Miami.— Mientras que en México los hospitales públicos del IMSS y del tratan de atender a millones de pacientes cada año, con largas filas y demoras; una penosa y fracturada infraestructura institucional de la salud pública los recibe, sin que la iniciativa privada, en materia de seguros médicos, tenga al alcance de una mayoría mexicana opciones rentables para su, en Estados Unidos la salud es un privilegio negociado en mercados privados, donde cada consulta, cada pastilla, cada diagnóstico se mide en dólares, y donde enfermarse puede ser el primer paso hacia la ruina financiera para millones de personas de escasos recursos; realidad donde viven muchos latinos inmigrantes pobres.

La promesa de acceso equitativo que algún día soñó el sigue siendo una aspiración lejana. En la actualidad, más de 30 millones de personas viven sin seguro médico, es decir, 9% de la población. Aunque la Ley de Cuidado de Salud Asequible, u Obamacare, ha logrado avances importantes, las grietas siguen siendo profundas y para quien no puede pagar la cobertura privada o no califica para los programas públicos.

La posibilidad de adquirir un seguro médico en EU depende de variables como el nivel de ingresos, el estado de residencia, la edad y, sobre todo, el estatus migratorio. Casi la mitad de los asegurados (46%) en EU reciben su póliza a través del empleador, alrededor de 22% está cubierto por Medicaid, 14% depende de Medicare y 6% compra seguros privados individuales a través del mercado establecido por Obamacare.

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El costo promedio de un seguro médico privado es brutalmente alto. Un plan individual ronda entre 450 y 700 dólares mensuales sin subsidios (entre 8 mil 775 y 13 mil 650 pesos), mientras que un seguro familiar puede costar entre mil 100 y 2 mil dólares al mes (entre 21 mil 450 y 39 mil pesos). Para quienes logran acceder a subsidios federales, los costos bajan significativamente, a veces hasta 50 o 100 dólares al mes (hasta 975 o mil 950 pesos al mes), pero millones quedan atrapados fuera de esa red de apoyo.

Integrantes de Community Health Centers, que son clínicas financiadas parcialmente por el gobierno federal que ofrecen consultas, tratamientos básicos y medicamentos a precios simbólicos o gratuitos. Foto: Cortesía
Integrantes de Community Health Centers, que son clínicas financiadas parcialmente por el gobierno federal que ofrecen consultas, tratamientos básicos y medicamentos a precios simbólicos o gratuitos. Foto: Cortesía

Para los más pobres, la puerta natural debería ser Medicaid, el seguro gubernamental estadounidense para personas de escasos recursos, pero no lo tienen disponible a todos los niveles en todos los estados de EU. En aquellos que no extendieron el programa, como Texas y Florida, el acceso a Medicaid está restringido a niños, embarazadas y personas con discapacidades graves. Adultos pobres sin hijos quedan atrapados en una tierra de nadie, demasiado pobres para comprar un seguro privado, demasiado “ricos” para acceder a Medicaid.

Los indocumentados viven una situación aún más crítica. No pueden acceder al Marketplace federal, no califican para Medicaid y dependen casi exclusivamente de clínicas comunitarias gratuitas, programas caritativos y atención de emergencia en hospitales, con el riesgo de facturas impagables.

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Mientras tanto, el sistema estadounidense sigue ofreciendo una paradoja brutal. La calidad de la atención disponible, para quienes logran entrar en el sistema, es una de las mejores del mundo. Pero el precio de acceso a esa excelencia médica es tan alto que para una gran parte de la población no existe más que como posibilidad irrealizable.

Los mexicanos Antonio y Laura lo saben bien desde su pequeño apartamento en Houston, Texas, donde crían a Juan y a Sofía, nacidos en EU. Antonio trabaja en la construcción 12 horas al día, mientras que Laura limpia oficinas por turnos nocturnos. Sus ingresos combinados suman 3 mil dólares mensuales (58 mil 500 pesos) y, sin embargo, no califican para Medicaid (el seguro público gubernamental de EU) porque Texas decidió no darle acceso a indocumentados, entre otros estatus. Sus hijos sí acceden a CHIP, el programa de seguro infantil de gobierno que les garantiza vacunas, revisiones médicas y hospitalizaciones sin costo. Pero para ellos no hay red de seguridad. Antonio cuenta a EL UNIVERSAL que “una vez me lastimé trabajando y no quise ir al hospital. Me aguanté porque pensé que me iban a cobrar miles de dólares. No nos alcanza a mi esposa y a mí para enfermarnos”.

