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Pese a estar inhabilitadas por siete años para obtener contratos de la administración pública federal, un grupo de empresas del sector médico y farmacéutico están participando en el proceso de varias licitaciones para distintos servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con denuncias de jefes de las áreas médica y administrativa.
En la licitación pública electrónica internacional bajo la cobertura de tratados para contratar servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico compiten Centrum Promotora, en participación conjunta con Disimed S.A. de C.V. y Medicash S.A.P.I. de C.V. con una oferta de 3 mil 489 millones 997 mil 433.83 pesos; y también Impromed S.A. de C.V., que ofrece una propuesta de 2 mil 969 millones 855 mil 285.39 pesos.
Estas empresas, señaladas como el Cártel de la Sangre, fueron inhabilitadas por siete años por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en agosto de 2022 por evadir las reglas de licitación, prácticas monopólicas y vender a sobreprecio; y también se les impuso una multa de 100 millones 243 mil pesos.
Otras empresas inhabilitadas también están participando mediante compañías que sirven como prestanombres, de acuerdo con la denuncia de los funcionarios y quejas de otros proveedores que las ligan.
Actualmente se encuentran bajo licitación los servicios de estudios de laboratorio clínico (15.3 mil millones de pesos), el banco de sangre (5.7 mil millones) y el servicio médico integral de anestesia (6.4 mil millones).
Y en los próximos días se darán a conocer las convocatorias para Hemodinamia y radiología intervencionista (2.4 mil millones de pesos), servicio médico integral para trasplantes (1 mil millones de pesos), hemodiálisis interna (3 mil millones de pesos), tamiz metabólico neonatal ampliado (706.5 millones de pesos), y servicio médico integral para procedimientos de mínima invasión (3.7 mil millones de pesos). En total, las licitaciones alcanzan un monto por 38.4 mil millones de pesos.
Además de permitir que participen empresas inhabilitadas, el IMSS modificó la convocatoria original, con anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Oficio No. UN/700/TU /AD/2023), en contra de lo que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 28, fracción II, para licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, para permitir la compra de insumos médicos sin que los proveedores comprueben el origen de estos.
El testimonio anónimo, por miedo a represalias, de uno de los funcionarios del Seguro Social involucrados en el proceso de licitación señala que la modificación se realizó para beneficiar a ciertos proveedores.
Porque así pueden ofertar productos chinos o taiwaneses de baja calidad y más económicos para “abaratar costos” en sus propuestas económicas, en lugar de ofrecer insumos de Estados Unidos, Alemania o Japón, con mayor calidad.
Dicha modificación de fondo a la convocatoria debió obligar a que el proceso reiniciara, porque es necesaria una nueva investigación de mercado. De hecho, hubo reclamos de otras empresas participantes por la afectación que les causó, pero la licitación continúa con dicha irregularidad.
Pero aún más grave, refiere, es que dicha situación pone en riesgo a millones de derechohabientes, porque podrían adquirirse insumos o contratar un servicio con especificaciones inferiores a las requeridas.
“Son insumos que requieren altos estándares de calidad, porque se usan dentro de los pacientes o como parte de equipamiento que es ‘soporte de vida’, es decir, que se pone en riesgo la salud y vida de los pacientes. Por ejemplo, los equipos o instrumentales para una cirugía de corazón o en un infarto o en los trasplantes”, explicó.
Dicha irregularidad no se había presentado antes, porque siempre se exigió a los proveedores comprobar que los insumos provinieran de países con los que México tiene tratados firmados, especificó el denunciante.
Sin embargo, los cambios fueron obligados por la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPSMA), donde se ha suscitado el despido de cuatro jefes de área por negarse a aprobar las modificaciones en las licitaciones, y hostigamiento a otros trabajadores para que acepten sus condiciones.
De acuerdo con documentos en poder de EL UNIVERSAL, el pasado 19 de junio varios jefes de área denunciaron las irregularidades al director general Zoé Robledo, a la titular de la Dirección de Prestaciones Médicas, Célida Duque Molina, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.
“Todo este proceso está viciado. En la junta de aclaraciones se está cambiando el punto a la legislación y la ley lo prohíbe. La ley dice: si tú cambias el fondo de tu convocatoria, entonces tienes que iniciar una investigación de mercado de nuevo e iniciar un proceso nuevo. Y entonces pareciera que puedo estar dirigiendo una compra, porque ya no le permití a otras proveedurías participar, porque desde un inicio no les di esa condición”, explicó el testimonio anónimo.
