Políticas en México son “insuficientes” para que logre sus metas climáticas

Bruselas.— Las políticas climáticas en México son “insuficientes” para lograr que el país cumpla los objetivos nacionales asumidos en el horizonte 2030 como parte del Acuerdo de París, el mecanismo de coordinación internacional en la lucha contra el calentamiento global.

La advertencia aparece en un proyecto encabezado por la Agencia de Evaluación Ambiental de Países Bajos, y diseñado para evaluar el progreso de los 25 principales emisores de gases contaminantes hacia sus objetivos de mitigación del cambio climático. En la elaboración del documento participaron otras dos instancias de renombre, New Climate Institute, con sede en Berlín, y el International Institute for Applied Systems Analysis de Austria.

“En seis de los 25 países analizados en este informe, las políticas actuales son insuficientes para frenar el crecimiento de las emisiones. Se trata de Colombia, México, Marruecos, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

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“Sin embargo, se espera que estos países logren una estabilización aproximada de las emisiones en la próxima década. Los países con emisiones estabilizadas pueden ser economías que se prevé que se ralenticen o se estanquen en los próximos años, Rusia, México y Sudáfrica”.

El documento hace una evaluación exhaustiva del progreso climático de las naciones más contaminantes en el marco del Acuerdo de París de 2016.

De acuerdo con los resultados, nueve países están en ruta de cumplir con sus “contribuciones incondicionales”, es decir, con los objetivos nacionales que deben realizarse con recursos y capacidades propias en el horizonte del 2030.

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Otros cinco países, concretamente México, China, Sudáfrica, Arabia Saudita y Tailandia, “podrían estar en camino de lograrlo (…), pero deben garantizar que sus políticas actuales se apliquen plenamente de acuerdo con su interpretación más ambiciosa”.

Respecto a las “contribuciones condicionales” al amparo del Acuerdo de París, es decir, con relación a los objetivos asumidos con apoyo internacional, India, Irán y Egipto, están en curso de lograr sus metas sin adoptar medidas adicionales, en tanto que Indonesia podría lograrlo.

“Por el contrario, Etiopía, Marruecos, México, Tailandia y Vietnam no están cumpliendo los objetivos y deben adoptar políticas adicionales para alcanzar sus metas condicionales (...) Según nuestro análisis, México podría estar en camino de cumplir su objetivo incondicional de sus CDN [contribuciones determinadas a nivel nacional] para 2030, pero se prevé que no alcance su objetivo condicional con las políticas actuales”, indica el documento.

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“Nuestras proyecciones actuales muestran un amplio rango de emisiones, teniendo en cuenta la incertidumbre que existe en torno a la implementación de las políticas en México bajo el nuevo gobierno, especialmente en lo que se refiere al uso de energías renovables. Esto contribuye a la incertidumbre de que México alcance su objetivo incondicional”, señala.

Las CDN de México tienen como objetivo reducir las emisiones en un 35% por debajo del escenario tendencial o business as usual (BAU) para 2030; de este total, 5% deberían lograrse con apoyo internacional. Adicionalmente, habrá una reducción de 5% condicionada a financiamiento externo.

De acuerdo con las proyecciones hacia 2030, las emisiones per cápita en México aumentarían entre 4% y 26% con relación a 2019 de mantener las políticas vigentes; además, crecerían hasta 13% de cumplir los compromisos incondicionales y una reducción de 3% de cumplir además las metas condicionadas.

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El documento señala que hasta octubre de 2025, México no había presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sus CDN para 2035.

“México sigue siendo el único país del G20 sin un objetivo de cero emisiones netas”, señala.

El estudio también sostiene que durante el último año México ha adoptado varias políticas que podrían tener un impacto en las emisiones.

“En enero de 2025, se introdujo una Ley del Sector Eléctrico, que permite proyectos energéticos público-privados solo si el Estado conserva una participación mínima del 54 %, reforzando así el control estatal de la energía”, menciona el documento.