La experiencia de María en Los Ángeles, California, ofrece otro matiz. María llegó hace cinco años desde Guatemala. Trabaja limpiando casas, gana mil 800 dólares al mes (35 mil 100 pesos) y tampoco tiene papeles legales. En California, al menos, existe el seguro estatal conocido como Medi-Cal de Emergencia que cubre partos y situaciones críticas. Desde 2024, el estado expandió Medi-Cal para todos los adultos de bajos ingresos sin importar estatus migratorio, aunque el acceso es difícil y lleno de obstáculos. María lo resume: “No tenemos papeles, pero sí tenemos pulmones, corazón, huesos, todo lo que se puede enfermar y nadie piensa en eso hasta que te pasa”.

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Según datos de Heritage Foundation, 39% de los hispanos en EU carecen de seguro médico, frente a 14% de los blancos no hispanos. Un abismo que se ahonda aún más en los estados conservadores, donde la salud se asocia más con la capacidad de pago que con la dignidad humana. En California, Nueva York, Illinois y Massachusetts, la extensión a indocumentados de Medicaid ha permitido reducir los niveles de no asegurados a menos de 5%. En Texas, Florida, Georgia y Alabama, la tasa puede llegar hasta uno de cada cinco residentes sin protección. El doctor Ernesto Castañeda, académico experto en migración, advierte a este medio que “muchos inmigrantes no pueden participar en el Affordable Care Act y no acuden al doctor en años. Esperan a estar en situaciones críticas y van a las salas de urgencias”. La ley federal EMTALA garantiza que cualquier persona sea atendida en emergencia, pero no protege contra las facturas astronómicas que llegan después, en muchos casos llevando a la bancarrota médica o al endeudamiento perpetuo de la persona o familia.

En Miami, Andrés Cervantes, vendedor de seguros médicos en agencia hispana, relata este diario que “la mayoría de mis clientes latinos buscan planes de 80 a 100 dólares al mes [de mil 560 a mil 950 pesos]. Saben que no cubren casi nada, pero prefieren eso a quedarse sin nada si pasa algo”. Su afirmación refleja la angustia de familias que eligen coberturas con deducibles de hasta 10 mil dólares anuales (195 mil pesos) porque no pueden pagar primas más altas.

Carla Muñoz, madre salvadoreña en Chicago, se enfrenta a otro tipo de pesadilla. Su hijo Matías nació con un problema cardiaco congénito. Ella pudo inscribirlo en Medicaid inmediatamente, pero cuando Carla enfermó de diabetes tipo dos, tuvo que depender de clínicas gratuitas para conseguir insulina, racionando dosis y saltándose controles médicos para ahorrar dinero. “Mi hijo está cubierto, yo no. Si me pasa algo, ¿quién lo va a cuidar?”.

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Los Community Health Centers, centros de salud comunitarios, ofrecen un salvavidas para millones de personas. Son clínicas financiadas parcialmente por el gobierno federal que ofrecen consultas, tratamientos básicos y medicamentos a precios simbólicos o gratuitos, sin importar el estatus migratorio. Pero su alcance es limitado frente a necesidades médicas complejas como cirugías, tratamientos de cáncer o atención siquiátrica.

Paula Ávila Guillén, directora del Women’s Equality Center, dice: “En un estado como Texas, que no sólo criminaliza el aborto sino que también criminaliza la migración, las comunidades migrantes tienen terror de ir al médico, incluso cuando están muriéndose de dolor”. No todo es desesperanza. Algunos estados como California y Nueva York han liderado iniciativas para ampliar el acceso independientemente del estatus migratorio. Medi-Cal en California ahora cubre a todos los adultos de bajos ingresos sin importar sus papeles. En Nueva York, el programa Essential Plan ofrece seguros muy baratos para personas de ingreso medio-bajo, incluidas algunas categorías de inmigrantes.

María Torres, residente en Los Ángeles y trabajadora agrícola, explica lo que significa tener Medi-Cal: “Ya no tengo miedo de ir al doctor si me duele algo, si necesito medicina. Antes pensaba que era mejor aguantar todo para no endeudarme. Ahora sé que puedo cuidar mi salud y la de mis hijos”.

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El doctor Enrique Martínez, familiarizado con la situación que vive el sistema público de salud en todo México, sintetiza: “No se puede construir un sistema de salud eficaz sólo con mentiras y buenos deseos. Si no tienes medicinas ni hospitales funcionando eficientemente, lo que tienes es una actitud que raya en lo criminal y una población cada vez más lastimada y desesperada”.

En EU, aunque el acceso a los seguros médicos está condicionado al dinero y al estatus migratorio, la calidad de atención es ampliamente superior. No existen muertos por desabasto masivo de medicamentos en los hospitales. Mientras que los seguros médicos privados mexicanos tampoco están al acceso de la gran mayoría de su población.

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