Perú tiene, desde el 18 de febrero, un nuevo presidente. José María Balcázar fue designado sorpresivamente por el mismo Congreso que, apenas 24 horas antes había censurado a su antecesor, José Jerí, en un nuevo episodio de la inestabilidad crónica que define la política peruana. Es el cuarto mandatario del quinquenio iniciado en 2021 con la elección de Pedro Castillo —destituido tras su fallido autogolpe en 2022—, seguido por el gobierno de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, removida en octubre de 2025, y el efímero mandato de Jerí, que duró apenas cuatro meses. Con esta última crisis, Perú confirma un patrón de volatilidad y fragilidad institucional que inició en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia: desde entonces, el país ha tenido ocho jefes de Estado en una década.
Un perfil controversial
La llegada de Balcázar al poder, abogado de ultraizquierda, de 83 años, está rodeada de controversias que erosionan su credibilidad y legitimidad desde el inicio. Sus declaraciones en defensa del matrimonio desde los 14 años suscitaron un amplio rechazo público y político, mientras que investigaciones judiciales en curso por presunta apropiación ilícita de fondos proyectan nuevas sombras sobre su trayectoria. Con una extensa carrera en el ámbito judicial y electo congresista en 2021 por Perú Libre —el mismo partido de izquierda que llevó ese año a Pedro Castillo a la presidencia—, Balcázar simboliza la continuidad de ese sector político en un contexto de extrema fragmentación institucional y profunda desconfianza ciudadana hacia la clase dirigente. Tomar en cuenta este dato: la fecha de la audiencia.
Una audiencia fue programada para junio de 2026, en el marco del proceso por presunto delito contra el patrimonio en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque. Su mandato será breve y políticamente frágil, limitado a escasos cinco meses, hasta el traspaso de poderes que tendrá lugar el 28 de julio. Durante este periodo, deberá concentrarse en preservar la gobernabilidad, garantizar la integridad del proceso electoral de abril, facilitar una transición democrática ordenada y responder al deterioro de la seguridad. Sin embargo, sus antecedentes, sumados a las severas críticas de actores políticos y de medios de comunicación relevantes tras su designación —el editorial de El Comercio la calificó de “irresponsabilidad imperdonable”—, subrayan la precariedad de su posición tanto frente al Congreso como ante la opinión pública. Incluso dentro de este corto horizonte, su permanencia en el cargo no está asegurada. Las próximas semanas serán decisivas.
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Inestabilidad política crónica
Perú arrastra una anomalía constitucional que ha terminado por debilitar su propio sistema presidencial. La figura de la “vacancia por incapacidad moral permanente” —concebida como un recurso excepcional— ha sido utilizada de manera desvirtuada como un mecanismo que permite al Congreso destituir presidentes con base en criterios amplios y ambiguos. En la práctica, esto ha transformado el presidencialismo en una suerte de parlamentarismo de facto, donde la permanencia del jefe de Estado depende menos del mandato popular que de su capacidad de sobrevivir en un Congreso fragmentado. Desde 2016, este mecanismo ha sido activado de manera recurrente, produciendo sucesión de presidentes débiles, bloqueados por el Legislativo y finalmente removidos, sin que sus sucesores logren romper el ciclo.
El problema no es ideológico, sino estructural. Han caído presidentes de todo el espectro político, reflejo de un sistema marcado por la extrema fragmentación política, la ausencia de mayorías estables y un Legislativo sin incentivos para la cooperación. El resultado es un diseño institucional que facilita la destitución pero dificulta la gobernabilidad, alimentando gobiernos transitorios incapaces de implementar reformas sostenidas. Con partidos débiles, cálculos políticos de corto plazo y reglas constitucionales ambiguas, Perú ha entrado en equilibrio inestable donde el poder presidencial ya no está garantizado por la elección, sino condicionado por una confrontación permanente con el Congreso.
Mientras, la ciudadanía observa con creciente cansancio y escepticismo —y, en no pocos casos, incluso con indiferencia— un guion político que una dirigencia desprestigiada repite, de manera irresponsable, una y otra vez.
Resiliencia macro- económica: ¿cuerdas separadas?
