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Washington.- La Corte Suprema de Carolina del Sur, Estados Unidos, dictaminó este miércoles que es constitucional ejecutar con un escuadrón de fusilamiento a los condenados a muerte, al igual que el uso de una inyección letal o la silla eléctrica.
La decisión de este miércoles abre la puerta para que entre en vigor una ley aprobada en mayo de 2021, que tenía como objetivo buscar alternativas a la inyección letal ante la escasez de estos fármacos por la negativa de las empresas farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones.
La ley también buscaba que los presos condenados a muerte en Carolina del Sur pudieran elegir entre la silla eléctrica, una inyección letal o el pelotón de fusilamiento para ser ejecutados.
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Fusilamiento es legítimo, celebra gobernador de Carolina del Sur
El gobernador, el republicano Henry McMaster, dijo en un comunicado este miércoles que la máxima corte del estado “ha confirmado legítimamente” el Estado de derecho de la legislación.
“Esta decisión es otro paso para garantizar que las sentencias legales se puedan ejecutar debidamente y que las familias y los seres queridos de las víctimas reciban el cierre y la justicia que han esperado durante mucho tiempo”, agregó.
El caso llegó a la Corte Suprema de Carolina del Sur tras la demanda de cuatro condenados a muerte que impugnaron la ejecución por medio de un pelotón de fusilamiento o la silla eléctrica argumentando que violaba la prohibición de infligir castigos crueles.
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El juez John Few escribió en la opinión mayoritaria que la elección entre estas tres opciones “no puede considerarse cruel porque el preso condenado puede elegir que el Estado emplee el método que él y sus abogados crean que le causará menos dolor”.
En la opinión de cerca de 100 páginas dijo que las modificaciones realizadas a la leyes estatales son un "esfuerzo sincero de la Asamblea General para hacer que la pena de muerte sea menos inhumana" y al mismo tiempo permitir que el estado cumpla con sus deberes como lo exige la ley.
Por su parte, el director de la Unión Estadounidenses de Derechos Civiles de Carolina del Sur, Jace Woodrum, criticó el dictamen y dijo que “la ejecución es una forma costosa e ineficaz de castigo cruel e inusual que no solo no nos hace más seguros, sino que plantea la posibilidad de que el estado mate a personas inocentes en nuestro nombre”.
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