El gobierno de Claudia Sheinbaum vive una “crisis” de “violencia extrema del crimen organizado” y por “abuso generalizado por parte de agentes estatales” que actúan “con casi total impunidad”, heredada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, aseguró la organización Human Rights Watch (HRW).
En el capítulo mexicano de su informe anual sobre derechos humanos, HRW dijo que “López Obrador [2018-2024] hizo pocos progresos para abordar estos desafíos”.
En muchas partes del país, señala el informe, “existen tasas extremadamente altas de delitos violentos, incluidos los homicidios. Seis ciudades registraron tasas de homicidio superiores a 100 por cada 100 mil habitantes en 2022. A nivel nacional, la tasa de homicidios descendió ligeramente, por tercer año consecutivo, de 25.9 por 100 mil en 2022 a 24.9 por 100 mil en 2023, aunque el número de desapariciones denunciadas ha aumentado”.
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El organismo externó su preocupación por las reformas constitucionales aprobadas en septiembre por el Congreso para reforzar el papel del Ejército en las labores policiales y revisar el sistema de justicia que, indicó, podrían “perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho”. Sobre la reforma judicial, recordó que el relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtieron que puede “debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo”.
Calificó el sistema mexicano de justicia criminal como “extremadamente ineficaz, con fiscales que “no investigan o enjuician eficazmente la gran mayoría de los delitos y abusos contra los derechos humanos, incluidos los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y delitos graves como homicidios y desapariciones forzadas”. A manera de ejemplo, expuso que “sólo 16% de las investigaciones penales se resolvieron en 2022”.
La ONG denunció torturas, detenciones arbitrarias y las desapariciones en el país, señalando que hasta septiembre de 2024, más de 115 mil personas estaban consideradas como desaparecidas. “El gobierno ha tardado en aplicar muchas medidas exigidas por la Ley de Desapariciones de 2017, como la creación de la base de datos forense nacional. El expresidente López Obrador afirmó falsamente en repetidas ocasiones que el número oficial de desaparecidos se había exagerado para perjudicarle políticamente”, indicó.
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Denunció también la reforma constitucional que puso fin a la prohibición de que los militares ejercieran funciones no militares en tiempos de paz y que dio a la Secretaría de Defensa el control permanente de la Guardia Nacional. “Los militares han estado implicados en graves abusos contra civiles, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, expresó. Y “las acusaciones contra militares rara vez son investigadas eficazmente por las autoridades civiles”.
Los militares, denunció, “han obstruido las investigaciones y procesos penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluyendo el secuestro y desaparición forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa en 2014”.
Criticó que con López Obrador, “más de 100 tareas del gobierno civil fueron transferidas al Ejército, lo que redujo el acceso a la información sobre el gasto público, ya que el ejército suele negarse a cumplir las normas de transparencia y acceso a la información, alegando motivos de seguridad nacional. López Obrador también emitió órdenes ejecutivas destinadas a eximir al gobierno de cumplir con los requisitos de transparencia en relación con ciertos megaproyectos”. HRW aludió a la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), retomando las advertencias de los relatores especiales de la ONU para la privacidad y la libertad de expresión de que la medida socava gravemente los derechos a la privacidad y al acceso a la información.
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Alertó también sobre la situación de los migrantes, que pueden ser detenidos arbitrariamente o convertirse en “víctimas de grupos criminales y funcionarios mexicanos”. De los periodistas, señaló que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y defensores de derechos humanos”, recordó, y retomó las estadísticas de la organización Artículo 19, según las cuales, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2024 se registraron 3 mil 408 agresiones o amenazas contra periodistas, 46 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos.
“Erosión de los derechos humanos”
A nivel mundial, el informe denuncia la “erosión” de los derechos humanos y las reglas internacionales. “En gran parte del mundo, los gobiernos reprimieron y arrestaron y encarcelaron injustamente a opositores políticos, activistas y periodistas. Tanto grupos armados como fuerzas gubernamentales mataron en forma ilegítima a civiles, obligaron a muchos a abandonar sus hogares y bloquearon el acceso a la ayuda humanitaria. En muchas de las 70 elecciones nacionales que tuvieron lugar en 2024, los líderes autoritarios ganaron terreno empleando su retórica y políticas discriminatorias”, señala el reporte, que alertó del “aumento de la represión” en países como Rusia, India, Venezuela y Nicaragua.
Las guerras y otras crisis humanitarias, marcadas por “la cobarde reticencia de muchos gobiernos” a la hora de combatir las violaciones de derechos, han puesto de manifiesto “la erosión de las normas internacionales para la protección de civiles y el devastador coste humano cuando se pisotean”, señaló HRW.
En su introducción, Tirana Hassan, directora ejecutiva de HRW, dijo que “el racismo, el odio y la discriminación dominaron muchas elecciones en 2024. En Estados Unidos, Donald Trump ganó la presidencia por segunda vez, lo que generó inquietud sobre la posibilidad de que su nueva administración repita e incluso empeore las graves violaciones de derechos registradas en su primer mandato”. Europa tampoco se salva: las elecciones de 2024 al Parlamento Europeo encendieron las alertas sobre el avance significativo de los partidos de extrema derecha.