Miami.— En medio de los diversos frentes políticos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto debido a su personal visión de “hagamos una América mejor otra vez”, el tema que tiene que ver con la equidad y la diversidad de género y, en especial, con la comunidad transexual, han prendido alarmas por sus implicaciones.
Trump firmó el pasado 5 de febrero un decreto que prohíbe a las mujeres trans participar en deportes femeninos. Bajo el nombre Sin Hombres en Deportes Femeninos, el decreto, según el mandatario, protege la tradición de las atletas femeninas y evitará que los hombres “golpeen, hieran y engañen” a las mujeres y niñas que buscan un lugar en el deporte femenino.
Además, Trump ha revocado más de 80 órdenes ejecutivas y memorandos de la administración anterior que promovían la equidad racial y la inclusión de las comunidades LGBTQ+.
El 20 de enero, en su primer día en la Casa Blanca tras su retorno al poder, Trump firmó una de las órdenes más controvertidas de su nueva administración: la Restauración de la Verdad Biológica en el Gobierno Federal, que establece que el gobierno de EU sólo reconocerá dos géneros, hombre y mujer, definidos estrictamente por el sexo biológico al nacer.
“Estamos restaurando la ciencia y la realidad en nuestras instituciones”, declaró Trump durante la firma de la orden en el Despacho Oval. “No más ideología de género, no más confusión en nuestras escuelas y oficinas gubernamentales”.
La medida, celebrada por sectores conservadores y religiosos y condenada por activistas de derechos civiles y grupos LGBTQ+, ha reavivado una de las batallas culturales más intensas en Estados Unidos. Más allá del simbolismo político, la orden tiene implicaciones profundas en la educación, el acceso a servicios médicos, la vida carcelaria, las protecciones laborales, las fuerzas armadas estadounidenses y las políticas estatales en varios estados de la Unión Americana, especialmente en California, el estado más progresista donde legislaciones demócratas habían establecido fuertes protecciones para la comunidad gay y, en particular, para la transexual.
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Desde su campaña electoral de 2024, Trump dejó claro que buscaba eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Para él, estas iniciativas han sido un disfraz para imponer una agenda progresista en la educación, las corporaciones y el gobierno. “Vamos a eliminar toda esta basura del DEI. No más racismo contra los blancos, no más adoctrinamiento en nuestras escuelas y nuestras empresas. Es el momento de devolverle a Estados Unidos la meritocracia que lo hizo grande”, afirmó Trump en un mitin de 2024.
El argumento principal de su campaña es que las políticas de equidad han favorecido a ciertos grupos en detrimento de otros, en especial a la población blanca y asiático-estadounidense. Este discurso tomó más fuerza después de que la Corte Suprema eliminara la acción afirmativa en las universidades en 2023, declarando que los criterios raciales en las admisiones eran inconstitucionales.
“Eliminar el DEI no significa eliminar la diversidad, sino restaurar la igualdad de oportunidades. La discriminación inversa es discriminación y Trump lo entiende mejor que nadie”, dijo Stephen Miller, uno de los asesores del presidente.
Pero la eliminación de estas políticas no sólo afectaría la educación superior. También impactaría programas federales de financiamiento, incentivos laborales y regulaciones de contratación en empresas y agencias gubernamentales.
¿Retroceso en derechos?
En esta segunda administración, Trump ha comenzado a tomar medidas aún más radicales que en la primera. De inmediato se han prohibido las cirugías para personas autodenominadas transexuales menores de 19 años en todo el país.
Sin embargo, para los defensores de los derechos LGBTQ+, este tipo de medidas representan un ataque directo a las libertades individuales. “Eliminar las protecciones trans no es sólo una cuestión política, es una cuestión de vida o muerte. Las tasas de suicidio en jóvenes trans son alarmantes y lo que hace Trump es simplemente criminal”, dijo a EL UNIVERSAL un vocero de la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU, por sus siglas en inglés).
A nivel práctico, las acciones de Trump significan la eliminación de fondos para programas de salud mental y educación inclusiva, así como la autorización para que empresas y agencias públicas nieguen servicios a personas LGBTQ+ bajo el argumento de la libertad religiosa.
