Los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, que están por cumplir un mes, marcan un antes y un después en el tema del derecho internacional. Los países aliados han rechazado sumarse a esta guerra, señalando que no se ajusta a las normas internacionales, que no tiene objetivos ni un fin claro. Para Naciones Unidas, se trata de un nuevo conflicto por cuya solución poco puede hacer El asesinato selectivo de líderes y la amenaza de Trump a quienes no lo apoyan marcan un peligroso precedente y generan una gran duda: ¿cuál será el futuro de las normas internacionales?
La inminencia como pretexto: el caso Irán
Scarlett Limón Crump. Analista Internacional
Se le llamó “amenaza inminente”. Pero en realidad, fue una decisión política envuelta en lenguaje de seguridad. El ataque de Estados Unidos contra Irán no solo reconfigura tensiones en Medio Oriente: expone una tendencia más profunda: la normalización de la ilegalidad como herramienta de poder.
En derecho internacional, la “inminencia” exige evidencia clara, urgencia verificable y proporcionalidad. Aquí, como en otros episodios recientes, lo que hubo fue opacidad. La amenaza no se probó; se narró. Y cuando la narrativa sustituye a la evidencia, la legalidad deja de ser un límite y se convierte en un recurso.
Pero esta decisión tampoco puede leerse solo en clave geopolítica. Hay un cálculo doméstico evidente. En momentos de presión interna, polarización o desgaste político, la política exterior se convierte en escenario de reafirmación: un enemigo externo cohesiona, distrae y proyecta liderazgo. La fuerza, en ese sentido, también comunica hacia dentro.
El problema es el costo. Detrás de cada operación “quirúrgica” hay vidas que no entran en el cálculo: niñas, niños, familias que se convierten en “daños colaterales”. El lenguaje técnico intenta contener lo irreparable, pero no lo borra. Cuando cae una bomba, también caen derechos.
Ahí emerge la contradicción más incómoda: los mismos Estados que se presentan como garantes de los derechos humanos son capaces de relativizarlos cuando interfieren con sus intereses estratégicos. La universalidad se vuelve selectiva.
Bajo Donald Trump, esta lógica se radicaliza. El multilateralismo se diluye, la excepcionalidad se vuelve regla y la legalidad internacional se interpreta según conveniencia. Irán no es solo un adversario: es el escenario donde se ensaya un mensaje más amplio: las reglas existen, pero no aplican igual para todos.
El costo no es abstracto. Se mide en vidas, en territorios devastados y en la erosión de un orden internacional que pierde legitimidad cada vez que la fuerza sustituye a la norma. La era de la ilegalidad no empieza con una bomba. Empieza cuando dejamos de demandar congruencia y aceptamos que los derechos humanos son negociables. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es quién tiene la razón, sino quién puede imponerla.
Lee también Trump desatará infierno en Irán: Casa Blanca
EU-Israel contra Irán: ¿Y el derecho internacional?
Emiliano Hinojosa Ponce. Internacionalista
Medio Oriente ha entrado en una fase de escalada, con el Estrecho de Ormuz como un territorio de disputa estratégica. Esto ha puesto a Irán en una posición compleja, marcada por la vulneración de su infraestructura energética y la desestabilización política. El papel de Estados Unidos e Israel evidencia una lógica de intervención que deslegitima el derecho internacional.
Principios como la no intervención y el respeto a la soberanía estatal son fundamentales para el orden internacional. La estrategia militar Estados Unidos-Israel no ha dudado en violarlos, pues se interponen en sus motivaciones. Trump impulsa “negociaciones” para disminuir el tráfico en el Estrecho de Ormuz, mientras que Mohammed Baqer, presidente del Parlamento iraní, desmiente dicha acción. La situación es clara: el derecho internacional es relegado y la disputa por recursos y las operaciones militares dominan la agenda.
Irán presiona al Consejo de Seguridad, exigiendo una respuesta jurídica para mediar el conflicto. La ONU condena la violencia contra civiles, pero su capacidad de acción se ve cada vez más limitada. ¿Qué ocurre cuando las instituciones internacionales no responden ante crecientes tensiones? La invasión de territorio y el uso de la fuerza se consolidan como el modus operandi de los Estados con mayor poder.
