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San Salvador.— Un grupo de abogados contratados por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ayer un habeas corpus en El Salvador para exigir la liberación de 238 venezolanos deportados por Estados Unidos que están presos en una cárcel de máxima seguridad del país.
Uno de los abogados dijo que la petición fue presentada en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y que representan a 30 de los 238 ciudadanos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos hace poco más de una semana e internados en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.
Estados Unidos alegó que los deportados eran miembros de la banda de crimen transnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump a finales de febrero junto a varios cárteles.
Los abogados que presentaron el habeas corpus aseguran que no tienen vínculos con organizaciones criminales y que fueron detenidos en Estados Unidos como migrantes por no tener documentación.
La petición de habeas corpus tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad física y la integridad física, síquica y moral de las personas detenidas; es un proceso que busca verificar si la detención está justificada y bajo el marco legal.
“Representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo, nosotros estamos pidiendo el habeas corpus para el resto de los ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país”, dijo a los periodistas Jaime Ortega, del bufete de abogados Grupo Ortega.
Otro de los representantes jurídicos, Salvador Ríos, explicó que fueron contratados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y por el Comité de Familiares de Inmigrantes venezolano para presentar la demanda que, afirma, beneficia al total de 238 deportados que el gobierno de los Estados Unidos envió a El Salvador. “Conforme a todos los documentos que traemos apostillados se considera que las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes, dentro de ellos, hasta un cantante. Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal”, afirmó el abogado Ortega.
El domingo 16 de marzo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que llegaron al país los primeros 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que, de inmediato, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad, tras alcanzar un acuerdo con EU.
El juez James Boasberg bloqueó los planes del presidente Donald Trump de deportar a migrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, y ayer se negó a anular el fallo, pese a las críticas del mandatario, que lo acusa de ser un “antiTrump”. Boasberg dictaminó que los inmigrantes enfrentando la deportación deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de la banda Tren de Aragua. Declaró que hay “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basándose en categorías que no tienen derecho a impugnar”.
La administración recurrió y un panel de tres jueces de la corte de apelaciones escuchó este lunes los alegatos. Sin embargo, la jueza Patricia Millett se quejó de que “los nazis recibieron mejor trato bajo la ley de enemigos extranjeros”, porque tuvieron derecho a “audiencias” antes de ser deportados.
