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El Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés) y muchos de los miembros de su consejo directivo demandaron al gobierno del presidente Donald Trump para evitar su destitución y que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), de Elon Musk, tome el control y acceda al edificio y a los sistemas de la organización, que es un organismo independiente sin fines de lucro.
En la demanda, presentada el martes por la noche en el Tribunal Federal de Distrito en Washington se describen las medidas a las que recurrió el personal del instituto, como llamar a la policía, en un esfuerzo por evitar que representantes del DOGE y otras personas que trabajaban con el gobierno de Trump accedieran a la sede, ubicada cerca del Departamento de Estado.
En una orden ejecutiva emitida el mes pasado, Trump señala al instituto y otras tres agencias para efectuar reducciones a gran escala. El grupo de expertos, que busca prevenir y resolver conflictos, fue creado y financiado por el Congreso en 1984. Los miembros de la junta son nominados por el presidente y deben ser confirmados por el Senado.
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En la demanda se acusa a la Casa Blanca de realizar despidos ilegales por correo electrónico y se afirma que los miembros restantes del consejo —el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de la Universidad Nacional de Defensa Peter Garvin— también destituyeron al presidente del instituto, George Moose.
En su lugar, los tres nombraron a Kenneth Jackson, un administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), según la demanda.
El lunes, el personal del DOGE intentó varias veces acceder al edificio antes de lograr entrar, en parte, con la ayuda de la policía.
El personal del instituto llamó primero a la policía alrededor de las 3 de la tarde del lunes para reportar una violación de la propiedad, según la demanda. Pero el Departamento de Policía Metropolitana dijo en un comunicado que el presidente interino del instituto —en aparente referencia a Jackson— les informó alrededor de las 4 de la tarde que se le había negado el acceso al edificio y que había “individuos no autorizados” dentro.
“Finalmente, todos los individuos no autorizados dentro del edificio cumplieron con la solicitud del presidente interino del USIP y abandonaron el edificio sin más incidentes”, dijeron las autoridades.
En la demanda se indica que el abogado del instituto dijo varias veces a los representantes del DOGE que el poder ejecutivo no tiene autoridad sobre la organización.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre la demanda.
La acción legal es la más reciente impugnación a los esfuerzos del gobierno de Trump para desmantelar las agencias de asistencia exterior de Estados Unidos, reducir el tamaño del gobierno federal y ejercer control sobre entidades creadas por el Congreso.
Un juez federal dictó el martes que los recortes a la USAID probablemente violaron la Constitución e impidió que el personal de DOGE realizara más reducciones.
Para los demócratas de mayor nivel en los comités de asuntos exteriores del Congreso, el representante de Nueva York Gregory Meeks y la senadora de Nueva Hampshire Jeanne Shaheen, la “toma hostil” del instituto fue una señal más de que Trump y Musk quieren “desmantelar imprudentemente instituciones históricas de Estados Unidos pieza por pieza”.
Los líderes de otras dos agencias mencionadas en la orden ejecutiva emitida por Trump en febrero —la Fundación Interamericana, que invierte en negocios en América Latina y el Caribe, y la Fundación de Desarrollo Africano de Estados Unidos— también han demandado al gobierno para revertir o pausar la destitución de la mayor parte de su personal y la cancelación de la mayoría de sus contratos.
Un juez federal dictó la semana pasada que sería legal eliminar la mayoría de los contratos y despedir al personal de la agencia estadounidense para África, que invirtió millones de dólares en pequeñas empresas de ese continente.
Pero el juez también ordenó que el gobierno preparara al personal del DOGE para que explique qué pasos realiza para mantener la agencia con “la presencia y función mínimas requeridas por la ley”.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en respuesta al caso de la fundación de Estados Unidos para África que “los burócratas deshonestos y que se sienten privilegiados no tienen autoridad para impugnar” las órdenes ejecutivas de Trump o “impedir físicamente que sus representantes ingresen a las agencias que dirigen”.
ss/mcc
