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Michoacán.— La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán terminó pagando 5 mil 186 millones de pesos por los proyectos ejecutivos, arrendamiento, mantenimiento y adquisición de los siete cuarteles regionales de la policía estatal durante la administración del perredista y hoy prófugo de la justicia Silvano Aureoles Conejo (2015-2021).
Sin embargo, muchas de estas construcciones presentan vicios ocultos y problemas en la construcción e instalación. Incluso, les faltan bardas, tienen goteras y hay dos cuarteles que no están en funcionamiento, como el de La Piedad y el de Las Cañas, donde ya buscan la manera de echarlos a andar.
Otros cuatro, de los siete cuarteles, son los que registran más problemas: el de Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zamora.
Estas adquisiciones le generaron un impacto en la parte operativa y administrativa a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de acuerdo con Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario estatal dijo que la compra ha sido un tema complicado, porque pese a tener un bien a su servicio, no se puede aprovechar de la mejor manera, ya que hay vicios de raíz.
Explica que los cuarteles tienen problemas en su construcción e instalación, y se complica cuando se le buscan hacer inversiones porque no son bienes que estén a nombre de Michoacán, sino que algunos están bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República, y la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero les permitió el uso, “pero no tenemos la propiedad”.
“Hay muchas cosas que tienen los cuarteles, con diferente problemática en cuanto a su construcción y a su instalación en cuanto a poderle meter algún recurso para el mantenimiento y eso nos ha generado el buscar una estrategia para mantener al personal de la manera más digna trabajando, pero con algo que no es tuyo, que todavía al momento no son bienes que estén a nombre del estado de Michoacán”.
“Entonces, ese es un tema que a nosotros en la Cuenta Pública tendríamos que aclarar o tendríamos que justificar de la mejor manera, porque estamos gastando un peso en un bien que está resguardado por la FGR y que no pertenece al estado de Michoacán”, reiteró.
Oseguera Cortés dijo que en los recorridos que ha hecho en los cuarteles corroboró las malas condiciones en las que estos se encuentran. “Pero hemos bajado al personal de recursos humanos y al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para darnos cuenta de las condiciones que tiene cada cuartel”.
El titular de la SSP expuso que a la llegada de la administración que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla lograron rescatar el cuartel Valladolid en Morelia.
“Pero hay otros como Zitácuaro, donde faltan algunas bardas; como Coalcomán que ya tiene un deterioro importante; Jiquilpan en donde tenemos goteras. Uruapan es de los que presentó más adversidades en su construcción”.
Juan Carlos Oseguera señaló que otros de los cuarteles con más adversidades son el de Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zamora.
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También explicó que hay dos cuarteles que no están en funcionamiento, como el de La Piedad y el de Las Cañas, donde ya buscan la manera de echarlos a andar.
“Yo creo que la mejor línea que hay en este caso, es lo que ha hecho el gobernador de invertir los pesos, transparentarlos, como ha sido el caso del C5i; como lo que se realizan todas las adquisiciones que hace la Secretaría de Seguridad Pública; del dinero que está en el Fortapaz y esa es la mejor política, invertir en el tema de seguridad”.
Consideró que para el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, la fórmula no es gastar en seguridad, sino invertir en seguridad y que eso es lo que fortalece mucho a la estrategia en esa materia.
“O sea, yo creo que la seguridad no es un negocio, no es otra situación, sino es lo que el gobernador le está dejando a Michoacán, para que podamos hacerle frente a este problema de carácter nacional e internacional en este sentido”, especificó el titular de la SSP.
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Historia
El entonces gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Silvano Aureoles Conejo, rentó, a precios estratosféricos, siete cuarteles regionales para la Policía, el 28 de septiembre de 2021 compró los mismos complejos en mil millones 552 mil pesos.
En resumen, la Secretaría de Seguridad Pública estatal pagó por proyecto ejecutivo (con una patente que no existía), arrendamiento, mantenimiento y adquisición, 5 mil 186 millones de pesos.
En compración, un cuartel de la Guardia Nacional cuesta alrededor de 50 millones de pesos; una Estación Naval Avanzada se construye en con un estimado de entre 80 y 120 millones de pesos.
Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas y Administración, por instrucciones del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, compraron a sobreprecio, siete cuarteles de la Policía Estatal.
Esos siete cuarteles habían sido arrendados, modificados y se pagaba a la misma empresa el mantenimiento de los inmuebles y de los servicios.
Para los cuarteles, el gobierno de Aureoles Conejo pagó más de 5 mil millones de pesos y la Secretaría de Contraloría estatal, comprobó que de ese total, 3 mil 468 millones de pesos, eran de procedencia irregular.
Dichas contrataciones se realizaron por adjudicación directa con la inmobiliaria DyF S.A. de C.V., entre los años 2016 y 2017.
La adjudicación directa estuvo con vicios, los cuales se pudieron acreditar, además que había proyectos ejecutivos inexistentes, la empresa no comprobó la propiedad de los terrenos donde se construyeron los cuarteles y los convenios modificatorios de mantenimiento, se realizaron sin evidencia de los servicios.
El 28 de septiembre de 2021 (dos días antes de que concluyera la administración silvanista), el gobierno del estado realizó la dispersión de los pagos a la empresa y trataron de protocolizar las compra-ventas en una notaría de la Ciudad de México.
La actual administración, a través de la Secretaría de la Contraloría, inició la auditoría de los cuarteles en noviembre del año 2021 y detalló que los complejos ubicados en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro cuentan con espacios lujosos y blindados, en contraste con la pésima calidad de las instalaciones destinadas al personal operativo.
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Por eso, el 26 de febrero de 2022, se presentó la denuncia penal por parte de la Secretaría de la Contraloría ante la Fiscalía General de la República. A la par también realizó mesas de trabajo de investigación con la Unidad de Investigación Financiera y demás fiscalías especializadas.
Con respecto al proceso de judicialización, en junio de 2023, se juntaron todas las carpetas que se estaban investigando por separado en las fiscalías especializadas.
También, en 2023, se presentó escrito de denuncia por parte de la Auditoría Superior de la Federación por un daño al erario público de mil 52 millones 222 mil pesos, sobre el mismo acto de corrupción, lo cual se integra a lo que ya se investigaba.
En 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera, envió vista de los resultados de la investigación a la Fiscalía General de la República.
A solicitud de esta última dependencia, un total de 31 servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría de Seguridad Pública, se han presentado en calidad de testigos.
En febrero de 2024 la FGR aseguró de manera precautoria los siete inmuebles donde se encuentran los cuarteles creados en la administración de Aureoles.
En noviembre de 2024, la Secretaría de la Contraloría logró la reparación del daño al patrimonio del gobierno del estado por parte de la empresa, con la cantidad de 970 millones 976 mil pesos.
En febrero de 2025, la FGR judicializó la carpeta por los siguientes delitos: peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