La expansión regional del conflicto es un escenario posible, donde el control de recursos y rutas energéticas se convierte en herramienta de coerción. En este contexto, las negociaciones emergen condicionadas por la fuerza, y no por el derecho internacional. Irak, Siria y Yemen son ejemplos claros de la flexibilización de la norma en nombre de intereses estratégicos.
Estados Unidos e Israel parecen operar bajo esta lógica, priorizando el control estratégico sobre los derechos humanos y los principios internacionales. Si esta estrategia se consolida, el riesgo no es solo la escalada del conflicto, sino la erosión definitiva de un orden internacional donde el poder dicta las reglas, y la legalidad queda en manos de quienes puedan imponerla.
Lee también Trump aplaza su viaje a China por la guerra con Irán; irá en mayo para reunirse con Xi Jinping
Trump y los límites del derecho
Mateo Ritch, Analista en temas de Derechos Humanos.
Trump ha recurrido de forma sistemática a la presión política como instrumento de política exterior, trasladando costos estratégicos hacia sus aliados. Sus llamados a que la Unión Europea y la OTAN asuman un papel más activo en la seguridad del estrecho de Ormuz deben entenderse en ese marco: no como solicitudes jurídicamente vinculantes, sino como intentos de redistribuir responsabilidades en un escenario de tensión donde Estados Unidos ya es un actor involucrado.
Desde el derecho internacional, la distinción es central. Ni la Unión Europea ni la OTAN están obligadas a intervenir a partir de una demanda unilateral de Washington. Los mecanismos de defensa colectiva se activan únicamente ante un ataque armado contra un Estado miembro y requieren, además, consenso político. Una escalada derivada de decisiones estratégicas estadounidenses no satisface automáticamente ese supuesto. Del mismo modo, cualquier acción exterior de la Unión Europea depende de la voluntad soberana de sus Estados miembros y de sus propios procedimientos institucionales.
En este contexto, la negativa europea no constituye una ruptura del orden aliado, sino una reafirmación de sus principios. La cooperación en materia de seguridad internacional descansa en el consenso, la legitimidad y la decisión soberana de los Estados.
La postura de Trump evidencia una tensión persistente en el sistema internacional contemporáneo: la tendencia a confundir capacidad material con obligación jurídica. Sin embargo, el derecho internacional sigue estableciendo límites claros: la fuerza, por sí misma, no produce deberes; y la alianza, incluso en sus formas más estrechas, no equivale a subordinación.
Naciones Unidas: opciones y limitaciones para responder a las acciones de EU
Dra. Magdalena Alcocer Vega. Coordinadora de Posgrado de la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México.
La ONU cumplió 80 años en 2025, en un año especialmente turbulento, en medio de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que evidenciaron la incapacidad para frenar las reglas de derecho internacional que rigieron el mundo luego de la segunda guerra mundial. La parálisis ante la que se encuentra la ONU no tiene precedentes, especialmente porque no tiene recursos financieros para hacer frente a su propia operación. El principal contribuyente ha sido Estados Unidos y anunció su retirada en diversos programas dedicados a la salud, refugiados, protección ambiental y asistencia electoral, entre otros. La ONU ha reconocido la crisis de liquidez en la que se encuentra por la falta de pagos en totalidad o en tiempo.
La dinámica volátil del sistema internacional y la falta de voluntad de los propios estados ha dejado sin respuesta a esta organización respecto a la manera de enfrentar diversos problemas como el cambio climático, los efectos de la competencia geopolítica por la tecnología y las amenazas híbridas.
El objetivo principal de la ONU fue en su creación el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, los conflictos armados actuales como el de Estados Unidos e Irán o el de Rusia y Ucrania, ponen de manifiesto la incapacidad del Consejo de Seguridad para evitar la guerra cuando existen divisiones entre miembros permanentes y donde la propia composición del mismo responde a la realidad de antaño que hoy no es vigente. Cuando Estados Unidos pasa por alto el derecho internacional, la ONU no puede forzar la obediencia.
Desde el año 2011, los vetos de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China han bloqueado más del 60% de las resoluciones sobre crisis humanitarias. En la crisis actual pueden abrirse oportunidades para establecer una profunda reforma de la ONU y del multilateralismo. La cooperación y el diálogo deben prevalecer frente al caos y la imposición de la ilegalidad por la fuerza. Se requerirá de voluntad política sostenida para su reforma interna ante la reconfiguración actual internacional, constituir un nuevo equilibrio de fuerzas en su interior sujeto a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; reconstruir la cooperación multilateral, superar la parálisis en medio de la competencia geopolítica actual y asegurar un financiamiento estable.
