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Abogados constitucionalistas señalaron que es necesario conocer los asuntos en los que tuvo injerencia el Presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el Ejecutivo federal señaló la mañana de este miércoles que cuando el presidente de la Corte era el exministro Arturo Zaldívar la actual administración intervenía en algunos casos.
“La intromisión es terrible; una violación que no tiene precedentes. Violar la división de poderes, vulnerar la autonomía, la independencia de criterio y, sobre todo, descalificar la actuación de los miembros del Poder Judicial de la Federación es algo terrible.
“Desafortunadamente, la actuación de la Fiscalía General de la República, que no es autónoma, que es un fiscal al servicio del Presidente de la República, ha actuado más por consigna que por verdaderamente cumplir con su poder, que garantizar el estado de Derecho, respetar los derechos humanos, cuidar las formalidades del debido proceso”, recalcó a EL UNIVERSAL Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.
El legista calificó como “preocupante” la confesión del Ejecutivo federal durante su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional.
“Es muy preocupante para el estado de Derecho, para los mexicanos, para la democracia, para la división de poderes, que el Titular del Ejecutivo Federal pretenda someter, intente colonizar o, finalmente, busque, a costa de lo que sea, el control absoluto del Poder Judicial”, dice.
Destaca que bajo la bandera de paridad de género, y de reconocer la oportunidad de que las mujeres puedan ocupar cargos fundamentales en la administración pública, el Presidente ha impuesto a personajes que no garantizan la autonomía, la independencia, la libertad de criterio jurisdiccional ni la defensa de la Constitución y el Estado de derecho.
La abogada Catalina Pérez Correa señaló que los dichos del Presidente demuestran que “en su visión del Estado, los jueces deben estar subordinados al Poder Ejecutivo. Nuestro sistema constitucional, en cambio, considera una división de poderes, sin que uno sea jerárquicamente superior a otros y que no es afín a una república democrática”.
Sostuvo que “de ser cierto lo que dice sobre Zaldívar, muestra que el expresidente de la Corte pidió a jueces violar los derechos del debido proceso. Es decir, no atender las normas que los obligan como jueces”.
Refirió: “¿Quién es el que decide quién es culpable en este país? ¿Quién es ese juez supremo que si señala a alguien como culpable, los jueces del poder judicial deben obedecer y encarcelar? Es decir: hay quien en este país señala de culpable a alguien, lo informa al Presidente, y, a partir de este señalamiento se genera la expectativa de que permanezca en la cárcel, sin recurso judicial. Todos sabemos quiénes en este país hacen ese señalamiento y ello hace más importante la defensa de la labor de los jueces”.
Para el abogado Juan Velásquez, la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador además de ser desafortunada, confirma una vez más su falta de respeto por la división de poderes, esencial en una democracia.
“Con esto también vimos a una Suprema Corte de Justicia de la Nación que debiera ser una institución absolutamente independiente del Poder Ejecutivo”, acota.
Aclara que el hecho de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, saliera de prisión no significa de ninguna manera impunidad, porque, argumenta, si a final de cuentas es declarado culpable, tendrá que regresar a la prisión.
“En todos los países civilizados del mundo, la prisión preventiva se aplica analizando cada caso individualmente, para determinar o no su procedencia. El problema es que aquí en México pensamos que porque una persona enfrenta su juicio en libertad, ya goza de impunidad y no será castigada, lo que es una óptica muy limitada de ver las cosas”, añadió.
