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“Nicaragua avanza hacia la talibanización del sistema político”, advierte, en entrevista con EL UNIVERSAL, Félix Maradiaga, líder opositor, excandidato presidencial y activista político nicaragüense.
Maradiaga, obligado a salir de su país y a exiliarse en Estados Unidos en febrero pasado junto con otras 221 personas, alerta por la suspensión de universidades –la más reciente, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA)-, y la persecución religiosa en su país, donde estuvo preso por oponerse al régimen de Daniel Ortega. Lamenta que Latinoamérica no tenga una reacción más fuerte frente a lo que pasa en Nicaragua y advierte que no es un problema local, sino uno que “pone en riesgo la seguridad regional”.
En el caso particular de México, Maradiaga, académico y ganador del Premio al Coraje en la Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia en Ginebra, en mayo pasado, urgió al gobierno a mostrar más “solidaridad con una población perseguida” y a dejar de lado su “romanticismo con la revolución sandinista” que le impide ver que lo que hoy prevalece en Nicaragua es una dictadura.
Como fundador de la Fundación de la Libertad, Maradiaga ha lanzado dos campañas: una por la defensa de la libertad religiosa en Nicaragua y otra por el fin del arresto arbitrario, que implica elevar la incidencia internacional para presionar por la libertad de los presos políticos, no sólo en Nicaragua, sino en países como Cuba y Venezuela.
P. ¿Hacia dónde va Nicaragua?
R. Nicaragua avanza peligrosamente hacia una talibanización del sistema político, a una especie de versión tropical de Corea del Norte. Pareciera exagerado lo que estoy diciendo, pero Nicaragua es probablemente el único país del mundo que ha expulsado a la Cruz Roja y que ha expropiado a la Cruz Roja, una de las organizaciones más cuidadosas de su neutralidad.
Entre universidades privadas y subsidiadas, se han suspendido las operaciones de 28, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA), que es propiedad de la Compañía de Jesús, y 3 mil 500 organizaciones cívicas nacionales e internacionales, que van desde organizaciones filantrópicas que ofrecían alimentación a poblaciones vulnerables; órdenes religiosas como la Orden de María Teresa de Calcuta, etc.
La persecución más dramática es a la Iglesia católica, que les ha llevado a sufrir la expulsión de 77 religiosos y el encarcelamiento de cuatro sacerdotes, uno de ellos un obispo: Monseñor Rolando Álvarez.
Si hacemos una lista de todas estas medidas, difícilmente podemos encontrar un régimen tan extremo como el que tiene Nicaragua. Es una profundización de la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega a cualquier organización que pueda suponerle un contrapeso o una contradicción a su plan de instaurar lo que yo denomino una dictadura dinástica. Recordemos que los hijos de Daniel Ortega han recibido rango de ministro, es algo inédito. Y su esposa es la vicepresidenta de la República. Ambos, ejerciendo los cargos forma inconstitucional.
P. Ortega persigue universidades; es decir, a los jóvenes, y religiosos. ¿Cuál es el objetivo?
R. Cerrar todos los espacios políticos y cívicos que puedan suponer un obstáculo para sus planes de radicalización. La autonomía de las universidades ha significado un dolor de cabeza para los regímenes autoritarios a lo largo de la historia de Nicaragua. Han sido espacios de libertad y de protesta. De 1990 a 2006, universidades como la UCA fueron focos de protesta contra los gobiernos de centroderecha, pero estos gobiernos aprendieron a convivir con la protesta social. En resumen, el régimen de Ortega no está dispuesto a aceptar a ninguna organización, movimiento, o ciudadano que pueda cuestionar sus planes de radicalización.
P. ¿Hasta dónde pueden llegar esos planes?
R. Hasta la anulación del derecho a la propiedad privada de forma más genérica. En este momento, la confiscación de bienes ha sido la herramienta principal del régimen para sacar de operación a los organismos de derechos humanos, universidades, organizaciones de la sociedad civil. El 5 de junio de 2018 se dio el primer acto arbitrario, con el cierre del instituto bajo mi cargo, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). Fue solo el primero de una larga lista.
