Miami.— En la arquitectura institucional de Estados Unidos, los tribunales federales han sido, durante más de dos siglos, la última barrera frente a los excesos del poder ejecutivo. Pero para el círculo más cercano de Donald Trump, esa arquitectura no es garantía democrática, sino un obstáculo a remover. El pasado 28 de mayo, en medio de una serie de reveses legales contra su política arancelaria, el expresidente y su entorno revelaron hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar que jueces federales frenen su agenda económica: la creación de un nuevo órgano, bautizado como “Tribunal Comercial Popular”, diseñado expresamente para quitarle al Tribunal de Comercio Internacional (CIT) su función como árbitro de las disputas arancelarias del país.
La propuesta, contenida en borradores redactados por los ideólogos favoritos de Trump, Peter Navarro y Stephen Miller, plantea la fundación de un tribunal paralelo bajo el control del Departamento de Comercio, cuya función sería resolver —de manera vinculante— disputas comerciales sin intervención del poder judicial. El nombre, elegido con propósito ideológico, alude a una justicia “popular” que, según sus promotores, estaría al servicio del interés nacional estadounidense, en contraposición a la supuesta “élite judicial globalista” que, en su visión, domina las cortes actuales.
“La narrativa es que este tribunal serviría a los intereses del trabajador y productor estadounidense común, supuestamente afectados durante décadas por fallos de jueces que priorizarían el libre comercio global”, explica a EL UNIVERSAL el economista Iván Jiménez.
El mandatario estadounidense ha acusado públicamente a los jueces federales de ser “monstruos” con una “ideología enferma” por frenar sus políticas y siempre ha reaccionado hablando de limitar su independencia judicial. El “Tribunal Comercial Popular” calza con ese proyecto, sería un precedente inédito de jurisdicción paralela controlada desde la Casa Blanca.
Pese al fallo del CIT, Trump continúa cobrando sus aranceles gracias a una suspensión temporal dictada por una corte de apelaciones favorable 24 horas después de la anulación del 28 de mayo. La batalla legal sigue abierta, pero la presión institucional aumenta.
Desde la Casa Blanca se insiste en que el presidente dispone de “otras facultades” para ejecutar sus políticas, y en círculos cercanos se estudia la posibilidad de emitir una orden ejecutiva para crear el tribunal, incluso sin aprobación del Congreso. Esa medida desataría un choque frontal con el Poder Judicial y seguramente llegaría a la Corte Suprema.
La existencia de los borradores de Navarro y Miller fue revelada por The Daily Telegraph el 29 de mayo, apenas un día después de que el CIT declarara inconstitucionales los aranceles bautizados por su creador como “Día de la Liberación”, impuestos por Trump en abril pasado contra más de 150 países.
La sentencia del CIT fue histórica: tres jueces, uno de ellos designado por el propio Trump en su primer mandato, concluyeron que el presidente “se extralimitó de manera sustancial” al imponer medidas arancelarias sin el respaldo del Congreso; y recordaron que ni siquiera invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) confiere autoridad ilimitada para intervenir en el comercio.
“El presidente no puede dictar aranceles universales simplemente porque lo considere conveniente. La IEEPA no le otorga tal poder”, escribió el CIT en su fallo, reafirmando que la regulación del comercio exterior es prerrogativa exclusiva del Congreso estadounidense. Fue un duro golpe. Y la respuesta no se hizo esperar.
En redes sociales, Stephen Miller acusó a los jueces de cometer un “golpe judicial fuera de control”. Desde el Despacho Oval, el vocero presidencial Kush Desai denunció que “jueces no elegidos están tratando de usurpar la autoridad del presidente”. Y Peter Navarro, más explícito, prometió que “aunque perdamos, lo haremos de otra manera”.
Esa “otra manera” es la que aparece delineada en los borradores filtrados; un tribunal administrativo especial, controlado por el Ejecutivo, que funcionaría como alternativa al CIT. El “Tribunal Comercial Popular”, según el contenido de los documentos, estaría compuesto por jueces designados internamente por el Departamento de Comercio, sin ratificación del Senado ni supervisión del Poder Judicial.
“Su función sería dirimir de forma expedita todas las disputas relacionadas con aranceles, cuotas de importación, derechos compensatorios y medidas de represalia comercial. La clave está en que sus fallos serían definitivos y no podrían ser apelados ante el Tribunal de Comercio Internacional”, señala Jiménez.
En los borradores se propone, además, declarar ciertos casos como “no justiciables” por tribunales federales, lo que implicaría transferir de facto la jurisdicción del CIT a esta nueva corte ejecutiva.
“Es hora de devolverle al pueblo el control sobre su política comercial”, escribió Navarro en un memorándum confidencial también filtrado y que circuló recientemente entre altos funcionarios del gabinete económico.
Miller justificó la medida bajo la lógica de que “la soberanía económica del país no puede quedar en manos de una élite judicial globalista”, frase que repitió luego en entrevistas con medios de comunicación considerado conservadores.
