanda en la que México acusó a fabricantes de armas de fomentar violencia de los cárteles.

El fallo unánime desestimó el caso bajo las leyes de Estados Unidos que en gran medida protegen a los fabricantes de armas de responsabilidad cuando sus armas de fuego son utilizadas en delitos.

"La principal alegación de México -que los fabricantes optan por vender armas a, entre otros, conocidos traficantes deshonestos- no cumple con ese requisito", declaró la jueza Elena Kagan.

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