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El impacto de la orden ejecutiva de Trump también ha sacudido a las Fuerzas Armadas. En 2017, Trump intentó prohibir el servicio de personas trans en el ejército, una medida que fue bloqueada por los tribunales y revertida por el presidente Joe Biden en 2021. Ahora, la prohibición ha regresado con más fuerza. “El ejército no es un lugar para experimentos sociales”, argumentó un asesor y aliado de Trump. “Debemos priorizar la preparación militar, no la identidad de género”.
La comunidad trans dentro del ejército no se ha quedado de brazos cruzados. La Sargento de Primera Clase Kate Cole, una mujer transgénero con 17 años de servicio en el Ejército de Estados Unidos, presentó una demanda contra la administración Trump, señalando que la orden que prohíbe a las personas transgénero servir en las fuerzas armadas es inconstitucional y viola la protección igualitaria garantizada por la Quinta Enmienda constitucional. “He servido con honor y sin problemas durante años”, declaró Cole en una conferencia de prensa. “Esta política no tiene base en la realidad, sólo busca marginarnos”.
Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en 2023 había aproximadamente 8 mil 980 militares transgénero en activo. Un estudio del Instituto Palm Center encontró que las personas trans en el ejército no afectan la moral ni la efectividad del servicio.
Uno de los temas más controversiales en esta nueva batalla cultural es la educación. En estados progresistas como California, se han aprobado leyes para evitar que los padres sean informados si sus hijos expresan sentirse de un género distinto al de su nacimiento dentro de la escuela. Bajo estas normativas, un estudiante nacido varón puede identificarse como mujer en la escuela sin que sus padres sean notificados. Además, se le permite usar baños y vestidores femeninos sin restricciones.
“La escuela no puede ni debe ser un espacio donde se oculte información a los padres. Estamos hablando de niños. Los padres tienen derecho a saber qué está pasando con sus hijos”, dijo Ron DeSantis, gobernador de Florida y aliado de Trump en esta lucha. Pero los defensores de estas leyes argumentan que estas medidas son necesarias para proteger a estudiantes LGBTQ+ de hogares donde podrían enfrentar abuso o rechazo.
Uno de los puntos de mayor tensión en esta disputa es el acceso de estudiantes trans a baños y vestidores. Bajo las leyes actuales de California, un estudiante trans puede usar los baños y duchas del género con el que se identifica sin restricciones. Los opositores de estas leyes ven en esto un riesgo para la seguridad y la privacidad de los estudiantes no trans. “No es transfobia, es sentido común. Si permitimos que un varón biológico use los vestidores femeninos, estamos ignorando la privacidad y la seguridad de las niñas”, afirmó Riley Gaines, exnadadora universitaria y activista contra la inclusión de mujeres trans en el deporte femenino.
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Los planes de Trump van mucho más allá de la comunidad trans. El pasado 30 de enero, el mandatario culpó a las políticas de equidad por el choque de un avión de pasajeros con un helicóptero militar. Según Trump, esas políticas derivaron en la contratación de personal “con problemas mentales” para trabajar en las torres de control. Los expertos señalan que, bajo esta nueva lupa, los empleos de miles de personas están en riesgo.
La DEI trabaja “para ampliar la reserva de personal cualificado lanzando una amplia red de búsqueda de talento, y luego se elige a la persona mejor cualificada de esa reserva”, explicó Jenny R. Yang, quien fuera asistente adjunta del presidente Joe Biden para la justicia racial y la equidad, en declaraciones citadas por The Washington Post.
Pero para Trump, DEI es sinónimo de discriminación.
“Los extremistas [en particular los supremacistas blancos] ven las iniciativas DEI como una forma de discriminación antiblanca, alegando que la DEI está quitando puestos de trabajo a los blancos y debilitando la influencia blanca en la sociedad”, dijo al Post Oren Segal, vicepresidente del Centro contra el Extremismo de la Liga Antidifamación, que realiza un seguimiento de los grupos de odio. Para estos grupos, la eliminación de las políticas DEI por parte de Trump es “sólo el principio”.