Obras arquitectónicas de Trump desatan críticas y polémica

Miami.— La Casa Blanca se ha convertido en un campo de batalla arquitectónico y político. La demolición del Ala Este para levantar un salón de baile monumental y el anuncio de un “Arco de la Independencia” —apodado ya como el “Arco de Trump”— marcan un giro en la relación entre el poder presidencial, el patrimonio histórico y el financiamiento privado estadounidenses. Ambos proyectos, financiados con donaciones de corporaciones y magnates, de acuerdo con Trump, han desatado un debate sobre la transparencia, la legalidad y el legado para la ciudadanía en la Unión Americana.

En octubre comenzaron los trabajos para echar abajo el ala Este de la Casa Blanca para la construcción del salón de baile. La obra, de unos 8 mil metros cuadrados, tendrá un costo estimado de entre 200 y 300 millones de dólares, cubiertos por donaciones privadas. La nueva sala tendrá capacidad para cerca de mil invitados y busca convertirse en el espacio más lujoso de la residencia presidencial.

La Casa Blanca asegura que el proyecto se financia exclusivamente con aportaciones privadas. “El presidente Trump y otros donantes patriotas se han comprometido generosamente a donar los fondos necesarios”, señala un comunicado oficial. Entre los contratistas figuran Clark Construction y la firma de ingeniería AECOM, siglas que significan Architecture, Engineering, Construction, Operations, and Management, mientras que el diseño recae en McCrery Architects, conocidos por su estilo neoclásico.

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Demolición del Ala Este de la Casa Blanca, en Washington. Foto: Cortesía Casa Blanca

El American Institute of Architects (AIA) envió una carta al Congreso de EU en octubre donde expone que “el carácter histórico de la Casa Blanca exige transparencia y respeto; no puede ser tratado como un proyecto privado”. Este documento, firmado por cientos de profesionales, refleja el rechazo institucional y la preocupación por la falta de supervisión independiente.

Uno de los firmantes contactado por EL UNIVERSAL comentó que “la demolición del Ala Este es un acto de desmemoria. Cada ladrillo de la Casa Blanca cuenta una historia y sustituirlo por un salón de baile es borrar capítulos enteros de nuestra narrativa nacional”.

En un comunicado, los ingenieros de AECOM defendieron que “se trata de un proyecto con estándares de seguridad presidenciales, no de un capricho arquitectónico”.

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La ciudadanía se pronunció. En octubre, el Advisory Neighborhood Commission (ANC) de Washington celebró una sesión abierta donde vecinos expresaron su preocupación. “¿Quién dona 50 millones de dólares sin esperar algo a cambio?”, preguntó un residente de Georgetown. Una estudiante de Arlington escribió en X: “Me duele ver cómo se destruye un espacio histórico para levantar un salón que parece más un casino que un símbolo nacional”.

El Arco de Trump, anunciado el 15 de octubre, busca conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense. “Será más grande y más bello que el de París”, dijo Trump. De acuerdo con el portal Axios, que cita a fuentes informadas del tema, este proyecto podría tener un costo de unos 100 millones de dólares. El mismo medio reportó que Trump ha recaudado aproximadamente mil 900 millones de dólares para financiar todos sus planes de construcción.

El especialista del AIA señaló que “el Arco de Trump no es un monumento a la independencia, sino a la vanidad. Los monumentos deben surgir de consensos sociales, no de la voluntad unilateral de un presidente”. Trump ligó el arco a su visión de “renacimiento patriótico”. Pero un académico del área de Ingeniería Civil dijo a este diario: “No necesitamos un arco que compita con París, necesitamos escuelas y hospitales que compitan con los mejores del mundo”. La National Capital Planning Commission (NCPC) recibió comentarios públicos sobre el arco. “Un monumento de esas dimensiones rompe el equilibrio del eje monumental de Washington”, señaló un arquitecto en sesión.

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El otro elemento de polémica es la destitución, el 30 de octubre, de los seis miembros de la Comisión de Bellas Artes nombrados por el expresidente Joe Biden. Con ello, dicen los observadores, desapareció un contrapeso clave para aprobar proyectos cuestionados por historiadores y urbanistas. “La Comisión de Bellas Artes fue creada para garantizar que la arquitectura pública respondiera al interés común de los estadounidenses. Al destituir a sus miembros y reemplazarlos con aliados, eso se convierte en un comité decorativo sin poder real”, alertó el especialista en obras urbanas.

Los críticos advierten que la Comisión perdió independencia. “Es un golpe a la supervisión arquitectónica en Washington”, señaló James Howard Kunstler. Para la historiadora Sarah Lewis, “la Casa Blanca se convierte en escenario de un proyecto personalista, no en patrimonio de todos los estadounidenses”.

Hasta ahora, no hay pruebas de que Trump o su círculo cercano estén recibiendo pagos directos por estas obras. Pero el riesgo real se encuentra en los beneficios indirectos. “La arquitectura monumental financiada con donaciones privadas abre la puerta a un intercambio implícito de favores, acceso privilegiado y adjudicaciones federales favorables”, sugiere el académico del área de Ingeniería Civil; “la pregunta no es sólo quién paga, sino qué obtiene a cambio”.

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Los sobrecostos y cambios de alcance también son indicadores. “Si el presupuesto inicial de 200 millones se infla con órdenes de trabajo adicionales, el margen puede beneficiar a un reducido grupo de contratistas recurrentes”, señala el especialista urbano. Así las cosas, la monumentalidad, en este sentido, no sólo es simbólica: también puede ser un negocio.

En el Congreso, la oposición demócrata prepara audiencias para investigar el origen de los fondos. “Si hay corporaciones con contratos federales financiando proyectos personales del presidente, eso es corrupción institucionalizada”, declaró Jamie Raskin.

La opinión pública está dividida. Encuestas de Gallup muestran que 48% aprueba el salón de baile, mientras sólo 32% respalda el arco. El resto se declara indiferente o desconfiado. “Es un lujo innecesario en tiempos de déficit”, opinó un ciudadano de Ohio.