Todavía no ha habido una réplica de lo que pasó en los años 80, en los años del sandinismo, cuando hubo una persecución a la propiedad privada. Existen enormes probabilidades de que se replique ese mecanismo, que ya lo hemos visto en países como Cuba.
Lo segundo que podría pasar, con bastante probabilidad, son los intentos de crear mecanismos de religión oficial. Ya en los 80 se intentó, con la Iglesia de Base. En Nicaragua ya está sucediendo. Las iglesias de denominación protestante necesitan aprobación estatal para poder operar. Y han sido cerradas universidades y denominaciones evangélicas protestantes que no tienen este permiso.
En la Iglesia católica eso no fue posible, por su peso histórico. Por eso es que se ha procedido a este otro mecanismo.
Existe un tercer pilar de la radicalización: la expulsión masiva de la población. Según estimados de organizaciones como Diálogo Interamericano, y según datos de ACNUR y otras organizaciones, Nicaragua tiene ya a más del 10% de su población forzada al exilio del 2018 a la actualidad.
Solo en Costa Rica, la cifra de personas que han solicitado refugio por razones políticas son 210 mil, un número inédito en la historia de Nicaragua.
Son fases muy graves de la radicalización de la dictadura.
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P. Frente a este escenario, ¿cuáles son las opciones al interior de Nicaragua para enfrentar las decisiones del régimen de Ortega?
R. Dentro de Nicaragua existen todavía mecanismos de resistencia ciudadana, a un enorme costo humano. En los últimos cuatro meses hemos visto por lo menos 40 nuevos arrestados. Nicaragua tiene en este momento más de 80 presos políticos. Existían antes de febrero de este año 222 personas presas, que fuimos expulsadas del país, despojadas de la nacionalidad. El encarcelamiento arbitrario es, sin lugar a dudas, un enorme problema que impide cualquier mecanismo de resistencia, pero a pesar de ello seguimos viendo resistencia e Nicaragua.
Pero realmente, la mayor parte de la presión tiene que venir de la comunidad internacional, porque ya los mecanismos internos están agotados. Cualquier nicaragüense que se atreva a cuestionar al régimen como mínimo sufre la cárcel. Además, hay casi 400 personas que han sido asesinadas extrajudicialmente por el Estado de Nicaragua, de conformidad al reporte de expertos de Naciones Unidas.
P. ¿Qué es lo que Usted, como activista, como líder nicaragüense pediría a la comunidad internacional?
R. Primero, comprender que lo que está pasando en Nicaragua es un fenómeno que pone serios riesgos a la seguridad regional. No es un fenómeno estrictamente doméstico… Sus vínculos con China, con Bielorrusia, con Core del Norte lo convierten en un serio problema para la estabilidad centroamericana.
Lo segundo, es que está generando una distorsión significativa en temas migratorios, al expulsar a cientos de miles de nicaragüenses. Costa Rica es el país que más refugiados ha recibido y ha estado muy solo en esta situación tan grave.
La comunidad internacional debe activar tratados y convenios internacionales más estrictos. Además, no se pueden dejar de lado los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas y el clamor de las víctimas y sus familiares de activar mecanismos de justicia universal, que incluso deberían llevar a pensar en abrirle juicios por estos temas a Daniel Ortega en jurisdicciones internacionales.
P. En el caso específico de México, que ha expresado su apoyo a Ortega, ¿cuál sería el llamado?
R. Mi primer llamado es a la urgencia de solidarizarse con una población que está perseguida, ante un contexto que no es únicamente ideológico. La Universidad Centroamericana estaba muy lejos de ser identificada como un centro de la derecha.
Muchos de los presos políticos fueron aliados del Frente Sandinista.
Mi llamado sería particularmente a la izquierda de México a abandonar su romanticismo, de lo que en algún momento pudo haber sido la Revolución Sandinista que recibió de parte de los mexicanos, en su mayoría, un gran respaldo.
