El gobierno de José Jerí declaró en emergencia la región de Tacna debido a la crisis migratoria que ocurre en la frontera con Chile, donde miles de ciudadanos de diversas nacionalidades como colombianos, venezolanos, ecuatorianos, entre otros, en su mayoría en situación ilegal, están a la espera de un salvoconducto para retornar a su país de origen.
Según el Decreto Supremo Nº 135-2025-PCM, la medida regirá por 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos de la provincia de Tacna, departamento de Tacna, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.
Se señala que la Policía Nacional (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
“Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo precedente y en las circunscripciones señaladas, se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los numerales 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú”, indica.
“Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo con el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, y la normatividad vigente. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo”, agrega.
Asimismo, se declara en Sesión Permanente en tanto dure la declaratoria del Estado de Emergencia al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tacna, del departamento de Tacna, así como al Comando y los comités constituidos.
Dichos comités se conformarán dentro de las 24 horas de entrada en vigencia del decreto supremo y son: el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.
¿Qué otras medidas regirán?
Se realizarán controles migratorios que incluyen medidas como:
Patrullaje motorizado permanente y continuo por la línea fronteriza de Perú con Chile.
Intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y/o autorizados.
Operativos en los pasos no autorizados y/o habilitados a fin de prevenir y combatir la criminalidad.
Monitoreo aéreo con drones en las zonas donde se ubica la línea fronteriza y pasos no habilitados.
Del mismo modo, se llevarán acciones de inteligencia, como la identificación y ubicación de pasos no habilitados y/o autorizados en la línea fronteriza, la verificación que se lleve a cabo eficientemente los servicios policiales permanentes y coordinar oportunamente con las unidades operativas las acciones de inteligencia a realizarse en la zona ante hechos delictivos.
En casos excepcionales habrá trato diferenciado en personas vulnerables (niños, niñas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas adultas mayores).
Habrá patrullaje permanente y aleatorio a pie de las fuerzas integradas por equipos, así como patrullaje motorizado disuasivo constante de las fuerzas integradas en zonas estratégicas (paraderos, línea de frontera, principalmente los pasos no autorizados, instituciones asociadas a servicios públicos, activos estratégicos y otros).
Se llevará a cabo la búsqueda y captura de personas requisitoriadas mediante el control de identidad, además de control de identidad en las zonas dispuestas por el Comité de Inteligencia y operativos masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, con participación de la Fiscalía de Prevención del Delito.
“Migraciones participa con la verificación y expulsión de extranjeros aplicando el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) y Procedimiento Administrativo Sancionador, de corresponder, en apoyo a las fuerzas integradas”, acota.
“De intervenir migrantes irregulares con carnet de extranjería falsos o adulterados, serán retenidos para el control de identidad en coordinación con Migraciones y se procederá de acuerdo a las responsabilidades administrativas y penales que corresponda”, añade.
Control fronterizo
Se instalarán puestos de control militar y policial en los principales puntos de ingreso irregular, así como el uso de drones de vigilancia, cámaras térmicas y vehículos blindados ligeros para patrullaje las 24 horas.
Habrá devolución inmediata de ciudadanos extranjeros que intenten ingresar por lugares no autorizados.
Se llevarán a cabo operativos de fiscalización y control con asistencia de las fuerzas integradas en las zonas donde se halla identificado trata de personas, comercialización ilegal de drogas y estupefacientes, mercado ilegal de armas y puntos de venta informal y ambulatoria de tarjetas SIM (chips) telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia.
¿A qué se debe la salida de migrantes de Chile?
Luego de las elecciones presidenciales en Chile, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que de llegar a ser mandatario habrán expulsiones masivas que tenga situación migratoria irregular.
“Tienen que salir del país, les quedan 104 días para irse voluntariamente”, dijo a los medios.
“Nuestras fronteras se respetan”, indicó el mandatario poco antes. “Se está convocando a Consejo de Ministros extraordinario para declarar, conforme a lo anunciado, el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas en su vigilancia”, había adelantado.
