Regulados, pero no protegidos: animales de laboratorio en EU

Miami.— El accidente del pasado 28 de octubre, en el que un camión volcó y macacos rhesus usados para experimentos en laboratorio en Mississippi se fugaron, puso en la mesa de debate el tema del uso de animales de laboratorio en Estados Unidos.

Los macacos rhesus son pequeños primates asiáticos de unos 40 centímetros de altura que, en los laboratorios, cargan sobre su espalda buena parte de la medicina contemporánea. Por ellos se identificó en los años 30 el factor Rh de la sangre; en los 50 se usaron de forma masiva para desarrollar y producir la vacuna contra la polio, y en las últimas décadas han sido modelo de referencia para estudiar el VIH/sida y, más recientemente, para probar prototipos de vacunas anti-Covid.

“Desde el punto de vista de la biomedicina, son una herramienta extremadamente valiosa porque su fisiología inmune y su cerebro guardan similitudes con los humanos”, dice a EL UNIVERSAL el doctor en epidemiología Jesús Vázquez Chabolla.

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Sin embargo, activistas denuncian que los animales no son suficientemente protegidos y que hay falta de transparencia.

En EU, el corazón legal del sistema de protección para especies como perros, gatos, primates y conejos es la Ley de Bienestar Animal (AWA), aprobada en 1966 tras varios escándalos de robo de perros y gatos para experimentos y administrada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La Ley de Bienestar Animal estadounidense no prohíbe la experimentación, pero obliga a los centros que usan especies reguladas a registrarse, someterse a inspecciones y cumplir estándares mínimos sobre alojamiento, alimentación, agua, saneamiento, atención veterinaria y protección contra climas extremos, incluso durante el transporte. Documentos oficiales del USDA describen requisitos como jaulas limpias y amplias para que el animal pueda moverse con comodidad o la presencia de un veterinario responsable.

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Sin embargo, según datos de USDA, en la definición legal de “animal” se excluye explícitamente a las ratas del género Rattus, los ratones del género Mus y las aves criadas para investigación, y a la mayoría de animales de granja usados en pruebas aplicadas a producción de alimentos. Organizaciones de defensa animal señalan que esa exclusión representa un abismo ético.

El Animal Welfare Institute recuerda que ratas, ratones y aves constituyen la mayoría de los animales de laboratorio, pero no están cubiertos por la AWA, pese a que el Congreso amplió en 1970 el texto para abarcar a todos los mamíferos de sangre caliente. En palabras de esta ONG, EU es “el único país que no incluye en sus leyes de bienestar animal a ratas, ratones y aves usados en investigación”.

La American Anti-Vivisection Society subraya que esas tres especies representan “al menos 90%” de los animales en laboratorios estadounidenses y “se les ha negado cobertura” bajo la ley federal. Solo una minoría de los animales usados en ciencia en EU aparece en las estadísticas oficiales del USDA.

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El Fondo Legal para la Defensa Animal (ALDF) resume que cada año “decenas de millones de animales se usan en experimentos en el país y, según la mayoría de las estimaciones, entre 85% y 95% de estos animales no están protegidos por la ley”. PETA calcula que cada año “se matan más de 110 millones de animales en los laboratorios de EU”, incluyendo ratas, ratones, peces y aves excluidos de la AWA.

La Política del Servicio de Salud Pública sobre el Cuidado y Uso Humanitario de Animales de Laboratorio (PHS Policy), aplicada por la Oficina de Bienestar de Animales de Laboratorio de los NIH (OLAW), obliga a cualquier institución que reciba fondos de las agencias de salud estadounidense a proteger a todos los vertebrados vivos, incluidos ratones y ratas, con independencia de que la AWA los mencione o no.

La PHS Policy se apoya en un texto técnico que funciona como Constitución del bienestar en laboratorio: la Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (GCULA), elaborada por la Academia Nacional de Ciencias; detalla parámetros de temperatura, ruido, enriquecimiento ambiental, grupos sociales, anestesia, analgesia, eutanasia y diseño de instalaciones; y es el estándar principal usado por el organismo de acreditación AAALAC International al evaluar programas de bienestar.

