Bruselas.— En momentos en que la (CPI) enfrenta ataques desde, que ha sancionado a jueces y fiscales tras las investigaciones iniciadas por presuntos en Israel, y acusado al tribunal de ser una “amenaza a la seguridad nacional”, la jueza de la CPI Socorro Flores hace un llamado a México a “defender esta institución” y a seguir “levantando la voz para el respeto de la Corte, su mandato e instituciones”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la primera jueza mexicana en la CPI pide al Congreso mexicano reflejar en sus leyes nacionales el compromiso con el Estatuto de Roma, la instancia global que investiga y procesa a personas acusadas de cometer crímenes de guerra, contra la humanidad y el genocidio cuando los tribunales nacionales no lo hacen. Entre los reclamados por presuntos crímenes de guerra destacan el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Flores defiende la necesidad de un Poder Judicial independiente e imparcial como “fundamental para asegurar una armónica convivencia entre las sociedades” y de tener jueces “de alta calidad moral, porque de esa manera también se asegura la independencia y la legitimidad de la Corte”.

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Vivimos en una época en la que las leyes internacionales parecen irrelevantes y prevalece la ley del más fuerte. ¿Le preocupa?

—Por supuesto que me preocupa; yo creo que para todos es preocupante ver cómo las normas internacionales que tanto esfuerzo ha costado construir estén siendo cuestionadas. Sin embargo, no diría que las leyes internacionales son irrelevantes, creo que hay distintos tipos de leyes internacionales, el mismo derecho internacional distingue entre distintos tipos de normas, desde las imperativas hasta las que son lineamientos, pero no diría que las normas son irrelevantes; al contrario, si muchas de las normas fueran irrelevantes, no estaríamos hablando de ellas en la actualidad. Lo que sí vemos, y creo que esto es algo que observamos día a día, es que el sistema multilateral que se creó después de la Segunda Guerra Mundial está atravesando por una época de crisis y que hay discusiones en curso, cuyo resultado desconocemos.

¿En esas discusiones cuáles son los riesgos que observa?

Estamos en un entorno que se mueve, que es cambiante. Lo importante, en mi opinión, es la preservación del derecho internacional, el preservar el sistema que tenemos, el que está vigente, que es el que nosotros tenemos el deber de aplicar, y para esto necesitamos también el compromiso de todos los actores involucrados de los Estados parte y de la comunidad internacional en general para asegurar que este sistema que hemos construido se siga aplicando, que las instituciones sigan siendo utilizadas, sigan siendo recurridas y que estas sigan cumpliendo con los mandatos que les fueron encomendados.

La CPI enfrenta un entorno hostil y sanciones. ¿Qué impacto están teniendo?

—La Corte está enfrentando ahorita un esquema complejo y ha dicho que las medidas en su contra son un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera sobre reglas muy claras y que están contenidas en el mandato que le confirieron los 125 Estados parte que provienen de todos los rincones del mundo. Está preocupada porque estas sanciones no se dirigen solamente contra individuos concretos, sino también contra todos aquellos que apoyan esta institución y esto también atenta contra los derechos de los millones de víctimas que han experimentado la violencia y que están sufriendo por la violación de todas estas disposiciones.

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¿Cómo podría apoyar México a la Corte en este contexto de adversidad?

—La Corte necesita a personas de todo el mundo y a sus Estados parte para seguir hablando sobre la importancia de defender a esta institución y de mantener el estadio y el Estado de derecho que está claramente fijado en el estatuto ratificado por México en 2005. Tenemos 125 Estados parte, México fue el número 100. Para ratificar el estatuto, México hizo un proceso muy importante a nivel interno para expresar su convicción de convertirse en parte de esta institución. Como un Estado parte, México ha sido un actor activo, ha participado en las asambleas de los Estados parte y ha mencionado su apoyo a esta institución. Si no mal recuerdo, recientemente habló a nombre de un grupo numeroso de países para expresar su apoyo a la corte en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha sido un Estado que siempre contribuye al fortalecimiento del régimen de la Corte. Hay pendientes, sí, sin duda, en el caso de México, uno es la importancia de legislar para lograr la aplicación del estatuto de manera amplia a nivel nacional para que esté reflejado en su legislación. Pero diría que lo importante es que México siga trabajando con otros Estados y levantando la voz para el respeto de la Corte, su mandato e instituciones.

¿Por qué es importante dar este paso legislativo en México?

—Sería un paso más de apoyo a la institución porque todos los Estados, al ratificar el estatuto, se comprometen a colaborar con la Corte y asegurar que en sus legislaciones internas haya los mecanismos que permitan y que faciliten esa colaboración. Yo creo que la adopción de legislación interna es un paso más en apoyo de la institución, pero también una forma de fortalecer y revisar el marco jurídico interno.

El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia nos dejó una gran lección. La justicia llega tarde o temprano. ¿Será el caso para los reclamados por La Haya?

—Los delitos de la competencia de la Corte son tan graves que son imprescriptibles y las órdenes de detención que emite la corte no tienen fecha de caducidad y hay un deber de cumplir con ellas. Yo tengo la esperanza de que efectivamente todas las decisiones que ha emitido la Corte puedan ser implementadas.

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Estamos siendo testigos de cómo algunos gobiernos intentan debilitar el Poder Judicial. ¿Por qué es importante un sistema judicial independiente para el funcionamiento de la democracia?

—En todo el mundo, un sistema judicial independiente e imparcial es fundamental para asegurar una armónica convivencia entre las sociedades. Tiene que haber también no solamente independencia, sino también confianza para que precisamente el poder judicial pueda ejercer su función de dirimir controversias conforme a derecho. Es fundamental para todos y a todos los niveles que haya un poder judicial que sea independiente e imparcial y que aplique el derecho.

En lo que respecta a la selección de jueces, ¿cuál es la norma internacional?

—En el caso de la Corte, los jueces son personas de alto reconocimiento tanto profesional como ético. Hay toda una serie de mecanismos para asegurar que reúnen los requisitos de competencia. Atraviesan por una serie de órganos de evaluación, tanto por parte de la sociedad civil como de órganos especializados que analizan su currículum y su trayectoria. Estos hacen recomendaciones a los Estados parte, que son los que a final de cuentas toman las decisiones. Hay interés de los Estados en nominar jueces que no sólo reúnan los criterios de profesionalismo y experiencia, sino también de alta calidad moral, porque de esa manera también se asegura la independencia y la legitimidad de la Corte.

¿Alta calidad moral y profesionalismo, lineamientos de todo juez en cualquier parte del mundo?

—Yo creo que los principios sobre la independencia de los jueces están bastante ya reflejados en una serie de instrumentos internacionales y, por supuesto que es importante, porque de la independencia, de la imparcialidad también deriva la legitimidad y la aceptación de sus fallos.

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¿Cómo ve el futuro de la Corte Penal Internacional?

—Es una institución joven; recordemos que el estatuto se adoptó en 1998, entró en vigor en 2002 y a lo largo de estos 25 años de operación efectiva ha tenido logros importantes, ha emitido sentencias, 14, tiene detenidos, hay un trabajo constante, tiene situaciones de las que está conociendo, colabora con los estados. Yo creo que la Corte es una institución sólida, por supuesto, depende de la cooperación de los estados. Estamos en un esquema en donde el sistema multilateral está en crisis, pero la Corte tiene un mandato claro, los jueces y todos aquellos que trabajamos para esta institución estamos comprometidos con la responsabilidad que asumimos.

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