El derecho internacional en tensión
José Joel Peña Llanes. Internacionalista y doctor en derecho
Hablar del futuro del derecho internacional a partir de Donald Trump resulta útil, pero insuficiente. El personaje importa, desde luego, aunque más como un catalizador que como el origen de las crisis. Lo verdaderamente inquietante es que su llegada coincide con un momento en el que varias tensiones globales se cruzan, se agravan mutuamente y reducen el margen de maniobra de la política internacional. No estamos ante una sola crisis, sino ante un entorno colmado de fisuras de diferente profundidad.
Lo que hoy se desvanece no es únicamente un conjunto de instituciones, sino la confianza en los principios éticos y jurídicos que dieron sentido al orden construido tras 1945. La democracia liberal, los derechos humanos, la apertura comercial y la cooperación entre Estados ya no generan el mismo nivel de consenso. En su lugar gana terreno la lógica del poder cínico, la de la fuerza como lenguaje eficaz y la del interés inmediato como criterio superior.
Ese desplazamiento tiene consecuencias visibles. Regresan las barreras, no sólo en los mercados, sino también en la imaginación política. Se cierran fronteras, se rechaza la migración y se debilita la disposición a compartir cargas comunes. La desconfianza hacia los organismos internacionales, mientras que muchos gobiernos reivindican una soberanía entendida como permiso para actuar sin restricciones, incluso al margen de sus propios compromisos jurídicos internos y externos.
En este contexto se ensalzan discursos populistas que prometen restaurar grandezas perdidas. Pero esa promesa no suele traducirse en mayor pluralismo ni en una inclusión más profunda, sino en nuevas concentraciones de autoridad, con rasgos cada vez más duros frente al disenso y las minorías. La polarización social se vuelve el método de gobierno.
Aun así, conviene no declarar derrotado al derecho internacional. Su mayor desafío no es sobrevivir en los textos, sino probar que sigue siendo la única vía razonable para enfrentar guerras, desplazamientos, crisis climáticas o inseguridad alimentaria. Porque cuando la fuerza sustituye al derecho, la primera víctima no es la diplomacia, sino la idea misma de convivencia internacional.
Lee también Trump dice que ganó la guerra; reportan negociación
Trump y España: el lenguaje de la intimidación
Hiromi Amador, internacionalista
La amenaza de Donald Trump de usar bases militares en España para atacar Irán abrió una discusión que va mucho más allá de un desacuerdo bilateral. Lo que exhibe es una forma de hacer política exterior basada en la presión, la intimidación y la demostración de fuerza. Estados Unidos no sólo busca respaldo para su estrategia militar en Medio Oriente; también, busca dejar claro que sigue dispuesto a disciplinar a sus aliados cuando estos se apartan de su línea.
El 3 de marzo, desde la Casa Blanca, Trump criticó la negativa española a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas contra Irán. A eso sumó amenazas comerciales y una frase especialmente grave: que Estados Unidos podría usar esas bases “si quiere”. El problema de fondo es político, pero también jurídico. Rota y Morón están bajo soberanía española, y el convenio bilateral establece que cualquier uso que rebasa los objetivos previstos en ese marco exige autorización previa del Gobierno español. Cuando Trump habla como si ese límite pudiera ignorarse, lo que pone en entredicho no es sólo la relación con España, sino el principio mismo de soberanía entre aliados.
A lo largo del año, Trump ha sostenido un discurso internacional centrado en el nacionalismo estadounidense, el proteccionismo económico y el uso del hard power como herramienta de negociación. Su lógica parece orientada a proyectar una imagen de fuerza permanente y a reforzar la idea de que Washington conserva la capacidad de imponer costos a quien no coopere. Esa estrategia rompe la previsibilidad, deteriora la confianza diplomática y vuelve más frágiles los acuerdos internacionales, porque sustituye la coordinación por la amenaza.
En ese sentido, España se volvió un mensaje para el resto de Europa y para la OTAN. La advertencia no iba dirigida únicamente a Pedro Sánchez, sino a todos los socios que pudieran resistirse a seguir la agenda de Trump. El riesgo es profundo: cuando una potencia trata la soberanía de sus aliados como un obstáculo negociable, erosiona la legitimidad del orden que asegura defender. La pregunta ya no sólo será qué pasará con la relación entre España y Estados Unidos, sino hasta dónde Europa estará dispuesta a tolerar una alianza sostenida por la coerción.