El domingo Jerí anunció su intención de militarizar las fronteras del sur de Perú a fin de contener la violencia que azota a su nación, la que atribuyó en gran medida a la falta de atención en los puntos fronterizos. Expresó además que tanto la policía como los agentes de migraciones intensificarían los controles de identidad.
Arturo Valverde, jefe policial de la ciudad peruana de Tacna cerca de la frontera con Chile, informó que las autoridades regionales y policiales se han reunido ante el aumento de migrantes irregulares que buscan cruzar al Perú.
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Indicó que han redoblado las patrullas, con más agentes policiales adicionales desplegados en unidades móviles, y que los diez puestos fronterizos a lo largo de los 169 kilómetros con Chile están siendo reforzados con miras al estado de emergencia.
A raíz de ello, “se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú” en las últimas horas, explicó en una rueda de prensa en Santiago, el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero.
"Respecto de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, esa conversación se mantiene activa entre ambas cancillerías”, indicó.
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La tensión en la frontera de Chile y Perú se produce además en un momento de incertidumbre política en el país antártico, que celebrará el próximo 14 de diciembre la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales para las cuales el ultraderechista Kast se perfila como favorito.
Kast, líder del Partido Republicano, ha prometido una política de mano dura contra la inmigración irregular y anunció que expulsará a todas las personas indocumentadas del país una vez que su eventual gobierno asuma la presidencia el 11 de marzo.
“A los inmigrantes irregulares en Chile les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria”, volvió a alertar el viernes el ultraderechista en un vídeo subido en X, en el que emplazó al saliente presidente Gabriel Boric a visitar los pasos fronterizos para “hacerse cargo" de la situación.
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Migrantes varados y protestas
Desde la noche del jueves localidades fronterizas del extremo norte de Chile, como el complejo Chacalluta, han experimentado un aumento de personas que buscan abandonar el país y han quedado varadas por no contar con los papeles necesarios para cruzar al lado peruano.
La tensión escaló en la tarde del viernes cuando varios de los que intentaban llegar a Perú bloquearon las vías en forma de protesta, lo que llevó a la intervención de Carabineros de Chile.
"Carabineros han comparecido al lugar con control de orden público para efectos de sostener un diálogo y, de lo contrario, se va a producir al desalojo de esas personas para que no sigan interrumpiendo la ruta”, dijo Cordero.
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El ministro indicó que el gobierno chileno monitorea la situación en sus fronteras “a diario” y aseguró que sus instituciones se encuentran preparadas "frente a cualquiera contingencia”.
Añadió que Chile mantiene un “diálogo diplomático y de gestión activo” con Perú a fin de evitar una crisis humanitaria similar a la ocurrida en mayo de 2023 cuando decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, quedaron varados durante semanas en esa misma región en ambos lados de la frontera.
“El propósito central, igual que el periodo anterior, es evitar una crisis humanitaria en la zona”, recalcó.
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Pese a la concentración de personas en el lugar el flujo de egresos registrado en las últimas semanas es "relativamente normal", según Cordero, quien agregó que la “única forma” de abordar la situación “éxitosamente” es a través de la “cooperación entre los países fronterizos”.
El ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, descartó por ahora una reunión de emergencia, pero el canciller peruano, Hugo de Zela, anunció la creación de un comité binacional para abordar la situación, que deberá ser puesto en marcha el lunes.
“La idea es tratar de resolver los problemas mediante cooperación entre los dos países”, dijo en una rueda de prensa.
Chile se volvió uno de los mayores países receptores de inmigración en América Latina en los últimos años, en especial desde Venezuela, y vio su población migrante expandirse desde el 0,8% en 1992 a 8,8% en la actualidad, según los datos del Censo 2024. De éstos, un 41,6% son venezolanos.
El flujo migratorio descontrolado se convirtió en uno de los ejes de la carrera electoral por la presidencia ya que muchos chilenos, incluso el gobierno, vinculan la llegada masiva de extranjeros con un aumento de la delincuencia.
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