El plan, aunque aún no se ha formalizado, fue concebido como respuesta directa al fallo del CIT y refleja una estrategia más amplia del trumpismo, socavar los contrapesos institucionales para blindar el poder presidencial. No es un hecho aislado. Ya en sus primeras semanas de regreso a la Casa Blanca, Trump había declarado públicamente que “los jueces de Manhattan tienen una ideología enferma”; y llegó a describir a la judicatura como “el mayor obstáculo para recuperar nuestro país”. En privado, según fuentes citadas por Politico, el expresidente calificó al CIT como “una traición a la patria”. Navarro, a quien Trump ha llamado su “guerrero comercial”, sostiene desde hace años que los jueces especializados son parte de un “complejo legal internacionalista” que impide ejecutar políticas de defensa económica.
La iniciativa también está alineada con el manifiesto Project 2025, un extenso plan de reestructuración institucional promovido por aliados de Trump.
En él, Navarro ya había sugerido eliminar o reducir la independencia de las cortes económicas y migrar sus funciones a agencias del Ejecutivo. El “Tribunal Comercial Popular” sería, en ese sentido, la aplicación más agresiva de esa doctrina. Stephen Miller, uno de los redactores de este Project, ha descrito el CIT como “una reliquia liberal que debe desaparecer”.
En contraposición, analistas del Peterson Institute for International Economics, advierten que la existencia de un tribunal ad hoc podría “debilitar la posición de Estados Unidos en toda negociación multilateral”.
En el Congreso estadounidense, el senador demócrata por Nueva York y exlíder del Senado Chuck Schumer celebró la decisión del CIT del pasado 28 de mayo y la consideró como “una reafirmación de la Constitución”; advirtió que “ningún presidente puede saltarse al Congreso y los tribunales”.
En redes sociales, Schumer ironizó con el eslogan “Día de la Liberación” —misma frase con la que Trump bautizó sus aranceles—, diciendo, “hoy sí fue un verdadero día de liberación: liberación del abuso de poder”; peo el gusto le duró unas horas.
El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, se distanció de esta opción trumpista señalando que “el poder de fijar impuestos recae en el Congreso, no en el presidente. Esto es elemental”, escribió en X.
En cambio, sectores más trumpistas como el Freedom Caucus han elogiado el plan. Según reportes del The New Republic, algunos legisladores aliados incluso preparan borradores legislativos para reducir la jurisdicción del CIT o crear por vía legislativa una nueva corte especial.
Juristas constitucionalistas han alertado que cualquier intento de sustituir al CIT por un tribunal bajo control del Ejecutivo violaría directamente el artículo III de la Constitución; “sería inmediatamente impugnado en cortes federales”, advirtió un exjuez del propio CIT en entrevista con The Atlantic.
Varios analistas lo compararon con el intento de Franklin D. Roosevelt de reestructurar la Corte Suprema en los años 30, pero más agresivo aún, no se trata de cambiar la composición de una corte, sino de crear otra para quitarle poder a la existente.
En el plano internacional se han encendido las alarmas. La Unión Europea, Canadá y Japón han expresado informalmente su preocupación por lo que consideran “una amenaza al sistema multilateral de comercio”.
Funcionarios europeos advirtieron que, si el CIT pierde su rol como árbitro imparcial, Washington ya no podría alegar que sus decisiones arancelarias están sujetas al Estado de derecho. La Organización Mundial de Comercio, por su parte, estudia la posibilidad de revisar los mecanismos de solución de controversias si Estados Unidos institucionaliza un órgano interno sin garantías de independencia. “Si Estados Unidos elimina la supervisión judicial, no hay razón para creer en su compromiso con el comercio justo”, declaró a un medio un diplomático europeo.
El impacto también se extiende a las negociaciones bilaterales. Apenas dos semanas antes del fallo del CIT, la administración Trump había anunciado que buscaba nuevos tratados con China, India, México y Brasil. Pero tras la decisión judicial y la filtración del plan del “Tribunal Comercial Popular”, varias delegaciones extranjeras han puesto en pausa sus conversaciones, según informes de Bloomberg Línea. “No podemos negociar si no sabemos quién revisará las disputas”, dijo un negociador internacional.
La pregunta que se repite en despachos y redacciones de Washington DC y toda la Unión Americana es si esta vez Trump irá más lejos que nunca. El diseño de un tribunal paralelo, sumiso al Ejecutivo y con capacidad de ignorar a los jueces federales, no es un simple gesto administrativo. Es un movimiento político de fondo, destinado a reconfigurar la forma en que se ejerce el poder económico en Estados Unidos. En palabras de un académico de Georgetown consultado por TIME, “esto no es sobre comercio, es sobre la Constitución -de los Estados Unidos de America-”.
Mientras tanto, el “Tribunal Comercial Popular” sigue siendo un borrador ‘confidencial’. Pero como ha ocurrido antes en la era Trump, lo que comienza como una idea radical filtrada puede convertirse en política oficial en cuestión de semanas. “Ya no se trata solo de aranceles, se trata también de quién tiene la última palabra en esta república que están tratando de rediseñar; el Congreso, los jueces o el presidente. Pronto lo sabremos” concluye el economista Jiménez.
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