SIP: la libertad de prensa sufrió deterioro dramático

Miami.— La libertad de prensa en las Américas sufrió en 2025 un deterioro “dramático” y fue uno de los peores de los últimos seis años para el ejercicio del periodismo, advirtió el martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tras evaluar las condiciones del oficio en 23 países de la región.

“Se trata de uno de los peores años para el periodismo en la región con homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad agravada en naciones como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela”, advirtió la SIP en el informe del Índice de Chapultepec de 2025.

Se trata de una medición anual, disponible desde 2020, que categoriza los países según las condiciones de su libertad de expresión. Venezuela y Nicaragua son considerados “sin libertad de prensa”, según el informe actual, mientras que se encuentran en la franja de “alta restricción” Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

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El índice, que se mide en una escala de 0 a 100 puntos, registró en 2025 un promedio de 47 en las Américas, el nivel más bajo desde que el barómetro comenzó a elaborarse hace seis ediciones.

La SIP aseguró que el deterioro en la región no discrimina ideologías en un ambiente de “radicalización política” e indicó que “los presidencialismos autoritarios han marcado la pauta”.

“Alta restricción”

México cayó cinco posiciones en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, al ubicarse en el lugar 18 de 23 países evaluados en América y el Caribe, lo que refleja un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, según el informe difundido por la SIP.

De acuerdo con el informe, México obtuvo 34.9 puntos de un máximo de 100, lo que lo sitúa en la categoría de “alta restricción” para el ejercicio de la libertad de prensa en el continente.

La calificación representa además una caída de 8.6 puntos respecto al año anterior, el descenso más pronunciado desde la primera edición del índice en 2020.

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En México, según el índice, “la inefectividad de los mecanismos de protección para los periodistas se mantiene en México, una de las naciones más peligrosas del mundo para el oficio de informar, con nueve homicidios perpetrados por el crimen organizado, en medio de dinámicas en las cuales funcionarios han protagonizado agresiones y hostigamiento”.

Además, según el índice, “el entorno Ejecutivo fue el más señalado como partícipe en situaciones adversas a la libertad de expresión, aunque seguido muy de cerca por el Legislativo, ambos con influencias consideradas Moderadas”.

Añade que “aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó contraria a acciones de censura, su gestión ha reforzado controles sobre el acceso de los medios a la información pública y hacia el sector de las telecomunicaciones. Mientras, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios han apelado a las demandas civiles para intentar acallar la crítica. Uno de los nuevos argumentos contra comunicadores es la supuesta comisión de violencia de género; ejemplo emblemático fue la denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra el periodista Jorge Luis González Valdez. Por el caso, un juez ordenó el cierre del medio Tribuna por dos años, y la prohibición del ejercicio a González Valdez por el mismo lapso”.

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El estudio de la SIP, que evalúa el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, prácticamente el primer año de gobierno de la Presidenta, advierte que uno de los aspectos más críticos para México es la respuesta del Estado frente a la violencia y la impunidad contra periodistas. En esta dimensión, México obtuvo apenas 6.93 puntos de 40 posibles, una de las calificaciones más bajas entre los países analizados.

En muchos de los países peor evaluados, los jueces participantes en el análisis atribuyen a los poderes Ejecutivos las situaciones adversas a la libertad de expresión y de prensa.

Entre los patrones mencionaron el uso de instituciones del Estado para criminalizar al periodismo independiente y el lenguaje de estigmatización contra la prensa acompañado en ocasiones de presiones o agresiones de grupos de choque.

También la fiscalización y asfixia financiera de medios privados críticos, así como la aprobación de leyes que penalizan expresiones contrarias a los intereses del poder. Igualmente, la SIP, con sede en Miami, advirtió en su informe sobre mecanismos de protección considerados ineficientes frente a ataques de grupos criminales o irregulares contra periodistas.