Paradójicamente, y hasta la fecha, las variables económicas han mostrado resiliencia frente a la inestabilidad política. Unos analistas creen que la economía puede crecer de manera autónoma (en una cuerda separada) ignorando la inestabilidad política y la baja calidad de sus instituciones. Perú presenta así escenario inédito: combina volatilidad política con estabilidad macroeconómica y crecimiento: 3.5% en 2025, muy por encima del promedio regional.
¿Cuales son las razones que explican este fenómeno? Por un lado, disciplina fiscal, niveles de deuda moderados, y un Banco Central —tecnócrata e independiente— bajo la acertada conduccion de Julio Velarde desde hace dos décadas ininterrumpidas que garantizan certeza y confianza. A ello se suma un contexto externo favorable con altos precios de los minerales estratégicos, especialmente el cobre y el oro.
Esta resiliencia macroeconómica convive con fragilidades estructurales profundas. La informalidad supera 70%, el sistema previsional sigue siendo débil y persisten brechas significativas en capital humano e infraestructura que restringen el potencial de crecimiento de largo plazo. El auge minero ha impulsado la expansión económica, pero no se ha traducido en desarrollo humano ni en mayor cohesión social, mientras que sus beneficios continúan altamente concentrados. Aunque la economía ha demostrado capacidad para amortiguar episodios de volatilidad política en el corto plazo, su resiliencia difícilmente podrá sostenerse de manera indefinida sin normalización institucional que restaure la estabilidad y la confianza. La inversión privada comienza a resentirse, al tiempo que aumenta conflictividad en contexto marcado por elevados niveles de informalidad y malestar social.
Fragmentación electoral
Las elecciones de abril de 2026 representan un momento decisivo para Perú, pero las señales iniciales apuntan más a la continuidad de la inestabilidad que a su resolución. El récord de 36 candidatos presidenciales —casi el doble que en 2021— refleja fragmentación extrema: Según la última encuesta de Ipsos, Rafael López Aliaga lidera con 12%, seguido por Keiko Fujimori con 8%, mientras la mayoría no supera 4% y 42% del electorado permanece indeciso o desea votar en blanco o nulo.
La segunda vuelta parece inevitable, pero la verdadera incógnita no es sólo quiénes la disputarán y quién vencerá, sino con qué respaldo institucional podrá gobernar. No debe descartarse sorpresa de último momento. Por ahora, ningún candidato parece en condiciones de asegurar mayoría en el Congreso bicameral —que se reimplantará en esta elección— y que se perfila como un mosaico fragmentado. El resultado más probable es otro Ejecutivo débil desde su origen, obligado a negociar su supervivencia y vulnerable a nuevos intentos de destitución. Las elecciones podrían no resolver la crisis de gobernabilidad, sino prolongar el ciclo de precariedad presidencial.
Una encrucijada histórica
Perú enfrenta paradoja cada vez más marcada: una economía con fundamentos sólidos coexiste con un deterioro político persistente, una ciudadanía más desconfiada y una inseguridad que domina la agenda pública. La democracia funciona en lo formal, pero su calidad se erosiona bajo el peso de la fragmentación, la corrupción, debilidad institucional y la inestabilidad crónica. Todo configura un equilibrio precario: estabilidad macroeconómica sin estabilidad política, crecimiento sin cohesión social y resiliencia económica sin legitimidad institucional. Superar la brecha exigirá no sólo disciplina económica, sino nuevo contrato social, una reforma político-electoral profunda y un pacto de gobernabilidad que traduzca la fortaleza macroeconómica en desarrollo inclusivo, empleo formal y una efectiva relegitimación democrática.
La pregunta que los peruanos deben hacerse no es ya “¿en qué momento se jodió el Perú?”, como inmortalizó Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral. La pregunta hoy es otra: ¿cuánto tiempo puede Perú seguir jodiéndose sin que su economía deje de ser suficiente para sostener a una democracia cada vez más frágil e inestable? Perú no está condenado al fracaso, sí está advertido. La resiliencia macroeconómica no es cheque en blanco para la irresponsabilidad política.
Director y editorial de Radar Latam 360
@zovatto55
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