A juicio, sólo 3% de casos de corrupción

Durante 2023, las fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción en México iniciaron 15 mil 356 carpetas de investigación, de las cuales 5 mil 900 fueron determinadas o tuvieron algún tipo de resolución; 489 fueron vinculadas a proceso y en 128 se dictaron sentencias condenatorias, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Anticorrupción 2023-2024 realizado por la organización TOJIL.

De las 5 mil 900 determinadas, solamente 885 (6%) fueron presentadas ante un juez y únicamente se iniciaron procesos penales en 576 casos, es decir, 3% del total.

Además, se registraron 2 mil 846 casos que fueron enviados al archivo temporal. Durante el mismo periodo, en 13 fiscalías anticorrupción del país no se obtuvo ninguna sentencia y en Tamaulipas y Guerrero no se reportó ningún caso judicializado.

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En conferencia de prensa, Adriana Greaves Muñoz, cofundadora y codirectora de TOJIL, advirtió que la falta de presupuesto para las fiscalías anticorrupción, infraestructura, recursos humanos y materiales dan resultados deficientes a pesar del esfuerzo de los fiscales y trabajadores, quienes a marchas forzadas atienden hasta 90 casos en promedio. Por ello, ayer llamó a los legisladores a arropar a estas dependencias, destinar más presupuesto y no abandonar a los agentes ni a la ciudadanía.

“Las fiscalías hacen el trabajo que nadie quiere hacer, que es poner el dedo e investigar a los funcionarios públicos, a los empresarios, a las demás personas que abusan del poder para obtener un beneficio particular (...) Son personas de carne y hueso detrás de estas fiscalías anticorrupción, están poniendo en riesgo su vida y muchas veces con recursos y muy limitados”, lamentó ayer.

El análisis señala que las fiscalías anticorrupción integran carpetas de investigación a partir de diversos mecanismos de denuncia. En promedio, de cada 100 de esas indagatorias iniciadas, menos de seis llegaron a manos de un juez, y apenas tres se convirtieron en proceso penal.

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Hubo 13 fiscalías anticorrupción, 40%, que no obtuvieron una sola sentencia en 2023. Señaló que a nivel federal prevalece una situación irregular que no ocurre en los estados.

Aunque desde marzo de 2019 entró en funcionamiento la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, adscrita a la FGR, por decisión del fiscal general se ha mantenido en operación la Unidad Especializada en Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, que de forma discrecional inicia o atrae una mayor proporción de casos de corrupción, con menor efectividad en comparación con la especializada.