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Bruselas. De todas las peticiones de acción urgente emitidas por el Comité de Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, en sus 15 años de funcionamiento, el 37% han sido por casos ocurridos en México.
Con ese precedente, los 10 miembros del Comité de la ONU iniciaron este lunes en Ginebra el análisis de la información solicitada en virtud de la activación del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con respecto a la situación en México.
Dicho artículo dispone que "si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General”, para prestar apoyo a las víctimas y orientar al Estado en cuestión sobre las medidas que deben adoptarse.
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El examen de la información recaudada por escrito y en formato oral, presentada por el gobierno Mexicano y otras partes interesadas, incluyendo defensores y madres buscadoras, se desarrollará de aquí al 2 de octubre en el marco de la edición 29 del periodo de sesiones del Comité, presidido por el abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán.
“La desaparición forzada sigue siendo utilizada en diversas partes del mundo como herramienta de represión, terror o control social. Observamos un aumento en las desapariciones mal llamadas de corta duración empleadas para intimidar y castigar a defensores de derechos humanos, periodistas y a quienes protestan pacíficamente”, sostuvo Albán en la apertura de la reunión.
“La desaparición forzada no es un crimen del pasado, sino del presente, las estadísticas de los mecanismos de Naciones Unidas muestran decenas de miles de casos sin resolver. La impunidad sigue siendo la regla en numerosos contextos. Detrás de cada denuncia hay familias que buscan, sociedades que no pueden cerrar sus heridas y Estados de derecho debilitados”.
Comité de la ONU ha emitido casi dos mil peticiones urgentes sobre desapariciones forzadas
A lo largo de su funcionamiento, concretamente desde 2012 hasta febrero pasado, el Comité ha emitido mil 931 peticiones urgentes para investigar la presunta desaparición de una persona y ayudar a las víctimas respecto a la búsqueda y acceso a la información.
De ese universo, 729 han sido dirigidas al Estado mexicano, el mayor receptor de dichas medidas entre 31 países. Detrás se encuentra Irak, con 692 solicitudes, Colombia con 241 y Cuba con 194.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron emitidas 346 órdenes urgentes, si el conteo comienza en 2012 hasta finalizar el 2018, mientras que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, fueron 365, de 2019 al concluir 2024. Peña Nieto arrancó con 5 solicitudes de acción urgente al año y concluyó con 42, mientras que López Obrador con 10 y cerró con 100. Hasta el 28 de febrero, en lo que va del año curso, las alertas de emergencia suman 14.
Del total, 80 peticiones han quedado descontinuadas por casos anulados o cerrados, 229 suspendidas por falta de respuesta de los autores de las peticiones, sea por voluntad propia o porque no les fue posible continuar; y 18 se han restado debido a que expiró el plazo para aclarar dudas.
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En el último corte de caja, que abarca entre el 10 de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, el Comité emprendió 106 acciones urgentes, de las cuales el 44% se refieren a México, un total de 47 casos. A la distancia sigue Ecuador con 22, Colombia con 10, Irak y Sudán con nueve, respectivamente.
Los casos correspondientes a México se registraron entre 2017 y 2024, 11 incidentes se produjeron en Michoacán y 10 en Baja California. Entre las víctimas hay dos defensores de derechos humanos, una persona LGBT, cinco menores de edad, dos discapacitados y 17 miembros de minorías étnicas o religiosas; casi el 79% de todos los reportes corresponden a hombres.
El Comité sostiene en su informe correspondiente que, como ha ocurrido en situaciones similares en México, apenas se dispone información sobre los posibles autores y las circunstancias de las desapariciones, sea por ausencia de testigo o falta de pruebas de la autoridad.
“En muchos casos, los autores solo saben que la persona desapareció, que el contexto proporciona elementos que hacen pensar que las desapariciones, incluida la desaparición forzada, son una práctica generalizada, y que existen alegaciones de vínculos entre agentes de las autoridades locales y grupos criminales, entre otras cosas en relación con la ocurrencia de desapariciones”, indica.
Señala que en todos los casos, el órgano de la ONU recomendó establecer estrategias de búsqueda, identificar a los autores, activar medidas cautelares de protección, involucrar y asistir a las víctimas.
“La información disponible indica que en muy pocos casos se aplicaba una estrategia de búsqueda e investigación. En los casos en que se aplicaba dicha estrategia, no se ajustaba al protocolo normalizado de investigación establecido por la Procuraduría General de la República para el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, ni a las normas internacionales”.
ONU advierte a México por fallas en proceso de búsqueda de personas desaparecidas
Sobre las tendencias observadas en las respuestas del Estado mexicano a las inquietudes emitidas desde el Palacio de las Naciones, indica que en la gran mayoría de los casos la información recibida revela fallas en el proceso de búsqueda e investigación, y que en ocasiones incluía datos muy detallados relativos a agentes públicos involucrados en actos que presuntamente han obstaculizado la búsqueda y la investigación.
“Al Comité le preocupa el número significativo de casos en los que las acciones de búsqueda, en particular las búsquedas sobre el terreno, son limitadas o inexistentes”.
En los próximos días, el Comité examinará la información recibida por el Estado Mexicano, relatores internacionales, representantes de la sociedad civil y familiares de víctimas, incluyendo madres buscadoras.
De enviar la crisis de desaparecidos a la Asamblea General de la ONU, organizaciones como el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Consultora Solidaria, proponen crear un instrumento internacional de acompañamiento al gobierno Mexicano para que imparta justicia y evite la repetición. En caso de haber delitos penales, exhortan acudir a la Corte Penal Internacional, que recopila comunicaciones sobre supuesto genocidio en el país en el contexto de la guerra contra el narco.
mgm
