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El Tribunal Constitucional de Perú rechazó el jueves un pedido del presidente Martín Vizcarra para detener un proceso de destitución que inició en su contra la oposición en el Congreso , en el más reciente capítulo de una nueva crisis política en el país andino.
La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledezma, dijo a Perú21 que se determinó no detener ese proceso, debido a que no consideran que exista “un riesgo” real de que el proceso avance en el Legislativo.
El Congreso tiene previsto reunirse el viernes para discutir el tema, aunque en los últimos días los legisladores que buscan la salida de Vizcarra han tenido dificultades para reunir el apoyo necesario de otros congresistas y, por consiguiente, los votos que necesitarían para seguir adelante.
Esta es la segunda vez que Vizcarra tiene un fuerte enfrentamiento con el Legislativo durante su mandato, que inició en 2018 tras la intempestiva renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente. El año pasado Vizcarra disolvió al Congreso de aquel momento y aunque ahora hay una bancada nueva, también ha tenido roces con ella.
El Legislativo actual cuenta con una desaprobación de 72% y la cifra del Congreso previo era similar. En contraste, el mandatario cuenta con 57% de aprobación y Vizcarra es considerado por los peruanos como un líder que por fin intentaba luchar contra ese delito.
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La más reciente crisis política se desató la semana cuando legisladores de oposición divulgaron audios en los que al parecer se escucha a Vizcarra coordinar la defensa de dos funcionarias de su entorno para responder en una investigación acerca de unas visitas al palacio presidencial de un cantante y amigo del presidente llamado Richard Cisneros quien fue contratado para dar charlas motivacionales y otras actividades por 49 mil 500 dólares.
La oposición acusa al presidente de intentar encubrir sus relaciones con Cisneros.
Vizcarra
no ha sido acusado formalmente de nada y él niega los señalamientos.
Analistas han advertido que la democracia peruana podría verse afectada si avanza el procedimiento en el Congreso, debido a que se ha acelerado y no ha habido antes ninguna investigación que determinara alguna actividad ilegal por parte del presidente.
lsm
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