Magnicidios, drones y agresión
Rodrigo Cornejo. Mtro. en Políticas Públicas y Seguridad Pública
El asesinato selectivo es una estrategia usada para intentar someter países enteros. Por eso, los ataques en Irán contra mandos políticos, religiosos y militares y buscan destruir la capacidad material de autodeterminación. Con ello, se busca que aquel país sea incapaz de defenderse ante la hegemonía externa. Así lo ha declarado el presidente de Estados Unidos, al decir que Irán “no cuenta ya con una marina armada o fuerza aérea”, producto de la ofensiva reciente de su país.
El hostigamiento a la presidenta de Venezuela y al gobierno de Cuba parte de no reconocer la legitimidad de los órganos de esos países. Históricamente, esta ha sido la justificación de agresiones imperiales, intervenciones y guerras ilegales. Además, los asesinatos de los líderes de otros países proyectan una sombra adicional sobre este hostigamiento político y económico.
La actual guerra asimétrica actual profundiza despersonaliza los conflictos mediante drones y misiles de largo alcance. Estas tecnologías permiten el asesinato remoto, eliminando el riesgo humano para el agresor, mientras convierte el territorio soberano en un espacio de cacería. Además, las decisiones de hacia dónde apuntar los bombardeos se están delegando a algoritmos de inteligencia artificial. A contrapelo, la respuesta razonada humanamente del liderazgo militar iraní ha sido reconocer el telón de fondo económico de la guerra y, en consecuencia, atacar infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos y bloquear un paso comercial.
Analistas conservadores estadounidenses han señalado que estas agresiones refuerzan la doctrina militar china de blindar sus estructuras de mando ante el asesinato e incrementar su capacidad militar de defender su esfera de influencia. A manera de burla irónica, analistas y público en general afirman que la defensa de la soberanía se ha reducido a la posesión de armas nucleares. Ningún país que las posee ha sido agredido como lo han sido aquellos que no las tienen, o que han buscado desarrollarlas.
Lee también Pese a críticas constantes, Trump vota por correo en Florida; busca limitar ese método de votación
Ormuz: prueba para la alianza transatlántica
Ricardo Smith Nieves. Analista y especialista en desarrollo internacional
La Operación Furia Épica ha reconfigurado el equilibrio de poder en Medio Oriente y puesto a prueba la capacidad de coordinación entre Estados Unidos y sus aliados. El cierre del Estrecho de Ormuz ha elevado los costos económicos de la crisis, pero también ha materializado la tensión política que existe en la red de alianzas occidentales. En semanas recientes, la administración Trump ha presionado a sus socios europeos para asumir un papel más activo en la reapertura del estrecho, aunque la disposición a hacerlo ha sido limitada y condicionada por consideraciones estratégicas propias.
Enmarcar la situación como un problema de seguridad colectiva, permite a Washington dar más legitimidad a su intervención y distribuir los costos de una eventual operación marítima. Sin embargo, varios gobiernos europeos han manifestado reservas por los riesgos de escalamiento con Irán, la falta de claridad en los objetivos estratégicos y, sobre todo, el distanciamiento político con Estados Unidos en la segunda administración Trump. Este deterioro ha dificultado la alineación de posiciones en política estratégica, en un momento en que las prioridades divergen. Mientras Washington busca proyectar fuerza en Medio Oriente, Europa ha concentrado recursos en el flanco oriental, particularmente en Ucrania, y teme que una mayor implicación en el Golfo implique una redistribución de capacidades militares.
El desenlace de esta crisis tendrá implicaciones más allá del corto plazo. La capacidad de Estados Unidos para liderar una respuesta efectiva dependerá no solo de su poder militar, sino de su habilidad para coordinarse con aliados que enfrentan restricciones políticas y prioridades distintas. En un entorno internacional más fragmentado, donde otras economías dependientes del flujo energético también tienen intereses en juego, la gestión de Ormuz se convierte en una prueba sobre la viabilidad de la cooperación internacional. De no lograrse una coordinación efectiva, el precedente será claro: incluso en temas de interés estratégico compartido, la cohesión y efectividad de la alianza transatlántica ya no puede darse por sentada.
[Publicidad]