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Los acercamientos de paz entre el gobierno colombiano y el Clan del Golfo, mayor cártel de drogas del país, avanzan fuera de Colombia en busca de su sometimiento a la justicia, según indicó el viernes el presidente colombiano Gustavo Petro.
“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista”, dijo Petro en un discurso en Córdoba, en el norte del país. “Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia”, agregó.
El Clan del Golfo ha cambiado de nombre a lo largo de los años, siendo el último el del Ejército Gaitanista de Colombia. Tiene presencia en cerca de un tercio del país, según la estatal Defensoría del Pueblo, y aproximadamente 9.000 integrantes, configurándose en la estructura ilegal más numerosa en la actualidad.
Álvaro Jiménez, delegado del gobierno en las conversaciones, indicó a The Associated Press que ya fue superada la etapa de exploración en los diálogos, que es la etapa inicial, y compartirán más detalles cuando obtengan resultados concretos.
Petro no señaló el país en el que se están desarrollando esos diálogos y Jiménez también rehusó a decirlo.
Sin embargo, el presidente ratificó que buscan un acuerdo para su sometimiento a la justicia, con ayuda de la fiscalía, a cambio de beneficios jurídicos.
Para eso, Petro propuso en julio ante el Congreso un proyecto de ley para las organizaciones criminales de alto impacto, un término usado para las bandas ilegales, a menudo dedicadas al narcotráfico, una categoría en la que cabría el Clan del Golfo.
La iniciativa busca aplicar mecanismos especiales de privación de la libertad, reparación de las víctimas y transformación de los territorios.
“No es más que elevar a los delitos, incluso graves, a la justicia restaurativa”, indicó sobre el proyecto de ley el mandatario.
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Para Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, la vinculación de este anuncio con el proyecto de ley de sometimiento puede ser un obstáculo, porque considera que tiene baja probabilidad de pasar en el Congreso.
“A menos de un año de terminarse este gobierno, es difícil y poco convincente que el proceso pueda avanzar”, aseguró Arias a la AP.
“Muestra que el objetivo no es llegar a un acuerdo final y desmantelar el grupo, sino utilizar las mesas de negociación como instrumento electoral y elevar el costo político y los hechos cumplidos para el siguiente gobierno”, agregó.
Petro ha apostado al proyecto gubernamental de “paz total”, con el que ambiciona negociar y desarmar a las múltiples células armadas ilegales en el país.
Colombia aún lidia con grupos armados ilegales, pese a que en 2016 el Estado firmó un acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Otros armados coparon el territorio que dejó la guerrilla buscando controlar las lucrativas economías ilícitas.
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