Esa imagen nostálgica de lo que fue la Revolución Sandinista en los años 80 lamentablemente continúa distorsionando, en gran parte, la comprensión, desde México, de lo que está pasando en Nicaragua. Hay muchas excepciones. Hay pensadores políticos y analistas que tienen muy claro desde México que lo que está pasando en Nicaragua trasciende la polarización izquierda-derecha y que lo que está pasando es una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad.
En segundo lugar, comprendiendo la política exterior mexicana que es muy respetuosa, en su tradición diplomática, de los asuntos internos de cada país, hay que recordarle que existe una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de marzo de este año, que insta a que los Estados miembros de las Naciones Unidas coadyuven a que Nicaragua encuentre una transición democrática y le da a las arbitrariedades de Nicaragua, cometidas desde el régimen, categoría de crimen de lesa humanidad. Lo dice claramente el informe de marzo. Y por tanto, los Estados miembros de la ONU y aquellos que son parte del Sistema Interamericano en el marco de la OEA, como México, por razones éticas, morales y políticas, no deberían guardar silencio ante un régimen que está oficialmente categorizado por la ONU como perpetrador de crímenes de lesa humanidad.
P. Desde su perspectiva, ¿de qué manera pueden los Estados coadyuvar a que Nicaragua avance hacia un sistema democrático?
R. El acto más importante es tomar una posición política y no ampararse en la neutralidad. En segundo lugar, hay que trabajar con los otros Estados latinoamericanos en encontrar mecanismos de presión que obliguen a la dictadura a aceptar las propuestas que se han puesto sobre la mesa para la transición a la democracia, que implican la restitución del derecho a elecciones libres y la libertad de los presos políticos.
Es muy lamentable que América Latina ha tenido una posición bastante modesta, en comparación con las acciones que han venido de Europa y Estados Unidos. Lo que nos preocupa es que Ortega se ha sabido amparar argumentando que estas sanciones internacionales, estos mecanismos de presión y resoluciones vienen de Estados Unidos y Europa como una especie de ataque a un régimen latinoamericano, en esta polarización entre Norte y Sur. Y eso es lamentable. La forma de mitigar eso es más participación de los Estados del sistema interamericano y más soluciones en el marco de lo que nos permiten los foros regionales.
P. ¿Cómo vive su situación en el exilio?
R. No es un exilio tradicional. Yo fui montado en un avión por la fuerza, junto a otros expresos políticos, sacado de una cárcel en la que pasé 611 días en arresto arbitrario, la mayor parte en condiciones sumamente inhumanas. Y luego, mientras estaba volando, se me despojó de mi derecho constitucional a tener una nacionalidad y se me despojó, a mí y a mi familia, de nuestras propiedades. Vivir en el exilio en estas condiciones es una situación sumamente compleja. Además, no he cesado de trabajar un solo día en consolidar una opción de oposición desde el exilio y esto ha implicado que la dictadura continúa su persecución, aun estado fuera de Nicaragua.
P. ¿Vislumbra algún escenario en el que pudiera regresar a Nicaragua?
R. Es un propósito de vida. He manifestado que estoy forzado al exilio, y uno de los pasos fundamentales de cualquier escenario de transición a la democracia debe pasar primero por aspectos como la libertad de todos los presos políticos y permitirle a las personas que hemos sido forzadas al exilio regresar a Nicaragua. Lo que ha querido Ortega al forzarnos al exilio y quitarnos la nacionalidad es no tener absolutamente ninguna fuerza de oposición contra él.
P. ¿Cuál sería su mensaje al pueblo nicaragüense?
R. Que no los hemos abandonado. Que estoy trabajando desde el exilio junto a otros líderes de la oposición para hacer todo lo posible para que Nicaragua pueda encontrar una transición hacia su libertad, y eso implica una combinación de trabajo internacional e incidencia, pero también de conformación de una fuerza de oposición capaz de ser una alternativa democrática. A pesar de nuestro exilio, mantenemos comunicación cotidiana con la gente para que estén claros en que nunca vamos a rendirnos.