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El otro instrumento clave son los Comités Institucionales de Cuidado y Uso de Animales (IACUC), obligatorios por ley y por política federal, que revisan todos los protocolos experimentales antes de que se inicie un estudio. En teoría, y según los IACUC, ningún experimento con animales puede empezar en una universidad estadounidense sin uno de los comités, y debe incluir al menos a un veterinario y a un miembro ajeno a la institución que haya evaluado su valor científico y ético, clasificado el nivel de dolor, verificado la anestesia y exigido al equipo una justificación del número de animales y de la inexistencia de alternativas no animales, en línea con el principio de las “3R”: reemplazar, reducir y refinar. Los defensores del modelo subrayan ese entramado como prueba de rigor. La Pennsylvania Society for Biomedical Research afirma que “la investigación con animales es la actividad más estrictamente regulada que involucra animales”.

Sin embargo, la letra de las normas y su aplicación real no coinciden. Un artículo del ILAR Journal (revista del Instituto para la Investigación con Animales de Laboratorio) concluye que “muchos abogados de derecho animal están profundamente frustrados por unas leyes débiles y aplicadas de forma desigual”, en comparación con los avances legislativos de otras regiones. Un análisis del Animal Welfare Institute advierte que el USDA, “conocido desde hace tiempo por su débil aplicación” de la AWA, prácticamente ha dejado de imponer multas tras una sentencia del Tribunal Supremo sobre los poderes sancionadores de las agencias, sustituyéndolas por advertencias escritas sin consecuencias económicas.

Para las organizaciones, el problema no es solo cuántos animales quedan fuera de la ley, sino qué tan altos son los estándares para los que sí están dentro. Rise for Animals sostiene que la Ley de Bienestar Animal estadounidense “ya es una ley severamente limitada y en gran medida ineficaz” que además “solo se aplica a una pequeña fracción” de los animales. Humane World for Animals resume: “Las leyes existentes ofrecen protección mínima para los animales en los laboratorios”.

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En el tablero internacional, la Directiva 2010/63/UE sobre la protección de los animales utilizados para fines científicos en la Unión Europea (UE), considerada una de las más estrictas del mundo, reconoce a los animales como “seres sintientes” y se aplica a todos los vertebrados no humanos, incluidos fetos en el último tercio de gestación, larvas alimentadas y cefalópodos vivos. La UE culminó en 2013 la prohibición total de comercializar cosméticos probados en animales, y hoy unos 45 países —entre ellos todos los miembros de la UE, así como México, Australia, India o Noruega— han aprobado vetos totales o parciales a las pruebas de cosméticos en animales. EU no ha impuesto un veto federal equivalente. En el campo biomédico, en la UE como en EU, persisten millones de procedimientos anuales con animales y los defensores de la experimentación señalan que las alternativas libres de animales todavía no cubren muchas áreas de toxicología sistémica, inmunología o neurociencia.

El sistema también tiene efectos humanos poco visibles. Vázquez Chabolla habla de “fatiga por compasión” y “estrés moral” entre el personal de cuidado animal; “trabajar cada día con seres que uno debe a la vez proteger y matar genera un conflicto ético que muchas veces deriva en agotamiento emocional e, incluso, en el abandono de la profesión”, señala. Para organizaciones como Speaking of Research o la Pennsylvania Society for Biomedical Research, los protocolos de IACUC, las auditorías internas, las inspecciones del USDA, la adhesión obligatoria a la Guía y la PHS Policy y las acreditaciones voluntarias crean una malla densa de control que hace de la investigación animal “la actividad más fuertemente regulada”. Para otras ONG, esa malla sirve para legitimar un sistema estructuralmente cruel, donde la inmensa mayoría de los animales ni siquiera aparece en las estadísticas y donde la ley fija estándares mínimos.

Entonces, ¿EU es un país con “buen” o “mal” manejo bioético de sus animales de laboratorio? “La respuesta honesta quizá sea que es ambas cosas a la vez. En el plano formal, dispone de un diseño regulatorio complejo, completo, que muchos países aún no tienen; y en algunas áreas, como los requisitos de revisión ética previa o la trazabilidad de primates, marca estándares que otros sistemas toman como referencia”, explica el científico, pero reconoce que “al mismo tiempo deja fuera de sus leyes a la mayoría numérica de los animales utilizados”.