Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el último día de octubre de este año, en México al menos 252 defensores de la tierra y activistas ambientales fueron agredidos con violencia letal o asesinados por motivos relacionados con su labor de activismo por el medio ambiente, según datos del organismo civil EDUCA Servicios para una Educación Alternativa A. C.
Del total de casos registrados, 225 corresponden a homicidios y ejecuciones extrajudiciales, y 27 a desapariciones, hechos que, de acuerdo con el documento, ocurrieron durante o tras realizar tareas de denuncia, visibilización y activismo en contra de actividades como tala ilegal, extractivismo de minas o cuerpos de agua, protección del medio ambiente y de Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como llamar la atención del Estado y la ciudadanía, sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos.
Según el informe, que activistas ambientales retomaron en el marco de la Anti COP-2024, Oaxaca es la entidad en donde más defensores fueron asesinados con 58 casos; le sigue Guerrero con 39; Michoacán con 21; Chiapas con 17 y Puebla, Morelos y Chihuahua con 10 homicidios.
Luego, Jalisco y Sonora con 8 casos; Veracruz con 7; el Estado de México con 6; Hidalgo, Guanajuato y Baja California con 5; Ciudad de México con 4; Zacatecas con 3; San Luis Potosí y Sinaloa con 2 y, finalmente, Campeche, Tlaxcala, Aguascalientes, Colima y Baja California Sur con un asesinato por cada entidad.
En promedio, por año fueron asesinados 38 defensores y activistas. Según las organizaciones civiles que realizaron el informe, 42 de los 225 casos de homicidio fueron perpetrados en ejecuciones extrajudiciales y, entre las 23 desapariciones forzadas, solo 4 personas aparecieron con vida.
Las luchas más peligrosas son por defender el derecho a la tierra, al territorio y un medio ambiente sano pues, del total de casos, 94 ocurrieron a activistas de este sector. En tanto, 85 defensores fueron asesinados por defender derechos civiles y políticos de las comunidades que representaban.
EDUCA informó que el Sur mexicano es el territorio más peligroso para ser defensor de derechos o activista pues los 114 homicidios ocurridos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas representan el 51% de todos los casos en México.
En 2 de cada 3 casos los agresores pertenecían a poderes fácticos o autoridades, de acuerdo con investigaciones oficiales. En 5 casos, las autoridades de Morena fueron denunciadas como presuntas responsables.
Los casos ocurrieron en Amatán, Chiapas, pues en el 2021 Noé Jiménez Pablo y José Santiago Álvarez fueron señalados como responsables. También en Tlapa de Comonfort, Guerrero; Nochixtlán, Oaxaca y San Juan Cotzocón, Oaxaca, donde Arnulfo Cerón, Claudia Uruchurtu y Sandra Domínguez fueron apuntados como los autores intelectuales de agresiones.
Del total de personas asesinadas, 140 eran indígenas y 1 era afromexicana. Mientras que el 62% de las personas defensoras asesinadas pertenecía a un pueblo indígena y el 57% eran campesinos.
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