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Nepal puso fin este viernes a varios días de incertidumbre política tras la dimisión del ex primer ministro K.P, Sharma Oli, con la designación de la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como jefa del Gobierno interino, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.
Karki jurará el puesto a las 21.00 hora local (15.15 GMT) en la sede presidencial de Sheetal Niwas, según confirmó a EFE el asesor de prensa del presidente, Kiran Pokharel.
Inmediatamente después está previsto que encabece la primera reunión del nuevo Gabinete, en la que los ministros decidirán recomendar al presidente Ram Chandra Poudel la disolución de la Cámara de Representantes.
El acuerdo llega tras intensas negociaciones entre el presidente Poudel, Karki, el Ejército y los líderes del movimiento juvenil "Generación Z", que reclamaban la disolución del Parlamento como condición para permitir la formación de un Ejecutivo interino.
Sushila Karki es conocida en Nepal por su papel en la lucha contra la corrupción y se ha convertido en figura de consenso entre los jóvenes manifestantes.

Su nombre había sonado desde el inicio de la crisis como opción para encabezar un Ejecutivo provisional, aunque existían obstáculos legales, ya que la Constitución establece que solo un miembro del Parlamento puede ser designado primer ministro.
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Diversos actores de la sociedad civil, como colegios profesionales y asociaciones de abogados, insistieron en los últimos días en que cualquier salida debía mantenerse dentro del marco constitucional.
El propio presidente nepalí se había comprometido con una transición que preservara el Estado de derecho y la legitimidad institucional.
Nuevo gobierno llega al poder ante demandas de jóvenes manifestantes
Según el nuevo acuerdo, la Cámara será disuelta y el nuevo Gobierno asumirá el poder, atendiendo a las demandas de los manifestantes que habían mantenido bloqueada la transición tras la salida de Oli.
Nepal ha pasado tres días en un limbo político marcado por el vacío de poder, mientras el Parlamento reclamaba una salida constitucional y sectores de la sociedad civil advirtieron de que cualquier Ejecutivo fuera de la Carta Magna carecería de legitimidad.
El estancamiento se produjo en medio de un clima de tensión creciente. Las protestas, desencadenadas tras el bloqueo de 26 redes sociales el 4 de septiembre, dejaron al menos 51 muertos y más de un millar de heridos, según el último balance oficial.
sg